En 2019, Aida Merlano Rebolledo ocupó los primeros titulares tras fugarse de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Hoy, 7 años después, el Ministerio Público está confirmando en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor.La Procuraduría pudo comprobar que Diana Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec.La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año.Pero además la Procuraduría suspendió por tres meses al exdragoneante, Luis Ballesteros, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.En su decisión, la Procuraduría concluyó que los funcionarios disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública.Ahora, en materia penal, la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos que estarían relacionados con ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano, condenada por el escándalo de compra de votos en la costa Caribe.Durante la audiencia de acusación, el fiscal del caso precisó los roles que le atribuye a cada uno de los procesados: “Julio Eduardo Gerlein, identificado ya su señoría como presunto determinador del delito de soborno en la actuación penal; al doctor Teodoro Antonio Deyongh, identificado ya con la cédula antes referida, como presunto autor del delito de soborno en la actuación penal; al Dr. Diego Luis Muñetón como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor del delito de soborno en la actuación penal”.Según la investigación, los hechos habrían ocurrido cuando Aida Merlano se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, los hoy acusados habrían intentado comprar su silencio mientras ella entregaba información a la Corte Suprema de Justicia sobre hechos de corrupción electoral en el Atlántico.En los registros expuestos por la Fiscalía, se indicó que el abogado Diego Muñetón ingresó en tres ocasiones al centro penitenciario para visitar a Merlano. En audiencia, el fiscal aseguró: “Usted le señaló a la señora Aida Merlano que iba como emisario del señor Alejandro Char, quien presuntamente le entregó una carta. En esta visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados. Este es el primer ofrecimiento dinerario que se ejecuta por parte suya, doctor Muñetón, el día 28 de septiembre del año 2018, según la presunta víctima dentro de las presentes diligencias”.La Fiscalía agregó que, “posterior a esta visita, cuando se acercaban las citaciones a diligencias de declaración jurada de la señora Aida Merlano Rebolledo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que se adelantaba en contra del señor Arturo Char, volvió usted, el doctor Muñetón, a visitarla, específicamente el 9 de agosto del año 2019, nuevamente en el establecimiento carcelario”.El ente acusador también señaló que el abogado Teodoro Deyongh realizó dos visitas a la excongresista en El Buen Pastor, presuntamente para ofrecerle dinero con el fin de que no mencionara a la familia Gerlein en sus declaraciones judiciales.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
El rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y el papá de su hijo, Juan David Tejada, le colmó a su mamá, Aida Merlano, la paciencia y a través de redes sociales se pronunció sobre esta ola de odio que han recibido ambos por esta ruptura, además de los comentarios que han recibido de parte y parte.“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, dijo.Aseguró que evitó hablar sobre el tema porque era “un tema privado”, pero al ver que todo escaló y se volvió en un chisme público decidió hacer un llamado al respeto y prudencia, al igual que un llamado tanto a su hija como a su expareja a que “dejen de atacarse el uno al otro”.“Tanto Aida Victoria como Juan David son responsable de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que mereces crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”, puntualizó.Pidió a influencers y personas en redes sociales que tengan respeto con el niño en esta situación, al igual que detengan los señalamientos y ataques en donde se pone en vilo la reputación de su familia y confesó que llegaron a ser víctimas de presiones y miedos, las cuales serán puestas en las manos de las autoridades.Por último, detalló que "falta madurez", pues esta se encuentra cuando se hacen acciones que construyan paz, no peleas ni comentarios en redes sociales.“Por el bien del niño, haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Porque la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyan paz”, finalizó.
Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto, en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.Todo esto, tras la cinematográfica fuga que protagonizó Merlano en octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá y saltara desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez y, entre lágrimas, aseguró que en la guarnición militar donde está recluida actualmente siente más tranquilidad y que no se arrepiente de haberse fugado, pero sí de los delitos que la llevaron a estar presa la primera vez."Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme y quiero decirle por mi propia voluntad que yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez", añadió la excongresista.Para la Procuraduría, el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Aida Merlano se ajusta a la legalidad, entre tanto, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se imparte legalidad al preacuerdo.La Fiscalía llamó a juicio a Merlano Rebolledo hace ya casi 2 años.Según el documento del ente acusador, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron su fuga.
Siete días después de que el conocido empresario de la construcción Julio Gerlein fuera imputado por la Fiscalía por presuntamente haber entregado sobornos a Aida Merlano para que no declarara contra él en el conocido caso de la 'Casa blanca', el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó en segunda instancia la preclusión del proceso por compra de votos y violación de topes electorales. Se trata de un fallo proferido el pasado 29 de julio por el magistrado Demóstenes Camargo, en respuesta a la apelación realizada en octubre pasado por la Fiscalía al fallo de primera instancia que, además, absolvió a Gerlein por el delito de concierto para delinquir. De acuerdo con la información que conoció Blu Radio, la respuesta del Tribunal se dio nueve meses después de que fuese asignado al magistrado Camargo, quien respaldó precluir el proceso, debido a que había prescrito por el tiempo que había transcurrido entre las diligencias judiciales, a partir del momento de la imputación. "Como se puede observar, las penas máximas de los dos delitos examinados, no tiene una pena superior a 8 años, es decir que la mitad de dichas cifras, corresponden a 4 años, contando desde la fecha en que se celebró la diligencia de formulación de imputación, que se hizo el día 1 de noviembre de 2018, hasta la fecha, en que se hizo el sentido del fallo, y hasta este día en que se profiere la sentencia de fondo, han trascurridos 5 años y 10 meses, por lo tanto, las acciones penales, por estas dos conductas punibles, se encuentran vencidas por prescripción", indica la solicitud presentada por la defensa en el fallo de primera instancia. Por lo pronto, se espera respuesta de las partes que están involucradas en el proceso, sobre si habrá una apelación ante la Corte Suprema de Justicia o si las acciones cesarán en esta segunda instancia ante el Tribunal Superior de Barranquilla. Mientras tanto, el proceso contra Gerlein por presunto soborno a Merlano seguirá avanzando.
Julio Gerlein regresó a los estrados judiciales el pasado 22 de julio para atender la imputación de cargos a la que la Fiscalía lo citó para reanudar el proceso por supuesto soborno en actuación penal, por la presunta entrega de dinero a la excongresista Aida Merlano realizadas entre 2018 y 2019 para que no declarara en su contra por el proceso de compra de votos que le adelantaba la justicia. Pese a que la Fiscalía había indicado que la imputación sería en octubre de 2023, esta se vio postergada durante casi dos años, hasta que finalmente se realizó la diligencia en los centros judiciales de Paloquemao, Bogotá. Como parte de proceso, también fueron imputados los abogados del conocido empresario, Diego Muñetón y Teodoro Deyongh, quienes supuestamente se habrían encargado de realizar las visitas a Merlano en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, para presuntamente ofrecerle el dinero y acordar que no declarara contra Gerlein. En medio de la audiencia, Blu Radio conoció que ninguno de los tres aceptó cargos, por lo que se espera que el proceso avance hacia audiencias preparatorias de juicio. Gerlein, además, fue absuelto en 2024 por el delito de concierto para delinquir y le declararon preclusión por los delitos de corrupción al sufragante e interviniente de violación a los topes o límites electorales, debido a que habían prescrito los tiempos en el proceso.Precisamente, por estos último delitos es que supuestamente la excongresista Merlano habría sido sobornada para que cambiara su versión durante el juicio que le adelantaban por compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.
Por octava ocasión fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Julio Gerlein y los abogados Diego Muñeton y Antonio Deyongh por supuesto soborno en la fuga de la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019. De acuerdo con información entregada por el juzgado 36 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, el fiscal del caso solicitó el aplazamiento debido a que tenía en curso otra diligencia que le impedía atender esta. "El fiscal 104 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Dr. Daniel Ricardo Hernández Martínez manifiesta que retira la misma como quiera que se encuentra asistiendo a diligencia ante otro Estrado Judicial", indica el documento. Este caso, se remonta al agosto de 2023, cuando la Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos, tras la denuncia presentada por Miguel Ángel del Río, quien funge como abogado defensor de Aida Merlano, por presuntos ofrecimientos económicos por parte de Gerlein, Muñeton y Deyongh, a la excongresista, para que no entregara información una vez hablara ante la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces han sido programadas en ocho ocasiones las audiencias, pero estas han sido aplazadas por diferentes solicitudes de la Fiscalía. Para el caso de la más reciente, aún no ha sido entregada una fecha tentativa para la nueva audiencia. Del caso se conoce que Gerlein y Deyonhg serían imputados por soborno en actuación penal. Entre tanto, para el caso del abogado Muñeton, este sería por el mismo delito y también como determinador de falso testimonio.
Luego de la cinematográfica fuga de la excongresista Aida Merlano de un consultorio médico en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 8 años cuatro funcionarios del Inpec.La medida cobija a la exsubdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Katherine Lozano Forero y al entonces comandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas; a la teniente en prisiones, Diana Cecilia Muñoz Miguez; y al dragoneante, Luis Alejandro Ballesteros Rincón, con suspensión de 3 meses.La procuraduría estableció que la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, mientras se desempeñaba como directora encargada, “aprobó los documentos judiciales para el traslado de la condenada a un consultorio médico en las fechas de 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019".Así mismo, determinó que el comandante de custodia David Álvarez, mientras se encontraba en su periodo de vacaciones, suscribió la remisión médica de la excongresista, quien estaba privada de la libertad, al centro odontológico “Clínica de la Sabana” en Bogotá; “sin las medidas de seguridad necesarias para realizar los respectivos movimientos”.La procuraduría también confirmó que la teniente, Diana Celicia Muñoz, entregó las boletas y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano para que asistiera a un procedimiento estético dental.Asimismo, el organismo de control ratificó que el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón permitió que la Aida Merlano tuviera "una interacción" con sus hijos Aida Victoria y Esteban, mientras permanencia en el centro médico, lo que lo posteriormente levo a que la excongresista huyera del lugar.Para la Procuraduría los funcionarios del Inpec, vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia para el cumplimiento de sus deberes.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a la excongresista Aída Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes y límites de gastos en las campañas electorales.La sanción, dictada inicialmente por la Sala Especial de Primera Instancia de este alto tribunal en noviembre de 2022, establece una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas y el pago de una multa de $3.430.048.837.El fallo está vinculado con los hechos de las elecciones legislativas de marzo de 2018, cuando un operativo de las autoridades halló documentos y cheques en la sede de campaña de Merlano, que evidenciaban un flujo irregular de fondos provenientes de terceros.La Corte Suprema de Justicia, concluye que estos recursos financiaron su candidatura al Senado, en clara violación de las normas de financiamiento electoral.La Sala Penal desestimó los argumentos de la defensa, señalando que la evidencia recopilada demostraba el uso de recursos económicos no reportados, provenientes de operaciones irregulares ejecutadas por los hermanos Gerlein Echeverría.El objetivo de estas acciones era, según el tribunal, “controlar los resultados electorales” en beneficio de Merlano Rebolledo y su lista.“Con estas actuaciones, la procesada rompió con los topes de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral, propiciando una alteración de los principios de igualdad y pluralismo político constitucionalmente tutelados”, señala el documento.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
