Las Fuerzas Militares entregaron un nuevo balance sobre los ataques contra la fuerza pública mediante sistemas aéreos no tripulados, (UAS) conocidos como drones, cargados con explosivos.Según el boletín, entre enero de 2024 y el 14 de septiembre de 2026 se han registrado 439 ataques de este tipo en diferentes departamentos del país. En 2024 fueron 108; en 2025, 158 y en lo corrido de 2026 ya se contabilizan 173 casos, por lo que este año registra la cifra más alta del periodo.El informe también señala que, como consecuencia de estos ataques, 26 agentes han muerto y 353 han resultado heridos. Solo durante 2026, el reporte registra 10 fallecidos y 200 heridos.Entre los departamentos donde se han registrado estos ataques están Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó y Bolívar. Según las Fuerzas Militares, estos hechos han sido atribuidos a diferentes grupos armados organizados, entre ellos el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC.Cauca es el departamento con mayor número de ataques registrados durante el periodo, con 248 casos, seguido por Norte de Santander, con 65, y Valle del Cauca, con 34.
La Fiscalía imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, por presuntamente exigir 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo dentro de un proceso penal militar que estaba bajo su conocimiento.De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en abril de 2025, cuando Ardila Arias todavía estaba a cargo de las diligencias relacionadas con el uniformado.Según la investigación, el 7 de abril de 2025 el entonces juez penal militar se habría reunido con el capitán en una cantina de Florencia, Caquetá. En ese encuentro, presuntamente le habría solicitado los 40 millones de pesos a cambio de beneficiarlo judicialmente dentro del proceso que se adelantaba en su contra.Tres días después, de acuerdo con la Fiscalía, Ardila Arias se habría encontrado nuevamente con el oficial y habría reiterado la solicitud del dinero.La investigación que estaba en conocimiento del entonces juez tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua, Caquetá, contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.Durante sobrevuelos realizados con drones, fueron observados varios hombres que portaban prendas camufladas y fusiles. Posteriormente, según la información incorporada al proceso, se estableció que se trataba de integrantes del Ejército Nacional que habrían reportado coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.A partir de esos hechos, un capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias quedaron a cargo de Javier Ardila Arias cuando ejercía como juez penal militar.La Fiscalía señaló que, dentro de esas actuaciones, el entonces funcionario judicial no impuso medida de aseguramiento contra los tres uniformados.
Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, realizaron la incautación de 250 galones de combustible y dos motores fuera de borda en zona rural de Simacota, Santander.El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Pulpapel, en el marco de las operaciones militares que adelantan las autoridades para proteger a la población civil y combatir actividades ilícitas en la región.Le puede interesar: Ejército incauta 20.000 galones de combustible que serían del Clan del Golfo en SantanderDe acuerdo con el Ejército, los elementos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de adelantar los procedimientos correspondientes.La institución señaló que esta incautación representa una afectación a recursos que podrían ser utilizados por estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región del Magdalena Medio, como el narcotráfico. La Quinta Brigada del Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras instituciones para afectar las economías ilícitas y fortalecer las condiciones de seguridad en su área de operaciones.
