La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) lanzó una advertencia sobre las interpretaciones equivocadas que pueden surgir al comparar directamente las cifras de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), dos herramientas que cumplen funciones distintas dentro del análisis del mercado laboral colombiano.La entidad respondió a un estudio académico de la Universidad de Antioquia y explicó que la PILA no fue diseñada para medir la formalidad laboral del país, sino para registrar los aportes efectivamente realizados al Sistema de Protección Social. Por esta razón, sus cifras reflejan el comportamiento de las cotizaciones a salud, pensión y otros subsistemas, bajo criterios operativos específicos.En contraste, la GEIH, elaborada por el DANE, recopila información a partir de las respuestas de los ciudadanos sobre su situación laboral en un momento determinado. Esto significa que mientras la encuesta muestra cómo las personas perciben y reportan su empleo, la PILA registra pagos reales efectuados al sistema, lo que genera diferencias metodológicas naturales entre ambas fuentes.La UGPP enfatizó que estas diferencias no representan inconsistencias ni errores en los datos. Por el contrario, señaló que se trata de herramientas complementarias que ofrecen perspectivas distintas sobre el mercado laboral. Una permite conocer las características del empleo y la otra monitorea el comportamiento de los aportes a la seguridad social.Ante el debate generado, la entidad hizo un llamado a interpretar las estadísticas con rigor técnico y a reconocer el alcance de cada fuente de información. Según la UGPP, comparar sin contexto los registros de la PILA y la GEIH puede conducir a conclusiones erróneas sobre la formalidad laboral en Colombia y generar alertas que no cuentan con el respaldo metodológico necesario.
Miles de pensionados en Colombia ya empiezan a revisar el calendario para conocer cuándo recibirán la anhelada mesada 14, un beneficio económico adicional que solamente recibirán algunos jubilados del país.Aunque muchas personas creen que este pago llegará al bolsillo de todos los pensionados, lo cierto es que no. De acuerdo con la legislación colombiana, solo algunos grupos de pensionados conservan este derecho, especialmente quienes pertenecen a regímenes especiales o porque alcanzaron su pensión antes de determinados cambios de la ley.De acuerdo con lo revelado por Colpensiones, los pagos se llevarán a cabo entre el 15 y 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el pago de la prima de servicios de los trabajadores en Colombia.Mesada 14 en Colombia: quiénes recibirán el pago adicional en junioLa mesada 14 corresponde a un pago adicional que equivale al valor completo de la pensión mensual que recibe el trabajador ya jubilado. Es decir, si un pensionado recibe $3 millones de mesada al mes, esa misma suma la recibirá como beneficio adicional durante junio.Sin embargo, este pago no será para todos los pensionados del sistema colombiano. La norma indica que el beneficio se mantiene solo para ciertos sectores y personas que adquirieron el derecho antes de las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005.Por lo tanto, entre quienes conservan el beneficio aparecen integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y docentes del sector público.Colpensiones confirmó fechas de pago de mesada 14Según lo reveló Colpensiones, los pagos se realizarán desde la segunda mitad de junio y se extenderán hasta finalizar el mes.La entidad recordó que los pensionados no deben realizar trámites adicionales para recibir el dinero, solo deben cumplir las condiciones que exige la ley.Eso sí, la entidad destacó que el pago se verá reflejado en el cronograma habitual de consignaciones, por lo que los beneficiarios podrán revisar sus cuentas bancarias o canales oficiales de consulta para confirmar la fecha del desembolso.Quiénes son los beneficiados con la mesada 14La mesada 14 fue limitada desde hace varios años tras cambios constitucionales que eliminaron progresivamente el beneficio para nuevos jubilados.Las personas del régimen común solo pueden recibirla si obtuvieron su pensión antes del 25 de julio de 2011 y siempre que el valor de la jubilación no supere los tres salarios mínimos mensuales.Una medida que ha generado molestia en gran parte de los beneficiados, quienes no consideran equitativa la norma, pues los pensionados posteriores a esa fecha solo reciben la mesada 13 en diciembre, así como todos los jubilados que disfrutan de la llamada prima de Navidad.
Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró este jueves que el Gobierno Nacional contempla “todas las medidas que sean necesarias” frente a la negativa de los fondos privados de pensiones de trasladar recursos a Colpensiones, en medio de la controversia jurídica que rodea la implementación parcial de la reforma pensional.Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Hacienda defendió la posición del Ejecutivo frente al traslado de 6,6 billones de pesos correspondientes a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y que actualmente reciben mesadas por parte de Colpensiones. Sus declaraciones se producen luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto que reglamentaba dichos traslados.“Están consideradas todas las medidas que sean necesarias. Creemos que hay una obligación de parte de los fondos privados de cumplir con estos traslados”, afirmó Ávila.El choque entre Colpensiones y las AFPEl debate gira en torno al artículo 76 de la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la iniciativa permanece bajo revisión de la Corte Constitucional, ese apartado sigue vigente y permitió que miles de afiliados solicitaran el traslado desde los fondos privados hacia Colpensiones.Según cifras entregadas por el ministro, en los últimos meses se han registrado más de 132.000 solicitudes de traslado, lo que equivale a “una persona cada dos minutos” pidiendo pasar al régimen público. De ese total, alrededor de 24.000 ciudadanos ya estarían siendo atendidos por Colpensiones, mientras que otros 8.000 habrían cumplido los requisitos para pensionarse.Ávila cuestionó duramente la postura de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), señalando que mantienen retenidos recursos que pertenecen a ciudadanos que ya no hacen parte de ese régimen.“¿Cómo es posible que se trasladen las personas, lleguen a Colpensiones, Colpensiones atienda el cumplimiento de su mesada pensional y los fondos privados se queden con los recursos de sus propios ahorradores?”, cuestionó.Posible intervención y revisión administrativaAunque el ministro evitó confirmar una decisión concreta, dejó abierta la posibilidad de medidas extraordinarias respecto a los fondos de pensiones. “No es necesario anticiparnos a situaciones excepcionales”, respondió inicialmente, aunque reiteró que tanto el Ministerio de Hacienda como la Superintendencia Financiera adelantan revisiones detalladas sobre el manejo de los recursos pensionales por parte de las administradoras privadas.La declaración ocurre días después de que la Superfinanciera anunciara investigaciones administrativas relacionadas con el traslado de afiliados y los recursos correspondientes. El organismo informó que más de 32.800 afiliados ya consolidaron su derecho pensional, mientras que más de 24.000 reciben actualmente sus pagos desde Colpensiones.El tamaño del sistema pensionalDurante la entrevista, Ávila insistió en que los fondos privados administran actualmente cerca de 551 billones de pesos, una cifra superior incluso al Presupuesto General de la Nación para este año, calculado en 546 billones.“El Gobierno está pidiendo que trasladen apenas el 1,2 % de los recursos administrados”, señaló el ministro, quien calificó de “desproporcionada” la reacción de las AFP frente al requerimiento estatal.Asimismo, defendió el papel financiero del Estado en el sostenimiento del sistema público de pensiones. Según explicó, el Gobierno destina anualmente cerca de 33 billones de pesos para cubrir las obligaciones de Colpensiones, cuyo costo total ronda los 70 billones. “El Estado está colocando una cantidad muy grande de recursos para atender el sistema pensional”, enfatizó.La incertidumbre jurídica de la reforma pensionalEl panorama sigue marcado por la incertidumbre legal. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que ordenaba los traslados de recursos, mientras la Corte Constitucional aún no emite una decisión definitiva sobre la reforma pensional aprobada por el Congreso.Pese a ello, el ministro defendió que actualmente la Ley 100 continúa vigente y que esa norma establece claramente que una persona no puede estar afiliada a un régimen mientras sus recursos permanecen en otro.Crece la presión sobre el sistema privadoLas declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las AFP. Desde sectores cercanos al Ejecutivo se insiste en que los fondos privados estarían generando un ambiente de desconfianza dentro del sistema pensional. Ávila incluso aseguró que la postura de las administradoras podría incentivar nuevos traslados hacia Colpensiones.“Están acumulando razones para que los cotizantes del sistema pensional tengan mayores motivos para hacer el traslado al sistema público”, advirtió. Mientras tanto, el Gobierno mantiene garantizado el pago de las mesadas para los pensionados ya trasladados, aun si persiste el bloqueo judicial sobre los recursos reclamados a las AFP.
