Icetex vuelve a advertir riesgos fiscales y jurídicos en proyecto que busca reformar la entidad
El Icetex reiteró su disposición a las transformaciones institucionales, pero señaló que la iniciativa en trámite en el Senado pondría en riesgo la sostenibilidad de los programas.
El Icetex se pronunció sobre el Proyecto de Ley 587 de 2025, que propone una reforma integral a la entidad, y advirtió que, según el concepto técnico y fiscal emitido por el Ministerio de Hacienda, la propuesta no es viable desde el punto de vista fiscal ni jurídico.
De acuerdo con el comunicado, el proyecto representa un impacto fiscal no financiado, al ordenar nuevos gastos como subsidios, condonaciones y una estructura presupuestal distinta sin definir fuentes de recursos ni contar con aval del Ministerio de Hacienda. Esto, según el Icetex, contraviene la Ley 819 de 2003 y generaría presiones de varios billones de pesos sobre el Presupuesto General de la Nación.
La entidad también señaló que la iniciativa desconoce su naturaleza como institución financiera de carácter especial, establecida en la Ley 1002 de 2005, al pretender convertirla en un establecimiento público. Este cambio, advierte, afectaría su autonomía, capacidad crediticia y acceso a los mercados de capital.
Icetex
Foto: portal.icetex.gov.co
Entre los aspectos financieros, el Icetex destaca que la imposición de topes a las tasas de interés, la prohibición de capitalizar intereses y los límites al endeudamiento afectarían el modelo de crédito, generando pérdidas progresivas en los fondos que sustentan los préstamos estudiantiles.
El comunicado también menciona que el esquema de Pago Contingente al Ingreso (PCI), propuesto en la reforma, no cuenta con una estructura operativa ni con una fuente clara de financiación. Aunque la entidad ha avanzado en la implementación de este modelo desde 2022, considera que la propuesta legislativa carece de los elementos necesarios para garantizar su sostenibilidad.
El Icetex advirtió además que el proyecto se está tramitando en una comisión del Senado que no sería la competente, al modificar aspectos financieros y presupuestales que corresponden a otras instancias legislativas.
Finalmente, la entidad resaltó que, sin los soportes técnicos y fiscales adecuados, la reforma pondría en riesgo la continuidad de los programas que hoy respaldan a 887.393 beneficiarios, entre ellos estudiantes de comunidades negras, pueblos indígenas, población víctima y colombianos que cursan estudios en el exterior.
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