Desde el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares se hicieron aclaraciones sobre la aplicación de la nueva norma y se explicaron las pautas que deberán tener en cuenta los ciudadanos.El coronel Héctor Alexánder Juzga León aclaró que todos los ciudadanos que tengan un permiso de porte de arma vigente podrán movilizarse por el territorio nacional portando su arma, siempre y cuando el permiso se encuentre vigente.También explicó que las autoridades militares en todo el territorio nacional serán las encargadas de expedir las resoluciones pertinentes, de acuerdo con sus respectivas áreas de responsabilidad, para permitir la circulación de los ciudadanos que cuenten con un permiso de porte vigente.Asimismo, aclaró que el trámite de permisos nacionales y regionales, que anteriormente tenían un carácter especial, quedó anulado. Según explicó el oficial, ahora el ciudadano que quiera portar su arma en cualquier lugar del territorio nacional únicamente deberá movilizarse con su permiso de porte vigente.El Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos invitó a los ciudadanos que tengan vencido su permiso de porte a realizar la respectiva actualización. El coronel Juzga León señaló que el único canal autorizado para adelantar este trámite es la plataforma CIAEM 2.0, a través de la cual se pueden iniciar los procesos de revalidación.El oficial también detalló que las personas cuyo permiso lleve más de 30 días vencido deberán pagar, al iniciar el trámite en la plataforma, una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente.“Posterior a ese pago, podrá iniciar en plataforma los trámites y el Departamento de Control, Comercio de Armas, con las 36 seccionales que tenemos desplegadas en el territorio, podrá efectuar los estudios, validaciones y verificaciones con las autoridades competentes”, explicó el coronel Juzga León.Según indicó, estas verificaciones incluyen consultas ante la Policía Nacional, Interpol, la Fiscalía General de la Nación y el propio Departamento de Control, Comercio de Armas, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 2535 de 1993 y adelantar la expedición o actualización de los permisos de porte y tenencia de armas.Finalmente, las autoridades recordaron a los ciudadanos que deben recurrir únicamente a los canales oficiales para realizar estos trámites y enfatizaron que no se requieren intermediarios ni terceros para adelantar estos procesos.
Momentos de angustia vivieron cerca de 800 estudiantes y docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, durante el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche. Vale recordar que la institución educativa está ubicada muy cerca de la unidad militar, por lo que quienes se encontraban en clase tuvieron que permanecer dentro de los salones y buscar refugio ante las detonaciones y los disparos.En medio del temor, varios estudiantes se protegieron debajo de los pupitres, mientras intentaban resguardarse de los efectos del ataque ocurrido en horas de la noche. Un video conocido durante la noche del viernes evidencia la tensión que se vivió dentro de las aulas, mientras los jóvenes permanecían agachados y buscaban mantenerse a salvo ante la situación de orden público.El ataque comenzó alrededor de las 7:15 de la noche contra el cantón militar El Trapiche, ubicado en las afueras de Ocaña, sobre la vía que conduce hacia Ábrego y Cúcuta. De acuerdo con el informe radial, al menos 16 drones cargados con explosivos fueron utilizados contra la unidad militar, ocasionando daños en diferentes instalaciones y dejando cinco militares heridos. Posteriormente, se registraron combates en una zona rural cercana entre integrantes del ELN y las Fuerzas Militares.No hay clases este sábadoLa cercanía del campus universitario con el batallón llevó a las directivas de la Universidad Francisco de Paula Santander a suspender las clases durante este sábado. El director de la institución, Edwin Espinel, tomó la decisión junto con las directivas con el propósito de proteger a estudiantes y docentes, teniendo en cuenta además los controles de seguridad desplegados en las vías de acceso a la zona.La situación también generó preocupación por la ubicación de otras infraestructuras consideradas importantes para Ocaña. En inmediaciones del Batallón Santander se encuentran una subestación eléctrica que permite suministrar energía al municipio y a la provincia, además de la planta de captación de agua potable que abastece a la población. Por esta razón, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector mientras avanzan las verificaciones tras el ataque.El hecho dejó dos militares muertos, el capitán Marco David Parajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, además de cinco uniformados heridos. Mientras las autoridades atribuyeron el ataque al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, Ocaña permanece bajo medidas especiales de seguridad y con una comunidad todavía afectada por la zozobra provocada por la violencia.
El ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó dos militares asesinados y otros cinco soldados heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes fallecieron durante la acción armada registrada en la noche del viernes.De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el presidente Abelardo De La Espriella, el ataque ocurrió alrededor de las 7:20 de la noche, cuando artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la guarnición militar. Además de los dos uniformados asesinados, cinco soldados profesionales resultaron heridos y una aeronave de la Fuerza Aérea fue alcanzada por esquirlas.Las autoridades atribuyeron inicialmente el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura que opera en esta zona de Norte de Santander. Los explosivos impactaron diferentes puntos de la instalación militar y también afectaron un helicóptero, mientras que las autoridades avanzaban en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura.Tras conocer la muerte del oficial y del soldado profesional, el mandatario expresó su solidaridad con sus familiares y destacó el servicio de los uniformados. “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó De la Espriella.Por su parte, el Ejército Nacional informó que activó los protocolos de seguridad establecidos luego del ataque y comenzó la verificación de las afectaciones provocadas por las explosiones. El presidente De La Espriella anunció, además, una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados que operan en el Catatumbo.“Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, concluyó el jefe de Estado.