El presidente Gustavo Petro anunció nuevas medidas regulatorias y posibles acciones penales contra los fondos privados de pensiones, luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el traslado de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.Durante el más reciente Consejo de Ministros, el mandatario aseguró que el Gobierno expedirá nuevos decretos y resoluciones para proteger los recursos pensionales y defender lo que calificó como el ahorro público administrado por entidades privadas.“Voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público”, afirmó el jefe de Estado durante la reunión ministerial.Petro cuestiona decisión del Consejo de EstadoEl Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0415 de 2026, norma que ordenaba el traslado de recursos desde las AFP hacia Colpensiones para afiliados que cambiaron de régimen tras la reforma pensional. El alto tribunal argumentó que el Gobierno habría excedido sus competencias al definir el destino de esos recursos sin autorización expresa del Congreso.Frente a esa decisión, el presidente Petro sostuvo que el tribunal “prejuzgó” el decreto antes de estudiarlo a fondo y aseguró que hubo actuaciones por fuera de la ley. Las declaraciones del mandatario generaron reacciones dentro de la rama judicial. Según se conoció, distintos tribunales acusaron al presidente de descontextualizar las decisiones judiciales y de deteriorar la confianza institucional mediante sus pronunciamientos públicos.Además, las altas cortes advirtieron que ese tipo de mensajes pueden derivar en señalamientos y hostigamientos contra jueces y magistrados que actúan conforme a la ley.Gobierno anuncia acciones administrativas y penalesEl presidente también lanzó fuertes advertencias contra los fondos privados de pensiones. Petro aseguró que las AFP incumplieron el traslado de recursos correspondientes a pensionados que cambiaron de régimen y afirmó que el Ejecutivo actuará si no se realizan los giros.“Si los fondos privados no devuelven los ahorros conforme a las sentencias de la Corte Suprema, se iniciarán acciones administrativas y penales”, indicó el mandatario.El jefe de Estado también le pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia actuar contra funcionarios de las tres ramas del poder público que, según dijo, hayan violado el artículo 76 de la reforma pensional. Petro sostuvo que ese artículo sigue vigente y ordenó a la Superintendencia Financiera adoptar medidas inmediatas frente al caso.En ese contexto, la SuperFinanciera abrió investigaciones contra varios fondos privados por el presunto incumplimiento en el traslado de $8,7 billones correspondientes a 32.803 afiliados que debían pasar a Colpensiones.Las fechas y montos del traslado suspendidoEl Decreto 0415 de 2026 establecía que las AFP debían trasladar aproximadamente $25 billones correspondientes a unos 120.000 afiliados que cambiaron de régimen con la reforma pensional.Según la reglamentación suspendida, las personas que aún no tenían consolidada su pensión debían recibir el traslado del 50 % de los recursos antes del 10 de mayo de 2026 y el restante 50 % antes del 20 de mayo.Para quienes ya tenían consolidado el derecho pensional, el plazo máximo para transferir la totalidad de los recursos vencía el pasado 5 de mayo. Petro aseguró que los fondos privados ya habían anunciado transferencias por cerca de $5 billones, pero sostuvo que esos recursos finalmente no fueron consignados debido a la medida cautelar del Consejo de Estado.Petro advierte que los fondos privados “van a quebrar”Durante el mismo Consejo de Ministros, el presidente lanzó nuevas críticas contra el sistema privado de pensiones y afirmó que las AFP enfrentan una crisis financiera.Según Petro, cálculos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla indican que los egresos de recursos de los fondos privados ya superan los ingresos desde la aprobación de la reforma pensional. El mandatario aseguró además que las utilidades de las administradoras privadas han disminuido y afirmó que estas entidades buscan “sobrevivir” frente al impacto que tendría la reforma sobre el modelo actual.Incluso, el presidente advirtió que si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional aprobada por el Congreso, los fondos privados “quiebran de una vez”. Finalmente, el mandatario comparó la situación de las AFP con la crisis financiera que atraviesan las EPS y aseguró que el Gobierno prepara nuevos controles y medidas sustentadas en el mismo artículo constitucional que, según él, continúa vigente.Escuche aquí el informe:
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en entrevista con Néstor Morales en En medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes por las decisiones relacionadas con la reforma pensional y otros temas de alto impacto político, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, marcó distancia frente al tono utilizado desde algunos sectores del Gobierno y aseguró que preferiría “otro tono” en las discusiones públicas entre las ramas del poder.Durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que el ambiente institucional atraviesa un momento complejo, aunque insistió en que las relaciones entre el Ministerio y las cabezas de las cortes continúan siendo “armónicas, fluidas y respetuosas”.Las declaraciones del ministro llegan luego de varios pronunciamientos del presidente Petro contra magistrados y jueces, especialmente por las decisiones judiciales que frenaron aspectos relacionados con el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.“Preferiría que el lenguaje fuera en otro tono”Cuervo admitió que no comparte el nivel de confrontación pública que se ha evidenciado en los últimos días y sostuvo que las diferencias jurídicas deben tramitarse mediante argumentos y recursos legales, no a través de ataques personales.“Yo preferiría que el lenguaje institucional de todos los que hacemos parte del Gobierno fuera en otro tono”, afirmó el ministro durante la conversación radial.El funcionario explicó que, aunque tiene profundas diferencias jurídicas frente a algunas decisiones del Consejo de Estado relacionadas con la reforma pensional, considera que la vía correcta es acudir a mecanismos institucionales.“Uno puede ser muy duro con los argumentos en el ámbito jurídico, pero yo sí creo que el tono de la discusión a nivel público y a nivel personal debe ser distinto y siempre orientado a preservar la armonía institucional entre las ramas del poder público”, señaló.La controversia por los fondos pensionalesUno de los puntos centrales de la entrevista fue la discusión sobre la suspensión del traslado de recursos de los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, tema que ha generado un fuerte choque entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado.Cuervo explicó que existen dos escenarios distintos dentro de la controversia jurídica. El primero corresponde a ciudadanos que todavía no consolidan los requisitos para pensionarse y cuyos recursos continúan administrados por los fondos privados. Sobre ese punto, aseguró que la decisión judicial le parece razonable.Sin embargo, expresó reparos frente al segundo auto del Consejo de Estado, relacionado con personas que ya consolidaron edad y semanas para acceder a la pensión tras acogerse a la denominada “ventana de oportunidad”.“Es apenas lógico que si usted se trasladó y ya le van a tener que pagar su pensión porque consolidó su edad, pues esa plata tiene que estar en Colpensiones”, sostuvo el ministro.El titular de Justicia cuestionó además que el Consejo de Estado haya utilizado normas de la reforma pensional que actualmente se encuentran suspendidas por la Corte Constitucional.“Eso jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Cuervo al referirse a la decisión judicial.Relaciones con las cortes y la Fiscalía siguen “fluidas”A pesar de la tensión política, el ministro insistió en que el trabajo institucional continúa desarrollándose con normalidad. Según explicó, recientemente sostuvo conversaciones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de Estado y la fiscal general.“En lo que tiene que ver con mi relación como ministro de Justicia con las cabezas de las altas cortes y con la fiscal sigue siendo armónica y fluida y respetuosa”, indicó.Cuervo señaló que su papel dentro del Gobierno consiste precisamente en facilitar el diálogo entre las ramas del poder público y contribuir a la construcción de consensos, especialmente en momentos de polarización política.El ministro también recordó que recientemente participó en discusiones relacionadas con la jurisdicción agraria en el Congreso, donde ayudó a acercar posiciones entre distintas bancadas.Debate por órdenes de captura y paz totalOtro de los temas abordados durante la entrevista fue la controversia sobre la suspensión de órdenes de captura a integrantes del Clan del Golfo en el marco de la política de paz total del Gobierno.Cuervo explicó que la Fiscalía busca mayores garantías y pruebas sobre la voluntad de desmovilización de los integrantes de esas estructuras antes de proceder con la suspensión de las órdenes judiciales.“El problema es de aquí al 26 de junio porque la Fiscalía pide más evidencia de lo que exige la ley: voluntad de desmovilización”, detalló el ministro.El funcionario precisó que situaciones similares ya ocurren con otros actores armados, como alias “Araña” y miembros del grupo Comuneros, cuyos procesos también contemplan beneficios condicionados dentro de las negociaciones de paz.
