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Eva Katherine Carrascal Cantillo, exfuncionaria de la Superintendencia Nacional de Salud, aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho impropio luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara pruebas en su contra. El caso se relaciona con el pago de dinero por parte de Asmet Salud EPS a cambio de gestiones favorables en un proceso administrativo.
Una juez de conocimiento avaló el preacuerdo alcanzado entre las partes y condenó a Carrascal a una pena de 38 meses y 12 días de prisión domiciliaria, debido a su condición de madre cabeza de familia. También le impuso una multa equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2018 y la inhabilitó para ejercer cargos y derechos públicos durante 80 meses.
Según la Fiscalía, la entonces delegada para la Supervisión Institucional se reunió en 2017 con Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de Asmet Salud EPS, y se comprometió a facilitar la formulación y aprobación de un plan de mejoramiento financiero y administrativo, a cambio de 300 millones de pesos. Los pagos fueron realizados en dos entregas: 50 millones en diciembre de 2017 y 250 millones en enero de 2018.
La investigación demostró que Carrascal asesoró a la EPS en la preparación del plan, solicitó ajustes y gestionó ante la Superintendencia los documentos necesarios para que la entidad renovara su licencia de funcionamiento, pese a su situación crítica en aspectos financieros, administrativos y de atención a usuarios.
En cumplimiento del preacuerdo, Carrascal deberá devolver el total del dinero recibido en un plazo de seis meses. Hasta el momento, ha reintegrado una parte.
Carrascal Cantillo ya había sido condenada en mayo de 2022 a seis años y ocho meses de prisión por recibir 700 millones de pesos en otros casos relacionados con el favorecimiento de EPS, IPS y cajas de compensación familiar.
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