Las autoridades, en estrecha coordinación con agencias de inteligencia de los Estados Unidos, lograron neutralizar a alias 'Bendito Menor' o 'Naín', máximo cabecilla de las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El operativo, denominado "Operación Centinela de la Patria", se llevó a cabo en la madrugada en Riohacha, departamento de La Guajira, y dejó un saldo de cuatro delincuentes abatidos tras un fuerte intercambio de disparos.La clave: Una fuente humana y un error tácticoLa ubicación del peligroso cabecilla, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de más de 1.000 millones de pesos, fue posible gracias a la información precisa entregada por una fuente humana. Esta delación permitió a las autoridades ubicar con exactitud la vivienda donde se refugiaba el criminal, localizada en el barrio Los Olivos de Riohacha.Sin embargo, el propio alias 'Bendito Menor' facilitó su rastreo al cometer un grave error. En un intento de desmentir los rumores que circulaban sobre su supuesta muerte, versión que aparentemente había sido difundida por su propia organización criminal, el cabecilla emitió un comunicado oficial la tarde previa al operativo. El análisis de inteligencia de este mensaje confirmó a la Fuerza Pública que el criminal se encontraba con vida y resguardado en el punto exacto de la capital guajira.A este descuido se sumó su reciente actividad en redes sociales, donde de manera descarada publicó un video romántico en el que le proponía matrimonio a su pareja en una playa de la región.El asalto de los comandos en Los OlivosCon la información plenamente confirmada, un contingente de más de 30 comandos, junto con investigadores judiciales y funcionarios de la DIJIN de la Policía, se desplazó sigilosamente hacia la zona urbana de Riohacha. Al ingresar a la vivienda de fachada blanca en horas de la madrugada, las fuerzas de seguridad fueron recibidas con disparos, desatándose un intenso intercambio de fuego.En la confrontación fueron neutralizados cuatro objetivos clave de la estructura criminal:Alias 'Bendito Menor' (o 'Naín'), el cabecilla principal.Alias 'La Bebecita', novia del jefe criminal, a quien él le había propuesto matrimonio días atrás y quien se encontraba con él en el momento del operativo.Alias 'El Tío', encargado de la logística de la subestructura.Alias 'Casiloco', cabecilla financiero y responsable del flujo de recursos ilícitos.Vehículos y menores de edad en la viviendaLa casa intervenida albergaba también varios vehículos en su interior. Durante el operativo se constató que en el lugar se encontraban otras personas, incluidos varios menores de edad. De manera precisa, los comandos élite se enfocaron exclusivamente en neutralizar a los cuatro objetivos armados. Los demás adultos presentes en la residencia fueron capturados y judicializados, mientras que los menores fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos .Cooperación internacional y próximos pasosLa "Operación Centinela de la Patria", coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, contó con un valioso soporte de inteligencia por parte de agencias de los Estados Unidos. Los cuerpos de los cuatro abatidos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en la ciudad de Barranquilla para realizar la plena identificación forense.Respecto a la millonaria recompensa que pesaba sobre el cabecilla, las autoridades aún no han confirmado si se procederá a realizar el pago de la misma a la fuente humana que facilitó la localización del criminal.Escuche aquí la entrevista:
Un total de 702 capturas fueron reportadas por las Fuerzas Militares durante el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de agosto de 2026, de acuerdo con el balance conjunto correspondiente a las primeras semanas del periodo presidencial de Abelardo De La Espriella.El documento señala que, además de las capturas, se registraron 35 sometimientos, más de 30 menores recuperados, 21 casos de muerte en desarrollo de operaciones militares y dos presentaciones voluntarias, afectaciones a estructuras de grupos armados y organizaciones criminales. En este balance se incluyen los resultados de los bombardeos de las últimos días, entre ellos el de El Retorno y el de Miraflores, que dejaron 10 y 8 disidentes muertos cada uno.En la lucha contra el narcotráfico, el informe registra 14.634 kilogramos de cocaína, 613 kilogramos de pasta base de coca, 6.051 kilogramos de marihuana y 17.105 kilogramos de hoja de coca, además de la ubicación de 11 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 103 de pasta base.En cuanto al material de guerra incautado, las autoridades reportaron 214 armas cortas, 41 armas largas, tres armas de acompañamiento, 926 artefactos explosivos y 19.778 unidades de munición, además de 427 explosivos. El balance también incluye resultados contra las economías ilegales. En materia de minería ilegal fueron reportadas 72 capturas, la incautación de 34.863 galones de combustible, y la intervención de 28 dragas, 13 dragones, 23 unidades de maquinaria amarilla, 52 de otra maquinaria y 134 unidades de producción minera o socavones.
