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La deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas de Colombia ha experimentado un incremento alarmante de más de 2 billones de pesos, al pasar de 16,8 billones en diciembre de 2023 a 18,9 billones en junio de 2024. Este aumento, que representa un crecimiento del 12 % en solo seis meses, ha generado gran preocupación en el sector salud. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) emitió un informe detallado sobre la situación, instando al gobierno a tomar medidas urgentes ante este creciente problema.
Uno de los hallazgos más significativos del informe es que la mayoría de las deudas corresponden a EPS intervenidas por el gobierno. De acuerdo con el reporte, la Nueva EPS es el principal deudor, con una deuda total de 4,2 billones de pesos, de los cuales 2,2 billones están en mora, es decir, un 53 % de su deuda total. Le siguen otras EPS, como Medimás (en liquidación), EPS Sanitas y Emssanar, con montos importantes de deuda en mora, lo que refleja una situación de desajuste financiero en el sistema de salud.
En este informe también se revela que las EPS del Régimen Contributivo acumulan una deuda de 9,4 billones de pesos, con una morosidad del 53,1 %, mientras que las EPS del Régimen Subsidiado suman una deuda de 4,7 billones de pesos, con una morosidad aún mayor, del 65,1 %. Entre las entidades que lideran la lista se encuentran: Emssanar, Savia Salud, Nueva EPS y Asmet Salud, según los registros de deuda.
Además, la ACHC destaca que 9 EPS que se encuentran bajo medidas de vigilancia especial o en un programa de recuperación tienen una deuda conjunta superior a 8 billones de pesos, representando más del 69 % del total de la deuda de las EPS en operación. De esta cifra, el 76 % corresponde a deuda morosa superior a 60 días.
En el informe también se resalta que la quinta mayor deuda corresponde a la ADRES y al extinto FOSYGA, que tienen una deuda total en mora conjunta de 415 mil millones de pesos, con una morosidad del 69,3 %.
Ante esta crítica situación, la ACHC, encabezada por su director Juan Carlos Giraldo Valencia, solicitó al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, implementar medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema de salud. Una de las propuestas clave es la obligatoriedad de que las EPS utilicen la totalidad de los recursos del Giro Directo para la prestación de servicios, no solo el 80 % mínimo, sino el 100 %, descontando los gastos administrativos.
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“Insistimos en que otras alternativas contenidas en el Plan Extraordinario de Liquidez, que desde hace tiempo viene proponiendo el gremio, como la compra de cartera, las nuevas operaciones de crédito de las líneas existentes en FINDETER, la reorientación de recursos de fuentes como el IVA social y la liberación de reservas técnicas de las EPS en una nueva fase, sean implementadas en el inmediato plazo”, señala el informe presentado.
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