"Decreto no soluciona la crisis de la salud; es una reforma de facto": exministro Augusto Galán

El pasado jueves, el Gobierno Nacional expidió un decreto que modifica sustancialmente la estructura operativa del sistema de salud colombiano, en lo que muchos consideran una reforma implementada de facto. Ante esta decisión, el exministro de Salud Augusto Galán manifestó en entrevista con Blu Radio que el decreto no sólo no resuelve la crisis actual del sistema, sino que impone cambios estructurales sin el debido respaldo democrático ni técnico.“El decreto no soluciona la profunda crisis que el sistema padece en la actualidad […] se impone como una reforma de facto sin ningún debate democrático”, sentenció Galán, quien además dirige el Observatorio de la Salud.El Gobierno de Gustavo Petro ha defendido esta acción como una forma de avanzar con su propuesta de reforma, luego de que el proyecto original fuera archivado en el Congreso. No obstante, para Galán y otros exministros que firmaron una carta de rechazo, esta vía legislativa representa una violación directa de las competencias del Ejecutivo.Inconstitucionalidad y demandas ante el Consejo de EstadoUno de los puntos más críticos del análisis jurídico que expone Galán es la legalidad del decreto en cuestión. Según el exministro, el gobierno estaría violando leyes estructurales como la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y principios de la Ley Estatutaria de Salud.“La forma como han procedido con ese decreto violenta normas legales […] modifican pilares del sistema que solo pueden ser reformados mediante ley, no por decreto”, explicó.Este análisis ya ha motivado la presentación de al menos dos demandas ante el Consejo de Estado, en las que se cuestiona la legitimidad del modelo propuesto por el gobierno y su impacto sobre los derechos de los ciudadanos.Impactos inmediatos: barreras en el acceso y desfinanciamientoUna de las mayores preocupaciones expuestas por Galán es el impacto directo en los pacientes, quienes ya estarían experimentando barreras significativas para acceder a servicios médicos esenciales.“La incertidumbre se traduce en barreras de acceso, dificultad para conseguir citas, dilación en procedimientos y falta de acceso a medicamentos”, advirtió. Asimismo, reveló que en 2024 el Gobierno Nacional habría desviado 4,2 billones de pesos del presupuesto destinado al aseguramiento hacia la implementación del nuevo modelo, sin evidencia clara de sus resultados. Según Galán, esta política de desfinanciamiento estructural ha sido advertida incluso por la Contraloría General.¿Quién se responsabiliza por el paciente?El nuevo modelo establece la adscripción obligatoria a los Centros de Atención Primaria (CAP), lo cual genera un limbo funcional entre las funciones de las EPS y las nuevas entidades. Esto genera múltiples interrogantes para los usuarios, especialmente sobre la continuidad del tratamiento, la gestión de historias clínicas y la cobertura en movilidad territorial.“Como paciente uno se pregunta: ¿quién va a proteger mi historia clínica? ¿Cómo voy a llegar a niveles de atención más complejos si me muevo de territorio?”, cuestionó el exministro.Galán también señaló que las EPS no pueden ser eliminadas por decreto, ya que su existencia está protegida por ley. No obstante, la coexistencia forzada entre EPS y CAP, según él, deja al usuario en una situación de indefensión institucional.Falta de diálogo con expertos y la sociedad civilUno de los reclamos más reiterados por el grupo de exministros es la ausencia de diálogo real con el Ministerio de Salud y el presidente Gustavo Petro. Según Galán, solo han sido escuchados en una ocasión, gracias a la mediación del exministro Juan Fernando Cristo.“Nunca nos han recibido formalmente. Se oyen nuestras preocupaciones, pero no se escuchan ni se atienden”, afirmó.Esta falta de concertación también ha sido señalada por centros académicos, la sociedad civil y gremios médicos, que ven con preocupación el avance unilateral de una reforma que carece de estudios técnicos que la sustenten y que pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.Contexto: de la Ley 100 al modelo preventivoLa actual estructura del sistema de salud colombiano fue establecida en 1993 mediante la Ley 100, que creó el sistema de seguridad social en salud con base en la figura del aseguramiento. Desde entonces, se ha logrado una cobertura prácticamente universal, especialmente en los sectores más vulnerables, gracias a los subsidios focalizados.“Hoy el 80% de los subsidios se dirigen a los quintiles más pobres de la población. Eso ha sido una conquista enorme en términos de equidad”, recordó Galán. En contraste, el modelo preventivo y predictivo que impulsa el actual gobierno plantea un enfoque territorial, centrado en la atención primaria, pero sin resolver las dificultades de acceso a niveles de mayor complejidad ni garantizar la financiación adecuada para su implementación, según Galán.