El presidente Gustavo Petro volvió a protagonizar un fuerte enfrentamiento con distintas instituciones del Estado, esta vez por dos controversias que han elevado la tensión entre el Gobierno, la Fiscalía y las altas cortes: la negativa de suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo y la decisión judicial que frenó el traslado de recursos de fondos privados de pensiones a Colpensiones.Fiscalía negó levantar órdenes de captura contra cabecillas del Clan del GolfoLa primera disputa se originó tras la solicitud realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa organización criminal y solicitado en extradición por Estados Unidos.La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió que su despacho revisó individualmente cada caso y decidió no levantar las órdenes de captura. Además, aclaró que las denominadas zonas de ubicación temporal no implican la suspensión automática de investigaciones penales ni autorizan a los integrantes de ese grupo armado a quedar sin requerimientos judiciales.Desde Timbiquí, Cauca, el presidente Petro cuestionó públicamente la decisión y aseguró que las zonas de concentración son legales y dependen de la Presidencia de la República: “Y hay zonas de concentración pactándose, y las zonas de concentración son legales, y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar”, afirmó el mandatario.El jefe de Estado también señaló que no fue consultado sobre el listado de personas incluidas en la solicitud para levantar las órdenes de captura, lo que fue interpretado como una desautorización pública al alto comisionado para la paz, Otty Patiño.Nueva confrontación por el traslado de recursos a ColpensionesLa segunda controversia gira en torno a la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. La medida fue frenada por el Consejo de Estado, decisión que generó fuertes críticas del presidente Petro.En un discurso desde el Cauca, el mandatario acusó al presidente de Asofondos y cuestionó la decisión judicial.“El magistrado y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia. Como me corresponde por la ley”, aseguró Petro.Las declaraciones provocaron respuestas inmediatas desde las altas cortes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, defendió la legitimidad de las decisiones judiciales y pidió tramitar las diferencias institucionales dentro de los canales democráticos.“Es normal que se puedan presentar, digamos, en un marco de diálogo institucional, algunas tensiones. Y bienvenida la diferencia y las críticas dentro de ese diálogo, pero lo que no es normal es que se agreda a una de las ramas del poder público o a la justicia”, manifestó Lenis.Por su parte, la vicepresidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo, advirtió sobre el impacto de los ataques contra las instituciones judiciales.“Cuando las instituciones se atacan de manera arbitraria sin que haya ni siquiera una prueba, eso va generando que se vaya minando la confianza”, afirmó la magistrada.Gobierno impulsa “tutelatón” por traslado de afiliadosEn medio de la controversia, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, planteó la posibilidad de que los afiliados acudan masivamente a acciones de tutela para lograr el traslado de fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón”, señaló el funcionario.El Consejo de Estado aclaró posteriormente que la suspensión del decreto no afecta el pago de las mesadas pensionales, luego de advertencias realizadas desde el Ejecutivo sobre eventuales riesgos para los pensionados.Altas cortes y Registraduría alertan por ataques al proceso electoralLas tensiones también alcanzaron el escenario electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió respaldo de magistrados y organismos de control frente a cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.El vicepresidente de la Corte Suprema, Hugo Quintero Bernate, alertó sobre discursos que podrían afectar la confianza ciudadana en las elecciones.