En la Universidad Nacional de Colombia se están realizando cobros por matrículas correspondientes a periodos anteriores a estudiantes activos y egresados que no fueron incluidos en la política de gratuidad del Gobierno nacional.
Los afectados han recibido notificaciones con un plazo máximo de cinco días hábiles para ponerse al día con los pagos.
Recordemos que desde 2023, tanto las directivas universitarias como el estudiantado conocen el programa “Puedo Estudiar”, enmarcado en la Política de Gratuidad en la Matrícula para instituciones de educación superior oficiales, establecido en la Ley 2307 de 2023, el Decreto 2271 de 2023 y su reglamento operativo.
Según información entregada por representantes estudiantiles a Blu Radio, la situación se originó por una falta de notificación oportuna del Ministerio de Educación a las universidades sobre los estudiantes beneficiarios de la política.
Esto provocó un retraso en la gestión de la información, derivando en cobros retroactivos hasta dos años después de cursados los respectivos semestres.
Los voceros estudiantiles indican que entre 500 y 700 personas se encuentran en esta situación, incluyendo estudiantes activos y egresados.
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En algunos casos, las deudas oscilan entre $2.000.000 y $2.500.000. La Universidad ha comenzado a notificar sobre obligaciones pendientes incluso desde 2023.
Juan Mora, uno de los representantes, explicó que para muchos estudiantes resulta difícil cubrir estos valores en tan poco tiempo, especialmente en los casos de quienes ya no tienen vínculo activo con la institución.
Además, se ha señalado la necesidad de que el Ministerio de Educación asuma parte de la responsabilidad ante el retraso en la entrega de información.
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Como alternativas, se han planteado medidas como ampliar los plazos de pago, implementar un plan de pagos o, en el caso de egresados, considerar la prescripción de la deuda. Estas propuestas serán discutidas en el próximo Consejo Superior Universitario.
¿Qué dice el Ministerio de Educación?
Blu Radio consultó al Ministerio de Educación, que respondió mediante un comunicado afirmando que la política de gratuidad está publicada en su sitio web desde su implementación.
El comunicado señala que los directivos universitarios y los estudiantes han tenido acceso a esta información desde entonces, lo que les permite determinar si cumplen o no con los requisitos para ser beneficiarios.
“Esta normatividad, definida desde el año 2023 con la reglamentación de la política, se encuentra publicada desde entonces en la página del Ministerio de Educación (…) Es decir, que desde aquel momento tanto los directivos de las universidades como sus estudiantes la conocen y pueden determinar si son o no beneficiarios de la política. En general, para ser beneficiario y en desarrollo con la ley”, señala la respuesta que entregaron a este medio.
El Ministerio precisó que solo 702 estudiantes de la Universidad Nacional, equivalentes al 1,5 % del total de la población estudiantil, no cumplen los requisitos establecidos en la ley. Esta población corresponde a estudiantes que no pertenecen a grupos de protección especial, no están registrados en el SISBEN IV o no se encuentran en los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.
Actualmente, los estudiantes afectados han sostenido reuniones para encontrar soluciones, especialmente en el caso de los egresados y quienes enfrentan restricciones por el cobro.
La Universidad había establecido inicialmente como fecha límite el 13 de junio de 2025; sin embargo, tras diálogos con los estudiantes, esta se extendió hasta el 11 de julio del mismo año. No obstante, si los estudiantes no pagan esta deuda, no podrán estudiar el próximo semestre.
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A pesar de la prórroga, muchos estudiantes consideran insuficiente el plazo, ya que implica reunir en un mes montos acumulados desde hace más de dos años, sobre los cuales no habían sido notificados previamente.
¿Qué respondió la Universidad Nacional?
En entrevista con Blu Radio, el vicerrector académico de la institución, José Daniel Muñoz, explicó que esta situación no representa un impedimento para que los estudiantes continúen con su formación.
Los estudiantes se pueden matricular en el periodo siguiente sin problemas, eso se hace con una excepción a la norma, y las deudas continúan pendientes de pago hasta tanto no se efectúen los acuerdos
Muñoz también enfatizó que, incluso con deudas, los estudiantes pueden graduarse, amparados por la Ley 1650 de 2013 que prohíbe la retención de títulos por razones económicas. Según indicó, la situación es recurrente en la universidad y habitualmente se maneja mediante acuerdos personalizados con los estudiantes. No obstante, en esta ocasión, la comunicación fue masiva y sin acuerdos previos, lo que generó el malestar.
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“La norma dice que deben estar al día, pero cada semestre tramitamos excepciones. Sin embargo, esta vez la sede Bogotá optó por aplicar la norma de forma estricta sin abrir previamente el diálogo habitual”, agregó.
Por último, Muñoz indicó que habitualmente la Universidad Nacional no informa las deudas por correo electrónico, sino que usa su Sistema de Información Académica (SIA). Cada semestre, el sistema registra y muestra si el estudiante tiene pagos pendientes o no. Es decir, la información sobre deudas ya estaba disponible desde antes, pero dependía de que el estudiante la revisara por su cuenta en el sistema.
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