Varias organizaciones médicas y científicas del país enviaron una carta a la presidenta de la Comisión VII Permanente del Senado de la República, Martha Peralta, en la que dan a conocer las preocupaciones que tienen frente al texto que comenzará su tercera discusión en el Congreso.
Estos son algunos de los temas que piden las organizaciones que se revisen y se replanteen en la discusión del Senado de la República.
- En el proyecto de ley no está clara la articulación entre el primer nivel de atención (CAPS) y los niveles de mediana y alta complejidad, lo cual no facilita la conformación de las redes integrales e integradas de servicios de salud (RIISS).
- Tampoco es claro cómo la adscripción a un CAPS (asignar a una persona a los servicios de los CAPS) reemplaza la afiliación a una Gestora de Salud y Vida, dado que la afiliación es el mecanismo de protección que da el aseguramiento al designar la entidad responsable de la gestión del riesgo en salud para garantizar este derecho fundamental para todos los residentes en el país.
- Derecho a la salud que en Colombia, según la Corte Constitucional (Sentencia T-760/2008), es considerado un derecho fundamental autónomo y con oportunidad de ser tutelable, lo cual se debe preservar.
- Observamos que las diversas instancias de coordinación de las RIISS tienen funciones similares y sobrepuestas con Gestoras, CAPS, entidades territoriales y los consejos nacional y territoriales de salud.
Se debe dar a conocer el costo de la reforma y el aval del Ministerio de Hacienda (MHCP). “En nuestra opinión los supuestos utilizados por el MHCP en el estudio de factibilidad no se alinean con la evidencia científica que demuestra que el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías y medicamentos, la presión en la innovación y otros factores, determinan siempre un gasto en salud al alza”, se lee en la carta enviada por las asociaciones.
Sobre esto último las organizaciones pidieron que se deben señalar claramente en el articulado “las fuentes, destinos, suficiencia y usos de los recursos financieros, así como la apropiación presupuestal cada año para la reforma y la definición de la UPC mediante estudios técnicos independientes”.
- Es pertinente aclarar y definir con precisión las funciones de las Gestoras de Salud y Vida que en el texto aún se sobreponen con las de entes territoriales, ADRES y RIISS.
- Adicionalmente, la definición del 5 % del valor de la UPC por concepto de gasto administrativo, más un 3 % variable por resultados, se establece sin que se conozcan los estudios técnicos que la soportan.
- Es indispensable precisar en quién recae la responsabilidad de la gestión del riesgo en salud, así como la gestión operativa (administrativa).
- La dignificación del talento humano en salud (THS), aunque se reconoce y señala en el texto, requiere de una política pública de THS y de un régimen laboral especial que no se evidencian en el articulado y no cuenta con recursos ciertos para ser garantizada en el sector público, específicamente para la incorporación a las plantas de personal de quienes actualmente se encuentran contratados por OPS, de igual manera se debe unificar metodología para este cálculo.
- Asimismo, debe contemplarse la obligatoriedad de garantizar condiciones laborales dignas para el personal que trabaja en el sector privado que constituye más del 80 % en el país.
- El proyecto de ley debe contemplar el aumento en la formación y actualización del personal de salud, así como el número de plazas disponibles para superar el déficit actual de médicos, particularmente de especialistas, enfermeras y otros profesionales de salud; apoyados con tecnología, medicamentos e insumos, acorde con el desarrollo de las redes y las necesidades de la comunidad.
Las asociaciones le pidieron al Gobierno que por la sensibilidad que tiene la aprobación de la reforma a la salud, se debe conformar el Consejo Nacional de Salud “en el que se garantice la presencia de la Academia Nacional de Medicina como órgano consultor del Gobierno nacional, así como la de los profesionales de la salud definidos a través de sus organizaciones representativas de carácter nacional de manera rotativa y concertada, y que las decisiones de dicho Consejo sean vinculantes”, se lee en la carta enviada a Peralta tan solo unos días antes del comienzo del debate de la reforma a la salud.
También la misiva detalla que se está generando una polarización preocupante frente a este tema que “está generando una crisis sin precedentes con consecuencias para los pacientes y usuarios del sistema. El sistema y la reforma requieren participación proactiva de todos los sectores para lograr el mejor sistema de salud posible”, concluye la carta.
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