El Comando General de las Fuerzas Militares anunció el traslado del general Federico Mejía, quien será retirado de la posición de comando que ocupaba en el Centro de Educación y Doctrina.De acuerdo con la institución, Mejía pasará a desempeñar una función de carácter administrativo dentro del Estado Mayor del Comando General de las Fuerzas Militares, sin responsabilidades directas de comando o dirección.La decisión se conoce en medio de las actuaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con el oficial. Las Fuerzas Militares señalaron que han facilitado y continuarán facilitando la información, documentación y demás elementos que sean requeridos legalmente por las autoridades judiciales.El Comando General explicó que el cambio responde a decisiones de administración del talento humano y a las necesidades del servicio, y busca garantizar la continuidad de las operaciones institucionales y la integridad en el ejercicio del mando mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.Las Fuerzas Militares también hicieron énfasis en que la decisión no constituye una determinación sobre la responsabilidad del oficial y reiteraron el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia. Será la autoridad judicial la encargada de establecer, con base en las pruebas, si existe alguna responsabilidad individual.
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se encuentra este viernes en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde adelanta reuniones con la cúpula de las Fuerzas Militares. Uno de los temas de la agenda es el fortalecimiento de la flota aérea del Ejército, incluida la posibilidad de recibir refuerzos y avanzar en nuevos acuerdos de cooperación bajo el marco del Escudo de las Américas.La visita ocurre después del encuentro en Ecuador entre el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, y autoridades de ese país. Allí se acordó fortalecer el intercambio de información de inteligencia y el cruce de datos para enfrentar el narcotráfico y a las estructuras criminales que operan en la zona fronteriza.El gobierno de Abelardo De La Espriella recibió un panorama complejo en materia de aviación militar. Según el diagnóstico de empalme, solo ocho de los 19 helicópteros MI-17 del Ejército estaban operativos, mientras que también había restricciones de disponibilidad en la flota UH-60.En la Fuerza Aeroespacial, el Gobierno reportó que 131 de 386 aeronaves no estaban operativas y que la disponibilidad general para volar rondaba el 52 %. El fortalecimiento de estas capacidades es ahora uno de los asuntos que se busca abordar con Estados Unidos.Operación AMÓNDe manera independiente a la visita del general Donovan, la Operación AMÓN que se adelantó con bombardeos en zona rural de El Retorno, Guaviare, mantiene por ahora un balance preliminar de 12 muertos y dos capturados. Los resultados permanecen reservados y se espera que el presidente Abelardo De La Espriella entregue posteriormente el consolidado oficial de esta operación.
Uno de los temas que fueron relevantes durante la pasada campaña presidencial fue la discusión sobre el tamaño del Estado y la política de austeridad, especialmente luego de vivir la experiencia del liquidado Ministerio de Igualdad que llegó a tener cinco viceministerios, una gran cartera presupuestal y poca ejecución.Al llegar al Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella prometió que haría el recorte y la reducción del Estado. Es por eso que sorprendió, cuando se presentó el nuevo presupuesto -que actualmente discute el Congreso-, que el monto aumentase de $575 billones de pesos a $634,9 billones de pesos.El Gobierno ha justificado este aumento como un sinceramiento de cuentas, de que no solo hay que cumplir con gastos como las elecciones de 2027 y el pago de pensiones, así como cumplir los compromisos de deuda; pero aseguró que el reajuste se haría recortando inicialmente $21 billones de la vigencia actual, presentando una ley fiscal que elimine gastos por $40 billones de pesos y una posterior reducción del Estado que vendría en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2026-2030.Adicionalmente, esa es una de las funciones que el presidente De La Espriella delegó en el vicepresidente José Manuel Restrepo: impulsar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, para mejorar los servicios públicos.Esta semana en el Congreso se ha visto el desfile de funcionarios ante las comisiones económicas y las comisiones constitucionales solicitando recursos para su funcionamiento y es por eso que ya hay voces que quieren darle viabilidad a esa simplificación estatal.Una de esas iniciativas viene por parte de los senadores Julia Correa y Juan Caicedo del Centro Democrático, quienes buscan darle facultades extraordinarias al presidente durante 6 meses para que reorganice la estructura de la Administración Pública Nacional, eliminar duplicidades funcionales, corregir dispersión institucional, mejorar la coordinación entre entidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y fortalecer la eficiencia y eficacia de la función administrativa.Ahora este proyecto nace con el riesgo de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad: el artículo 150 de la Constitución establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno nacional, no pueden ser aprobadas por iniciativa propia del Congreso. Para evitar una inexequibilidad, los autores señalan que la ley está sujeta a que durante el trámite del proyecto el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presente la solicitud escrita pidiendo las facultades extraordinarias.La última vez que se hizo un plan de modernización del Estado fue en la era de Álvaro Uribe Vélez, que redujo de 16 ministerios a 13, lo que generó un ahorro inicial de 24 mil millones de pesos anuales, la liquidación y reestructuración de entidades como Telecom y Seguro Social, la venta de entidades como Bancafé, Granahorrar, Ecogas, lo que generó un ahorro total de $22 a $25 billones de pesos.
La declaratoria de urgencia manifiesta de la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una contratación temporal para atender la producción y suministro de las libretas. En ese escenario, una de las preguntas que surge es si Thomas Greg & Sons, empresa que durante años estuvo a cargo de este servicio, podría regresar.El abogado Nicolás Dupont, demandante en el proceso que llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a ordenar la suspensión provisional de los convenios relacionados con el nuevo modelo de pasaportes, se refirió al tema en entrevista con Mañanas Blu. Dupont señaló que la urgencia manifiesta permite a la Cancillería realizar una contratación inmediata con el objetivo de evitar una interrupción del servicio, aunque evitó anticipar que esa decisión tenga un destinatario específico: “Yo no me quiero anticipar a decir que la urgencia manifiesta tenga nombre propio”.Según explicó el abogado, la medida permite adoptar decisiones contractuales de manera inmediata ante la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. La Cancillería informó que la urgencia manifiesta fue declarada el 17 de septiembre de 2026 y que la contratación que se derive de ella tendrá carácter transitorio y estará limitada a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas.Tribunal mantuvo la suspensión de los conveniosLa decisión se produce después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara las solicitudes de aclaración presentadas frente a la medida cautelar que suspendió provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes.De acuerdo con la explicación entregada por Dupont en Mañanas Blu, varias de las partes habían solicitado al Tribunal precisar el alcance de la decisión. La Casa de la Moneda de Portugal pidió aclarar si la suspensión también cobijaba el convenio de cooperación con la Imprenta Nacional, mientras que la Cancillería y la Imprenta solicitaron orientación sobre las acciones que debían adoptar para garantizar la provisión de pasaportes.El abogado explicó que el magistrado consideró que la decisión era suficientemente clara y que no correspondía al Tribunal indicarle al Ejecutivo cómo debía cumplirla: “Si bien debe garantizar en los términos que dijo el tribunal la provisión de los pasaportes y la no interrupción de un servicio público esencial, está en manos del gobierno decidir de qué manera debe cumplirse esa orden respetando los derechos de las y los colombianos”.La Cancillería, por su parte, señaló que la urgencia manifiesta fue declarada precisamente para cumplir la orden judicial y garantizar que el servicio continúe sin interrupciones. El Ministerio aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantienen la atención y que las citas previamente programadas continúan vigentes.¿La urgencia manifiesta podría llevar de nuevo a Thomas Greg & Sons?La posibilidad de que Thomas Greg & Sons participe nuevamente en la expedición de pasaportes surgió durante la entrevista a Dupont, debido a que la figura de urgencia manifiesta permite realizar una contratación inmediata. Sin embargo, el abogado demandante evitó señalar que exista una decisión en ese sentido.Dupont agregó que antes de definir la alternativa debe revisarse el estado actual de la operación, el inventario disponible y los alcances de la orden judicial: “Creo que también deben, deben evaluarse como todas las circunstancias actuales y el estado actual en el que están, el stock que usted ya mencionó, y así como la orden judicial para determinar como que cuál es la mejor forma de proceder”.La información oficial de la Cancillería establece que la contratación derivada de la urgencia manifiesta será transitoria. Paralelamente, el Ministerio inició la estructuración de una licitación pública para atender de manera permanente la necesidad relacionada con la expedición de pasaportes.La discusión sobre el stock de pasaportesUno de los asuntos mencionados durante la entrevista fue el inventario de libretas de pasaportes entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional. La Cancillería había solicitado al Tribunal autorización para utilizar el stock existente mientras se definía una alternativa que permitiera garantizar la continuidad del servicio. Blu Radio informó que el trámite de una solución alternativa podría tardar alrededor de tres meses: Dupont sostuvo que no correspondía al Tribunal explicar al Ejecutivo cómo utilizar un inventario específico.Dupont pide información sobre el nuevo modelo de pasaportesOtro de los puntos señalados por Dupont está relacionado con la información sobre la operación del nuevo esquema de expedición de pasaportes. El abogado recordó que la medida cautelar no solamente exige garantizar la prestación del servicio, sino también entregar información sobre el funcionamiento del modelo implementado.Según explicó durante la entrevista, entre los datos que deberían conocerse están el lugar donde se imprimen las libretas y los mecanismos utilizados para su transporte y seguridad. “Nos dé una información que hasta el día de hoy no tenemos: dónde se están imprimiendo las libretas, con qué mecanismos de seguridad se están transportando”.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente los convenios relacionados con el nuevo modelo mientras continúa el proceso judicial iniciado mediante una acción popular presentada por Dupont. ¿Qué pasará con el nuevo pasaporte?Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la suspensión del nuevo modelo implicara regresar al diseño anterior del pasaporte colombiano. Dupont señaló que la decisión judicial no establece que deba retomarse un modelo específico de libreta: “La decisión del juez no implica regresar a cierto esquema de contratación y mucho menos especifica qué características debe tener el pasaporte que viene”.En ese sentido, planteó que la discusión no debería centrarse exclusivamente en regresar al documento anterior, sino en definir las características que deberá tener el pasaporte que se produzca bajo el esquema que finalmente adopte el Gobierno: “Me gustaría pensar menos en regresar a un pasaporte específico y más en avanzar hacia un pasaporte mejor, hacia el pasaporte que merece la ciudadanía”.
El número de incendios forestales en seguimiento en el país aumentó durante las últimas horas. Según el balance con corte a las 8:00 de la mañana de este viernes 18 de septiembre, 22 emergencias permanecen bajo monitoreo; 14 están activas y ocho controladas.Frente al reporte de las 6:00 de la tarde del jueves, cuando había 18 incendios en seguimiento, la cifra aumentó en cuatro. Los casos activos pasaron de 12 a 14, mientras que los controlados subieron de seis a ocho.Tolima continúa concentrando la mayor cantidad de emergencias activas, con ocho, ubicadas en Ataco, Villarrica, Prado, Villahermosa, Armero, Ortega, Alvarado y San Luis.En Cundinamarca permanecen activos los incendios de Topaipí y Nilo; mientras que en Valle del Cauca continúan los de Guadalajara de Buga y Cali. A estos se suman los reportados en Santander de Quilichao, Cauca, y Mallama, Nariño.Uno de los cambios frente al balance anterior se registra en Paime, Cundinamarca, donde el incendio que permanecía activo en la vereda San Santuario ahora permanece como controlado, al igual que el caso en San Juan de Rioseco.Los otros incendios controlados se encuentran en Huila, Santander y Tolima. En este último departamento hay cuatro bajo esta condición, además de los ocho que continúan activos.
El Gobierno nacional sigue autorizando traslados en las diferentes cárceles del país, con miras a reducir delitos como la extorsión, y en esta ocasión fue incluido entre esos reclusos Digno Jose Palomino Rodríguez, quien es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la banda criminal Los Pepes, que tiene injerencia en todo el Atlántico.Palomino estaba privado de la libertad en la cárcel Picaleña, en Ibagué, pero el pasado 10 de septiembre llegó una carta hasta esta penitenciaría, autorizada por el Director Nacional del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en la que se informaba su envío hacia el penal de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.La medida fue destacada inicialmente por los comerciantes en el Atlántico, siendo estos las víctimas más usuales de las estructuras delincuenciales. Orlando Jimenez, director de Undeco en el departamento, apunta que dichos movimientos les generan tranquilidad.“Hemos padecido el flagelo de la extorsión en los últimos 8 años. Es una zozobra y angustia la que viven los comerciantes por las visitas, panfletos, intimidaciones con disparos a los negocios o intento de incinerar los mismos, Ojalá que cese la horrible noche y se pueda volver a lo que éramos”, indicó.En ese nuevo lugar no estará solo, pues también fue solicitado el traslado de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, otro de los presuntos líderes de la banda Los Pepes y con quien hace unas semanas envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella manifestando su voluntad de someterse a la justicia.Le puede interesar: Cilindro con mensaje amenazante contra el Inpec obliga a cerrar vía a cárcel de Palogordo en GirónEn esa carta hablaban de un supuesto abandono de la violencia, junto con un cese al fuego y compromiso de las víctimas, pero 15 días después aún no reciben una respuesta del Gobierno Nacional.Entre tanto, expertos en seguridad como Alejandro Blanco califican esas intenciones como fallidas: “Se ha endurecido el tratamiento, particularmente con algunos cabecillas que están privados de la libertad y que tienen como origen el Caribe colombiano. Esto, básicamente, bajo el entendido de que muchos de ellos siguen delinquiendo desde las cárceles. La decisión es coherente con lo que el presidente Abelardo De La Espriella ha venido proponiendo desde su campaña”.Ahora mismo, Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro se encuentran en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de los últimos trámites para su traslado hacia Santander. Recordemos que, esta semana, también fueron ordenados traslados en Valle del Cauca.
En Soledad fue capturado Víctor Rafael Acosta Bocanegra, de 39 años, quien era requerido por la justicia para cumplir una condena por el delito de hurto calificado en circunstancias de agravación punitiva.El procedimiento lo lideró el CTI de la Fiscalía y, de acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, cuando Acosta Bocanegra se desempeñaba como pagador de la empresa Puro Pollo.Según el expediente, al parecer, aprovechó su acceso al manejo de los recursos de la compañía para realizar autoconsignaciones y transferencias de dinero hacia cuentas bancarias de Davivienda y BBVA, utilizando nombres de terceras personas y registrando su propio número de cédula.Le puede interesar: El ‘hackeo’ que terminó en desfalco de $6.500 millones a empresas de telecomunicacionesEsta modalidad habría generado una afectación patrimonial superior a los 600 millones de pesos.Un juez lo declaró culpable y le impuso una condena de ocho años y cinco meses de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término.Otro caso En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana capturó en el barrio Santo Domingo a alias ‘El Cocorra’, de 28 años, quien presuntamente estaría vinculado al grupo delincuencial ‘Los Pepes’.Durante el allanamiento fueron incautadas más de 130 dosis de sustancias estupefacientes, entre base de coca y marihuana, además de dinero en efectivo que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con esta actividad criminal.Al parecer, alias ‘El Cocorra’ cumpliría funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes. Por eso, ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con la droga incautada.