La situación del sistema de salud en Colombia sigue generando preocupación entre pacientes, gremios y expertos. En los últimos días, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que reconoce a los usuarios como víctimas por la vulneración de su derecho fundamental a la salud. Entre los problemas más repetidos se encuentran la falta de entrega de medicamentos, demoras en la atención y dificultades para acceder a tratamientos prioritarios.
Desde la industria farmacéutica, el llamado también es urgente. Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, advirtió que la crisis actual no puede esperar a los tiempos de una reforma estructural. Señaló que se requieren decisiones rápidas desde el Gobierno nacional, especialmente en la definición del valor de la UPC para 2026 y en el fortalecimiento del flujo de recursos, de manera que los pacientes no sigan viendo afectada su atención.
Por su parte, los pacientes de alto costo insistieron en que llevan años alertando sobre el deterioro progresivo del sistema. Néstor Álvarez, su representante, afirmó que la Defensoría está evidenciando una realidad que se ha convertido en una crisis humanitaria para quienes dependen de tratamientos permanentes y medicamentos de uso continuo.
“Aquí hay una responsabilidad del Estado colombiano y, a diferencia de cualquier gobierno, es que ya la salud como derecho fundamental genera víctimas, y el Estado tendrá que tomar una corrección política y el rumbo del sistema colombiano para generar el menor número de víctimas.” Afirmó Álvarez
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió al informe y aseguró que la salida está en la aprobación de la reforma a la salud. Sin embargo, los demás sectores consideran que las transformaciones de fondo no pueden ser la única medida, pues la situación ya está afectando la vida diaria de los pacientes.
En este escenario, el llamado más reciente vino desde el sector empresarial. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, advirtió que, de no tomarse acciones inmediatas, Colombia podría enfrentar un escenario crítico en el corto plazo. Señaló que la falta de decisiones para garantizar liquidez está limitando el acceso a tratamientos y servicios esenciales, y recordó que el gasto de bolsillo de los colombianos pasó del 14 % al 17 %, aumentando la presión sobre las familias. Según dijo, si se llega al 20 %, se configuraría un signo internacional de crisis, razón por la que insistió en soluciones rápidas y consensuadas.
“Hoy ya estamos viendo que el gasto de bolsillo pasó de ser el 14% al 17% (…) El llamado es de urgencia a establecer soluciones que den voluntad de solucionar, se requiere de soluciones inmediatas y rápidas”. Señaló Lacouture
En conclusión, aunque existen distintas visiones sobre la reforma, todos los sectores coinciden en un punto que es que el Estado debe actuar ya para evitar que la crisis en la salud siga profundizándose y poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de colombianos.
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