¿Qué cambia con la reforma a la Ley 30? Nuevo índice de financiación, según minEducación

El ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la aprobación en el Congreso de la República de una reforma estructural a la Ley 30, con la que se busca aumentar de manera significativa los recursos destinados a las universidades públicas del país, en medio de un escenario marcado por recortes presupuestales derivados del déficit fiscal nacional.La iniciativa, que llevaba varios años en discusión, fue calificada por el Gobierno como un “triunfo del movimiento estudiantil”, al atender una de las principales demandas históricas del sector educativo: corregir el esquema de financiación de la educación superior pública.El núcleo de la reforma se centra en la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, relacionados con la financiación del sistema universitario estatal. Según explicó el ministro Rojas, el objetivo es corregir un modelo que durante décadas profundizó la desfinanciación de las instituciones.“Lo que se aprobó es reformar la Ley 30 en sus artículos 86 y 87, que tienen que ver con la financiación. Recuerden que la Ley 30, tal y como se aprobó hace aproximadamente 40 años, indicaba que año tras año el presupuesto de las universidades públicas debería crecer conforme al IPC. Pero la canasta educativa es mucho más cara que esa canasta de bienes y servicios que conforman el IPC. Eso ha redundado en una desfinanciación que el SUE calcula supera los 20 billones de pesos. Ahora con la reforma se elimina el IPC como referencia y se actualiza con un índice que es muchísimo más cercano a lo que cuesta la educación superior, que es el ICES, Índice de Costos de la Educación Superior.”Déficit histórico y proceso de reglamentaciónEl déficit acumulado del sistema universitario público supera los 20 billones de pesos, una cifra que el propio ministro comparó con el costo de casi dos reformas tributarias. Aunque la ley contempla un plazo de seis meses para su reglamentación y su aplicación plena comenzaría en la vigencia de 2026, el Gobierno asegura que ya se han dado pasos para enfrentar la crisis financiera del sector.“Las universidades vienen de una crisis estructural de 40 años y un déficit que supera los 20 billones de pesos. O sea, lo que le han hecho a las universidades públicas es dramático y lo que hemos hecho en tres años nosotros ha sido heroico porque estamos cerrando un déficit de 40 años". La reforma también amplía la cobertura del esquema de financiación. Con la nueva ley, 32 instituciones técnicas y tecnológicas serán incorporadas al Presupuesto General de la Nación, lo que permitirá cubrir en total a las 64 instituciones de educación superior públicas del país. Adicionalmente, se habilitan recursos específicos para la creación y fortalecimiento de nuevas sedes universitarias.El ministro Rojas también resaltó el aumento en los recursos destinados a los niveles de preescolar, básica y media, con énfasis en la primera infancia, como parte de una estrategia para fortalecer la trayectoria educativa desde las etapas iniciales.“Por eso aumentamos el presupuesto de 1,7 billones a 2,1 billones de pesos para la preescolar básica y la media, la preescolar que es la primera infancia básica y la media. Y creamos el programa CIMES, que es precisamente garantizar la trayectoria completa", indicó.