Advierten graves consecuencias para pacientes con decreto de nuevo modelo de salud

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Gustavo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (RASA) y vocero de Pacientes Colombia, expresó serias preocupaciones frente al decreto con el que el Gobierno nacional pretende reformar el sistema de salud colombiano.Según Campillo, la implementación del nuevo modelo podría poner en riesgo la continuidad de tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo, debido a los cambios estructurales propuestos.¿Cómo afectaría el nuevo modelo de salud?“El decreto está planteando que los pacientes tienen que adscribirse a los CAPS [Centros de Atención Primaria en Salud]”, explicó Campillo, y señaló que esto obligaría a quienes actualmente se encuentran bajo programas especiales de atención a reiniciar el proceso de afiliación. Además, advirtió que estos centros serán los encargados de remitir a los usuarios a redes que aún no están definidas y que ya no estarán a cargo de las EPS, sino de los entes territoriales. “Esto tiene un riesgo enorme, no solamente en la continuidad de unas patologías que no pueden perder esa continuidad porque ponen en riesgo su integridad física o su vida”, afirmó.Campillo también hizo énfasis en el riesgo de incrementar las inequidades regionales. Según el vocero, el decreto trasladará la responsabilidad de estructurar la red de prestación a las entidades territoriales, lo que podría agravar las diferencias entre zonas con poca infraestructura médica. “No será la misma red la de Cundinamarca, de Bogotá, Antioquia, Medellín, Barranquilla, Atlántico, que la que pueda tener Vaupés o Arauca”, advirtió.Al ser consultado sobre el enfoque del decreto en “rentabilidad social”, Campillo indicó que este concepto no está claramente definido y que, aunque el objetivo podría ser mejorar la equidad, en la práctica no hay capacidad resolutiva suficiente para atender esa promesa. “Sí, yo quisiera tener mayor claridad de qué significa el concepto de beneficio social, porque beneficio social tenemos en el aseguramiento, lo que no tenemos es capacidad resolutiva”, puntualizó.Frente a los planes complementarios o prepagados, Campillo aclaró que estos no se ven afectados directamente por el decreto, ya que son acuerdos voluntarios entre las partes, regulados más por el Código de Comercio que por el sistema general de salud. Sin embargo, recalcó que esto también ahonda las diferencias de acceso entre quienes pueden pagar por servicios privados y quienes dependen del sistema público.Finalmente, cuestionó la falta de rigor técnico en procesos clave como el recálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), donde, según dijo, el Ministerio de Salud propuso que los participantes eligieran por votación una entre cuatro metodologías, sin criterios técnicos definidos. “Si ni siquiera se tiene clara la metodología, ¿a dónde vamos a llegar?”, concluyó Campillo.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: