En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, compartió detalles íntimos sobre su fallido proceso de maternidad junto a su esposa, Angélica Lozano. López confesó que la presión política y un fuerte escándalo mediático en 2021 coincidieron con la pérdida de su bebé, un suceso que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.El intento más cercano de la pareja por ser madres ocurrió en enero de 2021. Tras varios procesos, Lozano quedó embarazada. Sin embargo, la noticia coincidió con un polémico viaje de vacaciones de López que desató críticas nacionales. "Fue tal el escándalo y tal la presión que Angélica terminó perdiendo el bebé", relató López, subrayando que el dolor fue tan profundo que afectó su capacidad para liderar la ciudad y vivir el duelo simultáneamente.La exmandataria recordó con amargura el tratamiento de ciertos sectores de la prensa durante ese periodo. "Yo en la mitad de ese duelo de haber perdido mi bebé, y ellos regodeándose con el tema, era una cosa miserable", afirmó al referirse a las portadas y cuestionamientos que recibió mientras atravesaba la pérdida familiar.¿Por qué Claudia López renunció a ser madre?Tras el traumático episodio, López decidió no retomar los intentos de fertilidad. La razón principal fue la imposibilidad de equilibrar su rol como "alcaldesa cuidadora" de ocho millones de personas con la carga emocional de un nuevo proceso. "No soy capaz de ser tu esposa, estar tranquila, cuidar a la ciudad y ser una buena alcaldesa", le expresó en su momento a Lozano.Al finalizar su mandato en la Alcaldía, la pareja evaluó retomar el proyecto, pero decidieron desistir definitivamente. López, de 56 años, explicó que la edad fue un factor determinante, considerando que sería injusto para el menor tener madres tan mayores durante su adolescencia. "Mi sueño en la vida siempre ha sido tener una Angélica chiquita, pero no... en otra vida", concluyó la dirigente política.
En diálogo con Mañanas Blu, la senadora Angélica Lozano abordó los retos, críticas y la génesis de la nueva normativa que regula las encuestas de opinión política y electoral en Colombia. La legisladora enfatizó que el objetivo primordial es garantizar la calidad de la información que recibe el ciudadano, dado el alto impacto que estas mediciones tienen en la psicología del elector. Justicia con la autoría y el origen legislativoLa senadora aclaró la controversia sobre quién ideó esta regulación, otorgando el crédito total al exsenador Rodrigo Lara. "El autor original, el que investigó y escribió el proyecto es Rodrigo Lara", afirmó Lozano, explicando que, al no estar él en el actual Congreso, retomaron su texto con su consentimiento. "Mal haríamos en apropiarnos de un trabajo intelectual y legislativo ajeno", añadió, celebrando que tras cinco años de intentos, la iniciativa sea hoy una realidad vigente.Un cuerpo de expertos para auditar la opiniónLozano explicó que, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido la autoridad de encuestas por 30 años, carecía de dientes técnicos. La nueva ley soluciona esto dotando al CNE de un cuerpo de cinco expertos en estadística. Anteriormente, el consejo estaba compuesto solo por abogados que, según la senadora, simplemente "chuleaban" los informes sin un análisis profundo."Esos señores y señoras... su función es hacer la auditoría de cada encuesta nacional", detalló Lozano, subrayando que estos expertos verifican estándares técnicos mínimos para asegurar que, si se afirma que "Colombia piensa algo", la muestra realmente represente al país y no solo a un sector.Uno de los puntos más polémicos ha sido la obligatoriedad de hacer públicos los microdatos. Lozano defendió este cambio como una medida esencial de transparencia. Según la senadora, antes las firmas entregaban solo presentaciones visuales: "Mandaban un PowerPoint, una presentación, unas barritas, unos números con color... Los microdatos es que tienen que mandar el soporte, el Excel y tienen que ser públicos".Esta apertura permite que expertos independientes y ciudadanos capacitados verifiquen si los resultados presentados coinciden con los datos recolectados. "Aquí no están en venta peluches, aquí las encuestas de opinión pública y electoral moldean e influyen la opinión de la gente", sentenció Lozano, justificando que la transparencia no debería "mortificar" a las encuestadoras.Escuche aquí la entrevista:
La senadora Angélica Lozano se refirió al reciente decreto presidencial que elimina la prima especial de servicios de los congresistas —una bonificación cercana a los 17 millones de pesos mensuales— asegurando que “el decreto es un camino que nunca se había previsto”. La congresista recordó que durante la última década se presentaron 18 proyectos en el Congreso con este mismo propósito: “Doce de reforma constitucional y seis de proyecto de ley. De modo que el decreto sí es algo novedoso”, declaró en entrevista con Mañanas Blu.La medida, firmada por el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Función Pública, entraría en vigor el próximo 20 de julio, afectando a quienes resulten electos en los comicios legislativos del 8 de marzo. Lozano celebró la decisión, aunque destacó que el proceso elegido por el Ejecutivo rompe con la tradición institucional: “Personalmente acompaño la decisión, pero sin duda el camino blindado es el de la ley o la reforma constitucional. Este abre una astilla que nunca se habló”.Una lucha de una década por reducir privilegiosLozano, quien ha liderado desde su llegada al Congreso la lucha por reducir los altos salarios de los legisladores, recordó los repetidos intentos frustrados por vía parlamentaria y ciudadana. “En el Congreso, diez años de intentos. El Senado aprobó la eliminación de la prima hace año y medio, pero la Cámara lo hundió al final del trámite”, relató.La senadora también evocó la fallida consulta anticorrupción de 2018, que obtuvo más de 11 millones de votos. “Fue un logro colectivo por encima de todas las diferencias. Logramos el 32% de participación, faltando apenas un punto para hacerla vinculante”, señaló. Para ella, la eliminación de la prima recoge ese mandato ciudadano de austeridad: “Celebro el gesto del Gobierno porque recoge ese mandato que nos unificó por encima de las diferencias”.Riesgos jurídicos y controversia institucionalAunque Lozano destacó el contenido del decreto, alertó sobre su fragilidad legal y los posibles efectos colaterales. “Un decreto es más frágil; es de un gobierno. Y al ser así, deja la puerta abierta a demandas”, advirtió, señalando que la medida podría afectar hasta a 2.500 altos funcionarios cuyos salarios están vinculados al de los congresistas. “País de abogados que somos, habrá controversia jurídica y serán los jueces los que definan”, anticipó.El decreto podría entrar en conflicto con la Ley Cuarta de 1992 y el artículo 187 de la Constitución, disposiciones que establecen el sistema de remuneración para congresistas, magistrados y demás altos dignatarios. “Por eso sorprende el decreto, porque nunca se habló de hacerlo vía ejecutiva”, puntualizó la senadora.Debate político y suspicacias electoralesEl anuncio del decreto coincide con el arranque del periodo electoral, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre sus posibles fines políticos. Lozano misma expresó su sorpresa ante la oportunidad del anuncio: “La sorpresa la guardó para esta época de campaña, donde igualmente es válido, pero no deja de llamar la atención”.En sus declaraciones, la congresista ironizó sobre la coincidencia entre la rebaja de la gasolina y el decreto durante la campaña: “La gasolina subió 8 mil pesos y ahora, mágicamente, en elecciones va a bajar 300. Una coincidencia, bueno para la gente, pero la gente no es boba”. Al referirse al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con quien ha tenido cruces públicos, señaló: “Él dijo que era una avivatada que el decreto entrara en vigor el 20 de julio. Yo le pregunto, ¿ahora ya no le parece avivatada?”.Impacto político y llamado a la separación de poderesLa senadora también advirtió sobre la creciente concentración de poder en el Ejecutivo. Para ella, el uso recurrente de decretos muestra una tendencia preocupante del presidente Petro: “El presidente ha optado por los ‘decretazos’, por saltarse a las otras ramas del poder. Y el equilibrio institucional es clave para la democracia”, afirmó.Lozano insistió en que el fortalecimiento del Congreso es fundamental para el equilibrio democrático: “Se necesita gente con criterio, que no se venda por ningún puesto, que actúe con rigor y argumentos. Colombia no puede avanzar al son de ningún caudillo”.
La eliminación de la prima especial de servicios de 16 millones de pesos que reciben los congresistas volvió a poner en el centro del debate público el alto salario del Legislativo y las implicaciones reales de la decisión adoptada por el Gobierno nacional mediante decreto.La senadora Angélica Lozano, una de las principales impulsoras de la reducción salarial desde hace más de una década, defendió en Recap Blu la decisión y aseguró que se trata de una medida de "equidad", más que de un cálculo fiscal o político. Según explicó, el salario de los congresistas en Colombia es uno de los más altos del mundo, incluso en comparación con parlamentos europeos, lo que ha generado históricamente una brecha profunda frente al ingreso del ciudadano promedio.¿En cuánto quedará el salario de congresistas?Actualmente, el salario mensual bruto de un congresista asciende a 51,5 millones de pesos, compuesto por tres rubros: un sueldo básico cercano a los 12 millones, una prima especial de servicios de aproximadamente 16,9 millones y los gastos de representación. Con la entrada en vigencia del decreto, esta prima desaparecerá a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso.Esto significa que los nuevos congresistas arrancarán su periodo con un ingreso de 16,9 millones de pesos menor al actual. Además, al disminuir el ingreso total, también se reducirán proporcionalmente los descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y aportes solidarios, lo que ajustará el neto mensual recibido.Hoy, tras las deducciones legales —que rondan los 18,6 millones de pesos—, un congresista recibe en promedio 32 millones de pesos netos. Con la eliminación de la prima, el ingreso final será menor, aunque seguirá sujeto al aumento anual que se realiza con base en el promedio del ajuste salarial de los servidores públicos, generalmente aplicado entre abril y diciembre.Lozano aclaró que la decisión de que la medida rija desde el 20 de julio obedece a razones jurídicas, ya que quienes se posesionan en esa fecha inician un nuevo vínculo laboral, lo que reduce el riesgo de demandas por derechos adquiridos. Esta explicación contrasta con declaraciones previas del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien había sugerido que el recorte debía aplicarse de manera inmediata.Reducen salario ad portas de eleccionesMás allá del debate técnico, la senadora reconoció que el decreto llega en un contexto preelectoral, coincidiendo con otras decisiones populares como el aumento del salario mínimo o la reducción del precio de la gasolina. Sin embargo, insistió en que la lucha por bajar el salario de los congresistas no es nueva y recordó los múltiples intentos fallidos en el Congreso, así como la consulta anticorrupción de 2018, que estuvo a punto de superar el umbral.
La senadora Angélica Lozano y la representante a la Cámara Cathy Juvinao presentaron en la tarde de este martes, 23 de diciembre, dos respectivos oficios ante la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, pidiendo la intervención competente de ambos estamentos para ejercer control al decreto 1390 de 2025 con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento o reforma tributaria.Las congresistas verdes solicitaron al alto tribunal la suspensión provisional del decreto, argumentado que las causas invocadas por el Ejecutivo no cumplen los requisitos de sobreviniencia, imprevisibilidad ni extraordinariedad exigidos por el artículo 215 de la Constitución para la declaratoria del estado de excepción y que el decreto podría eludir el control judicial al haberse expedido en vísperas de la vacancia judicial prevista desde el sábado 20 de diciembre hasta el lunes 13 de enero.Según exponen, temas como obligaciones judiciales frente a la UPC en salud, la grave crisis de seguridad y orden público, los desastres naturales producto del cambio climático, y las deudas en temas de subsidios de energía y gas, entre otros, corresponden a problemas estructurales, previsibles o permanentes del Estado.Para las congresistas, la negativa del Congreso a aprobar una iniciativa del Gobierno como la ley de financiamiento, no puede considerarse un hecho habilitante de un estado de excepción, pues se trata de una manifestación normal del equilibrio de poderes y no puede ser usada como excusa para habilitar facultades legislativas excepcionales en el Ejecutivo.Lozano y Juvinao también alertan sobre un posible riesgo de elusión del control constitucional. Señalan que el decreto fue expedido en medio de la vacancia judicial, lo que permitiría que produzca efectos jurídicos relevantes antes de que la Corte adopte una decisión de fondo, habilitando al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley durante ese periodo.Remitiéndose al auto 272 de 2023, las congresistas sostienen que la Corte sí tiene la facultad excepcional de adoptar medidas para impedir temporalmente los efectos de un decreto declaratorio cuando exista una incompatibilidad constitucional manifiesta y un riesgo cierto de afectación al orden democrático.A su juicio, en este caso se cumplen dichos presupuestos, pues el Gobierno contaba con múltiples mecanismos ordinarios para atender las situaciones alegadas sin acudir a poderes excepcionales; por lo que piden una actuación inmediata que suspenda la ejecución del estado de emergencia económica y le impida al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley especialmente en materia de nuevos impuestos.Complementando la solicitud ante la Corte, las congresistas Lozano y Juvinao pidieron formalmente al procurador general Gregorio Eljach iniciar una actuación disciplinaria contra los ministros firmantes del decreto.“Debe resaltarse que la firma de los ministros no constituye un acto meramente formal, sino una manifestación expresa de responsabilidad individual, mediante la cual cada ministro avala la procedencia constitucional del estado de excepción y la concurrencia de sus presupuestos materiales”, señala el documento.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, analizó en Sala de Prensa Blu el agitado cierre legislativo y el panorama político, lanzando críticas frontales al Gobierno y proyectando el camino electoral de su colectivo.Lozano fue directa al calificar el estado de la reforma tributaria: "Está como vegetal. Pero el Gobierno no la deja desconectar (...) está quemando tiempo", afirmó, para que el fracaso del proyecto ocurra lo más cerca posible del 20 de diciembre, cuando inicia el receso judicial.Según la senadora, allanar el camino para un controversial decreto de emergencia económica que establezca impuestos, saltándose la aprobación del Congreso. "Mi hipótesis es que el Gobierno dice, OK, me van a hundir la tributaria, le saco un decreto de emergencia económica, pongo impuestos saltándome el Congreso", explicó. Lozano sostiene que el Gobierno sabe que este mecanismo es inconstitucional, como ocurrió con decretos para el Catatumbo y La Guajira, pero buscaría aprovechar el tiempo que la Corte Constitucional tardaría en tumbarlo durante su vacancia. "Es abuso de poder", dijo."Paz total": un "fracaso" que potencia a los criminalesAl abordar el debate por las revelaciones de Noticias Caracol sobre alias ‘Calarcá’, la congresista fue contundente: "La paz total es un fracaso". Afirmó que esta política y la figura de "gestores de paz" han permitido "abuso, crecimiento de los grupos criminales que tienen un trato absurdamente especial de protección de potencia". Para Lozano, lo expuesto por la investigación muestra una alarmante infiltración: "Es una política desde adentro del Estado, desde el nivel más alto (...) Lo que pasó con la parapolítica al servicio de paramilitares... se está repitiendo, pero ahora como 'disidencio-política'", protegida por el gobierno y "gente de confianza del presidente como '[Iván] Velásquez' y Huertas".Destacó positivamente la mesurada reacción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien respetó el informe, en contraste con la actitud del presidente Petro. Lozano especuló que esto podría deberse a que Sánchez "es un militar" que, tras el gobierno, regresará a su comunidad castrense, la cual "pasa los gobiernos".Panorama electoralEn clave electoral, Lozano reveló con orgullo que ocupará el número 10 en la lista al Senado de la Alianza Verde, encabezada por Lucho Garzón. "Soy la Messi. Al Senado... La 10 del verde", dijo, resaltando el valor simbólico del número. Sobre las encuestas, comentó los dardos cruzados en el debate pero subrayó la necesidad de que el país "salga de esos extremos que viven en venganza, presos del odio".Al ser preguntada por su pareja, la candidata presidencial Claudia López, Lozano mostró un apoyo firme. "Todo lo que le han hecho a Claudia para sacarla... sin el apoyo económico de nadie, a punta de talento, de gobernar bien, sin corrupción", argumentó. Respecto a posibles alianzas, indicó que López está "siempre dispuesta a construir con pluralismo", pero con carácter. "Ella tiene argumentos, ella defiende a las mujeres, las regiones... y tiene el carácter para enfrentar a los bandidos", concluyó
La principal crítica de la senadora Angélica Lozano radica en que esta reforma tributaria busca cubrir un presupuesto que fue aprobado de manera "inflada y real". Según la congresista, el hueco del presupuesto es significativamente mayor a los $16 billones de pesos que se esperan recaudar con la tributaria. Cifras del Comité Autónomo de Regla Fiscal han demostrado que este déficit podría superar los $40 billones de pesos.Ante esta situación de endeudamiento, que la senadora describe como estar "al gotagota internacional" y viviendo de "avances de tarjetas de crédito," el gobierno se ha negado a "apretarse el cinturón". Lozano señaló que cuando una familia o empresa enfrenta una crisis, debe parar el derroche y reducir el gasto, algo que el gobierno se rehúsa a hacer, manteniendo el gasto suntuario y los eventos, sin voluntad de austeridad.Para la senadora, la deuda nacional es tan grave que, actualmente, para un banco es más rentable comprar deuda a la nación que prestarle a un microempresario o un ciudadano, debido a las tasas altísimas que el gobierno está pagando.Doble impuesto a los ahorradoresLa senadora Lozano desmintió la idea de que la reforma no afectará a la clase media. Argumentó que los impuestos a sectores como el licor o los bancos se trasladarán de inmediato a los ciudadanos, ya sea a través de las tarifas de los servicios financieros o el precio final de los licores.Uno de los puntos más controvertidos es el castigo al ahorro. Lozano enfatizó que la reforma busca clavar un doble impuesto a los Certificados de Depósito a Término (CDTs), castigando al ciudadano que se sacrifica y se priva de gastos para ahorrar 2, 3 o 20 millones de pesos. "Si usted ahorra, pague," ironizó la senadora sobre la medida, catalogándola como contraproducente.La senadora explicó el mecanismo de la votación conjunta que se llevará a cabo en la tarde. Hay varias ponencias, incluyendo una positiva (del gobierno, posiblemente con modificaciones) y ponencias negativas (que buscan archivar el proyecto).El proceso favorece potencialmente el archivo del proyecto gubernamental:1. Para que se apruebe una ponencia de archivo, es necesario que las cuatro comisiones (casi 100 integrantes) voten sí por mayoría, una por una, lo cual es improbable dado que "el gobierno domina la cámara".2. Para que se hunda la ponencia positiva del gobierno, solo se necesita que una sola comisión la niegue.La senadora Lozano confirmó que en la Cuarta Comisión del Senado votará negativo, lo que podría ser el escenario posible para hundir el proyecto, ya que basta con el rechazo de una comisión para que la ley de financiamiento no prospere.Escuche aquí la entrevista:
El exministro Juan Fernando Cristo, líder del movimiento En Marcha, celebró recientemente la definición jurídica de su partido, confirmada tras la decisión de la Corte Constitucional de cerrar una disputa legal que se extendió por más de tres años.El partido, que ha defendido principios liberales desde su separación del Partido Liberal, se mostró "muy contento" con este fallo.Lanzamiento de una coaliciónCon su estatus legal asegurado, En Marcha avanza en la consolidación de una fuerte coalición de cara a las elecciones legislativas. Cristo confirmó que, tras dos meses de trabajo, el primero de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de esta alianza en la Plaza de la Aduana, en Cartagena.La coalición está integrada por En Marcha, la Alianza Verde, el partido Demócratas y el partido Colombia Renaciente. El objetivo primordial es aspirar a convertirse en la primera fuerza política en el Congreso de la República en las elecciones de marzo.Aunque la cabeza de lista para el Senado aún no se ha definido, la coalición cuenta con una lista de cerca de 90 nombres al Senado y más de 170 a las Cámaras en distintos departamentos. Algunos precandidatos de En Marcha incluyen al senador Guido Echeverri, el senador Juan Carlos Bocanegra, la exsecretaria de educación de Bogotá Enna Bonilla, y Yolanda Mené, excandidata a la gobernación del Cauca. Además, en sintonía con las tendencias actuales, la lista incluirá varios influencers. Se están invitando también figuras importantes del Partido Verde, como Angélica Lozano, Ariel Ávila y Jap Hernández.Candidatura presidencialA pesar de que Cristo puede ser candidato, en diálogo con Mañanas Blu 10:30, aclaró que solo lo sería por En Marcha, no por toda la coalición de partidos. De hecho, el acuerdo concretado hasta el momento solo se refiere a las listas al Congreso, no a las candidaturas presidenciales.Cristo estaba esperando la definición jurídica de la personería de En Marcha para tomar una decisión personal. Anunció que la próxima semana se reunirá la dirigencia de En Marcha (incluyendo candidatos y directorios departamentales) para tomar una decisión en materia de candidatura presidencial, la cual seguramente se anunciará la próxima semana.Escuche aquí la entrevista:
La senadora Angélica Lozano es una de las que se ha pronunciado sobre el polémico debate sobre la cuota de género en el gabinete ministerial. Su “disgusto” se centra en el nombramiento de Juan Carlos Florián, quien ha solicitado ser llamado "ministra", y las implicaciones que esto tiene para la legítima representación de las mujeres en el poder ejecutivo.Para Lozano, esto no solo desvirtúa la ley, sino que también “banaliza y manosea las luchas de las mujeres y las personas LGBT”, según comentó la senadora en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, este viernes.La senadora Lozano, con orgullo, destacó la reciente modificación de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), actualizada en 2024, que elevó la participación de las mujeres del 30 % al 50 % en los cargos directivos del ejecutivo.Según explicó, esta ley, avalada por la Corte Constitucional, aplica desde las alcaldías municipales y gobernaciones hasta la Presidencia de la República, incluyendo todos los ministerios y departamentos administrativos.“Esto no es solo de números o mujeres haciendo bulto. Es que más de la mitad de los colombianos somos mujeres y ahí hay una mirada de agenda y de problemática”, aseveró.La controversia por el nombramiento de Juan Carlos FloriánEl punto central de la crítica de Lozano es el nombramiento del ministro Juan Carlos Florián. A pesar de que Florián se autodenomina “marica” y se refiere a sí mismo como “ministra”, Lozano fue contundente al afirmar que "la ley de cuotas es de mujeres”.“Que esto no se llena con que si el hombre, un señor homosexual o una persona trans, no, esto es una cuota de mujeres y él tiene todo el derecho en su intimidad y en lo público a autodenominarse como quiera, pero eso no cambia la ley. Entonces, él es un hombre”, sentenció.La senadora subrayó la importancia de la claridad en la aplicación de la ley, instando a “respete a las mujeres y respete también a la a las luchas LGBT por la igualdad”. Además, denunció que el Gobierno tardó en reglamentar la ley, buscando sumas que incluyeran a “operarias, secretarias” en lugar de enfocarse en los cargos directivos.Angélica Lozano no solo cuestionó la interpretación de la Ley de Cuotas, sino que también criticó lo que consideró una "banalización" de las luchas sociales.Incluso, manifestó que “el manoseo viene del presidente”, quien, a pesar de haber usado el “pañuelo feminista en campaña”, ha “protegido, impulsado y defendido a toda clase de abusadores y de gente que ha ejercido violencia machista y abusos de distinto orden laboral”.Asimismo, Lozano enfatizó la difícil situación de las personas trans en Colombia, con un promedio de vida de solo 35 años, debido a la violencia y discriminación sistémica. Por ello, le pareció grave que “el presidente banalice o le parezca chistoso”.
En diálogo con Mañanas BLU, la senadora Angélica Lozano, integrante de las comisiones económicas del Congreso, ha levantado serias preocupaciones sobre la propuesta de reforma tributaria y el presupuesto nacional del Gobierno.Lozano expresó su desazón ante la falta de claridad y advirtió sobre una posible estrategia gubernamental para que el Congreso rechace el presupuesto, permitiendo su aprobación por decreto, una situación que, según ella, replicaría el escenario del año anterior. La nación se encuentra a la expectativa de conocer los detalles de una reforma tributaria que, según el ministro Germán Ávila, busca recaudar la ambiciosa cifra de 26 billones de pesos en nuevos impuestos."Ninguna pista. Me da pena con sus oyentes porque todos estamos especulando," afirmó la senadora Lozano, lamentando la opacidad en torno a los nuevos gravámenes. La única indicación que ha dado el gobierno es la intención de "recuperar lo que la Corte le quitó sobre los hidrocarburos, el petróleo, la gasolina," siendo esta la única pista de sector que se ha proporcionado hasta el momento. La senadora Lozano ve en la cifra anunciada para la reforma tributaria y el monto global del presupuesto una clara señal de la estrategia gubernamental. Para el año entrante, el gobierno ha solicitado 556 billones de pesos, un monto que la congresista califica de "inflado" y "estrambótico". Según su interpretación, este presupuesto se presenta con la intención de ser rechazado por el Congreso."Creo que presentó un monto tan alto y anuncia una tributaria tan alta que es para garantizar que el Congreso le diga no y entonces vuelve a repetirse el presupuesto por decreto," explicó Lozano, haciendo alusión a la comodidad que el gobierno experimentó al aprobar el presupuesto de este año sin la intervención del legislativo. CongresoLa senadora Lozano manifestó que el cuerpo legislativo "no quiere que se repita el decreto" y busca aprobar el presupuesto por ley. Sin embargo, esto requiere la voluntad del gobierno, que "estuvo muy cómodo con el decreto," dejando al Congreso "bailando solo".Existen dos caminos para la reforma tributaria, y el gobierno parece estar eligiendo el que considera más favorable. Si la reforma es de "financiamiento" (para cubrir un déficit), se tramita únicamente por las comisiones terceras de Cámara y Senado, donde el gobierno tiene "total oposición". Si es una tributaria para "algo adicional," implica las comisiones cuartas, donde el gobierno "estima que puede tener más ambiente".Doble carga para BogotáA la preocupación nacional se suma una "doble tributaria" para los ciudadanos de Bogotá. Además de la reforma nacional, la capital se enfrenta a una reforma tributaria distrital impulsada por el alcalde Galán, que se votará este mismo mes de septiembre. Esta propuesta busca recaudar 1.2 billones de pesos nuevos al año, lo que representa un aumento del 8%.Aunque la iniciativa distrital incluye un mensaje positivo de "simplificación" al reducir las tarifas de ICA a cuatro, la senadora advierte que "el diablo está en los detalles". Lozano manifestó inquietudes específicas:Sobrecarga empresarial: Podría "terminar sobrecargando también al empresariado bogotano que además del golpe nacional recibiría el golpe distrital".Incentivos mal enfocados: Los incentivos para nuevas inversiones y generación de empleo son clave, pero están dirigidos a la operación estratégica alrededor del aeropuerto El Dorado , en lugar de donde realmente se necesitan, como el sur y occidente de la ciudad (Soacha). El sector aeroportuario es "un tesoro valioso" que "no necesita incentivos" y "puede pagar a tope".Discrecionalidad en incentivos: La determinación de estos incentivos en una comisión posterior se presta a "discrecionalidad y a arbitrariedad," por lo que "la regla debe ser clara para todos".Impacto en prediales: Los prediales también sufrirán un impacto, con el estrato 4 en Bogotá, clavado por todo lado," y los incentivos para estratos 1 a 3 son mínimos, como una rebaja de 80,000 pesos para predios menores de 270 millones, cuando lo que se necesita es la posibilidad de pagar el predial a cuotas.Escuche aquí la entrevista:
El soldado profesional retirado Henry Camargo ya está en Colombia. Después de permanecer hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, el exintegrante de las Fuerzas Militares llegó este lunes a Bogotá en una ambulancia aérea medicalizada, en una operación coordinada por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad."Como familia nos sentimos llenos de felicidad, de recompensas de la vida por todo el trabajo de mi padre, y muy agradecidos con todo nuestro gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, y con el presidente Abelardo. Estamos infinitamente agradecidos", sostuvo Karen Camargo, hija del exmilitar, quien agradeció al Gobierno Nacional las gestiones que hicieron posible el traslado desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico.Sin embargo, su regreso es apenas el comienzo de una nueva etapa en su lucha por recuperar la salud. El Hospital Militar Central confirmó que Camargo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación de un equipo médico multidisciplinario que busca estabilizarlo y monitorear sus condiciones hemodinámicas y respiratorias tras el traslado internacional.La institución aseguró que dispuso sus capacidades profesionales, científicas y asistenciales para brindarle la atención que requiere, con énfasis en la calidad, la oportunidad y la humanización del servicio. “El paciente se encuentra bajo observación médica multidisciplinaria en Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de estabilizarlo y monitorizar su parte hemodinámica y respiratoria posterior a su traslado desde Nueva York, Estados Unidos”.La historia de Henry Camargo se conoció públicamente a finales de septiembre, cuando se difundió un video en el que el exmilitar, desde una cama del Hospital Elmhurst, en Queens, Nueva York, pidió ayuda para regresar a Colombia.Camargo había viajado a Estados Unidos aproximadamente dos años y medio atrás con visa de turista. Durante su permanencia en ese país comenzó a presentar complicaciones respiratorias que terminaron en un diagnóstico de fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta el tejido de los pulmones y dificulta la respiración.Su estado de salud se agravó hasta el punto de requerir un doble trasplante pulmonar. La prolongada hospitalización y la distancia de sus seres queridos hicieron aún más difícil su situación, mientras su familia permanecía en Colombia.Ante ese panorama, el exsoldado solicitó la intervención del presidente Abelardo De La Espriella para regresar al país y continuar aquí su proceso médico. Tras conocerse su caso, el mandatario impartió instrucciones para coordinar el traslado humanitario.La gestión se convirtió en una carrera contra el tiempo para garantizar que Camargo pudiera viajar en condiciones médicas adecuadas, con asistencia durante el trayecto y una institución preparada para recibirlo en Bogotá.
La Fórmula 1 confirmó su regreso a África "a comienzos de la década de 2030" con un Gran Premio en Ruanda en el calendario del Mundial de la categoría reina del automovilismo, indicó este martes la organización del campeonato en un comunicado.La última vez que se disputó un Gran Premio de F1 en el continente africano fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993.En el comunicado se precisa que la primera carrera en Ruanda se disputará una vez acabada "a comienzos de la próxima década" la construcción del nuevo circuito de Bugesera, a unos 40 km al sur de Kigali, junto al nuevo aeropuerto internacional de la capital ruandesa. El acuerdo es por un periodo de diez años.Con este anuncio, la F1 confirma su compromiso "de ampliar su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo"."África representa una de las oportunidades de crecimiento más interesantes para el deporte, con más de 100 millones de aficionados que ya siguen la Fórmula 1 en el continente y casi un 60 % de los fans en los principales mercados del África subsahariana menor de 35 años", argumentó la empresa en su comunicado.El patrón de Fórmula 1, la organizadora del campeonato, Stefano Domenicali, destacó en el comunicado que con la incorporación de Ruanda al Mundial de F1, este deporte "competirá en todos los continentes habitados, acercando el Campeonato del Mundo como nunca antes a los aficionados de todo el planeta"."Hoy le pertenece a África. Durante más de tres décadas, el campeonato de deporte de motor más importante del mundo ha competido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo", se felicitó por su parte el presidente ruandés Paul Kagame, citado en el comunicado.País pobre, sin salida al mar, en África oriental y todavía ampliamente asociado con el terrible genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones con una imagen de eficiencia organizativa.Ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.El año pasado organizó los campeonatos mundiales de ciclismo, los primeros disputados en un país africano.Los críticos acusan al régimen de Kagame de usar estos eventos para tapar las acusaciones de graves abusos de los derechos humanos, incluida la represión de cualquier oposición o voz disidente.
Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional convocada para el próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, en el que se definieron acciones para coordinar la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.El Sindicato de Educadores de Santander confirmó su participación en la jornada y señaló que uno de los motivos de protesta son las medidas que considera desfavorables para la educación pública y los derechos de los docentes que promueve el gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre los puntos de inconformidad, el sindicato mencionó el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.Heriberto Delgado, presidente del SES, hizo un llamado al magisterio santandereano para sumarse a la movilización y participar en las acciones convocadas por las organizaciones sociales y sindicales.“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social”, manifestó el dirigente sindical, quien invitó a sus compañeros a vincularse decididamente a la jornada.Dirigentes del Pacto Histórico en Santander también están promoviendo en sus redes sociales la participación en el paro nacional. "Debemos defender el páramo de Santurbán. Este gobierno queire acabar con el ecosistema y el agua de Bucaramanga", dijo Darly Mendoza, diputada de Santander. La movilización busca reunir a diferentes sectores sociales en torno a sus reclamaciones. En Santander, las organizaciones avanzan en la coordinación de su participación, mientras el magisterio pone en el centro de sus demandas la defensa de la educación pública y de los mecanismos de ingreso y ascenso basados en el mérito.
La Procuraduría General de la Nación formalizó el llamado a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas. La determinación del organismo disciplinario se adoptó a raíz de las informaciones divulgadas por la revista Semana en su edición del pasado sábado, las cuales hacen referencia a presuntos actos de corrupción y narcotrotráfico en los que habrían incurrido la ex primera dama Verónica Alcocer y diversos servidores públicos.Esta actuación procesal tiene como propósito recepcionar las declaraciones testimoniales bajo la gravedad de juramento para avanzar en el esclarecimiento de las irregularidades reportadas. La citación busca acopiar elementos probatorios indispensables dentro de las actuaciones que adelanta el órgano de control.Listado de personas requeridas a declararSegún lo establecido en el auto emitido por el Ministerio Público, las personas requeridas deberán rendir su testimonio bajo la gravedad de juramento dentro de esta misma causa. El listado de citados, junto con Eva Ferrer, se encuentra conformado por los siguientes ciudadanos: Carmen CaballeroAngie RodríguezConcepción BaracaldoGuillermo ReyesIngrid Carolina Plata NavasCada una de estas citaciones testimoniales resulta fundamental para evaluar el alcance de los señalamientos presentados en el medio periodístico y determinar si existieron faltas disciplinarias por parte de los involucrados.Orden de pruebas e investigaciones preexistentesEl auto formalizado por la entidad no únicamente convoca a los declarantes, sino que ordena expresamente a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría la recolección y práctica de las pruebas pertinentes. Esta dependencia especializada tiene la tarea técnica de recopilar las evidencias necesarias para verificar o descartar los hechos denunciados en la reciente publicación.Adicionalmente, la diligencia se enmarca dentro de una investigación que la Procuraduría General de la Nación ya había abierto con anterioridad. Dicho proceso previo se fundamentó en publicaciones anteriores de la misma revista Semana, en las que la propia Eva Ferrer realizó señalamientos sobre supuestos actos de corrupción. De esta manera, el organismo disciplinario busca articular los nuevos testimonios con el expediente en curso para avanzar en la determinación de responsabilidades.Las denunciasEva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación y parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro junto a Verónica Alcocer, lanzó graves acusaciones contra la exprimera dama. Ferrer aseguró que Alcocer habría estado involucrada en una red de tráfico de drogas y que, en viajes a Venezuela, se habrían transportado millones de dólares en el avión oficial de la primera dama.“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (de Verónica Alcocer), está involucrado Agmeth Escaf. Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó Ferrer.Este viaje, según dijo la ex consejera presidencial, habría sido en enero de 2023, según dijo en entrevista con la revista Semana. Por su parte, Manel Grau, es un empresario catalán-colombiano que tuvo cercanía con Verónica Alcocer durante el Gobierno Petro y que también estuvo en medio de controversias durante ese periodo. De hecho, recientemente enfrentó una denuncia ante la Fiscalía por parte del abogado Carlos Soler por una presunta estafa de $4.900 millones a varios empresarios del país.Según la versión de Eva Ferrer, habría fotografías de Alcocer bajando de su avión oficial con droga en algunos de esos viajes. “Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo en entrevista con Semana.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027."Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite el 31 de diciembre", indicó el mandatario en una alocución televisada.Según De la Espriella, antes de esa fecha deberán estar en marcha "las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio" de energía, especialmente en las regiones más vulnerables.El mandatario reiteró que su Gobierno tiene como obligación "reducir al máximo el riesgo de racionamiento" y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas, y en ese sentido sentenció que el país no puede volver a llegar desprevenido y sin un plan a un fenómeno que ya estaba anunciado."Menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación, porque ya sabíamos que esto iba a pasar", dijo el jefe de Estado tras criticar, por falta de previsión, al Ejecutivo de su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe."Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó entonces el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre. EFE