“Las elecciones funcionan sin problema. El gran problema que hoy pasa en el país, y la Corte lo ha advertido varias veces”, expresó el magistrado.A su vez, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, defendió la labor de la Registraduría y pidió prudencia frente a las críticas.“Es válido tener dudas, lo que sí no me parece válido es sembrar dudas, desconfianza y presumir mala fe”, afirmó. Desde la Registraduría, el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, aseguró que el software de escrutinio cuenta con garantías suficientes y mecanismos de control técnico para las elecciones que se aproximan.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recomendó que los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones que presenten acciones de tutela de manera masiva, para reclamar la protección de sus derechos.La propuesta surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de trabajadores que deseaban pensionarse en el sistema público.Según explicó el ministro, además de las tutelas que podrían interponer los ciudadanos, el Gobierno también adelantará acciones jurídicas de distinta índole para intentar garantizar el traslado de los recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, afirmó Sanguino.La controversia se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público de pensiones.El ministro aclaró que, aunque el traslado de los recursos aún no se ha concretado, el Gobierno cuenta con el dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones de las personas que ya realizaron el cambio a Colpensiones y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.Actualmente existen dos grupos de afiliados involucrados en este proceso. El primero corresponde a quienes ya habían logrado trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El segundo está conformado por las personas que, según lo establecido en la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.La reforma pensional establece que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos deben cotizar en Colpensiones. Sin embargo, la constitucionalidad de esa norma todavía está siendo estudiada por la Corte Constitucional, alto tribunal que deberá decidir si declara exequible la reforma o la invalida total o parcialmente, de acuerdo al estudio de varias demandas.
El Consejo de Estado aclaró que la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 no afecta el pago ni la seguridad de las pensiones de los colombianos, luego de que desde el Gobierno se afirmara públicamente que una decisión judicial impedía cumplir con esas obligaciones.De acuerdo con el alto tribunal la medida cautelar no suspendió los recursos pensionales ni bloqueó su disponibilidad. La decisión se limitó a frenar temporalmente un cambio en el destino de esos dineros, al considerar que el Gobierno habría excedido sus competencias constitucionales.“El Consejo de Estado no se pronunció sobre el dinero de las pensiones, solo le dijo al Gobierno que había sobrepasado sus límites al decidir, sin permiso del Congreso, qué hacer con esos recursos”, señaló el alto tribunal.Este pronunciamiento se da tras el comunicado conjunto de los ministerios de Trabajo y Hacienda en donde señalaron que la decisión provisional impedía avanzar en el manejo de los recursos pensionales.Durante todo este martes las altas cortes cerraron filas para entrar en defensa del alto tribunal tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra de la decisión del freno provisional al decreto que ordenaba el traslado de los ahorros pensiónales, 25 billones de pesos, desde los fondos privados hacia Colpensiones.La corporación más temprano a través de un comunicado respondió a la arremetida del jefe del Estado y lo señaló de usar un “tono incendiario” deterioran la confianza institucional y debilitan el estado de Derecho.“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, aseguró el alto tribunal.
El presidente Gustavo Petro respondió a la Corporación Excelencia para la Justicia que pidió protección internacional para la rama judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras arremetida del mandatario contra el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.A través de su cuenta de X el mandatario escribió: “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”.El mandatario ha cuestionado esta decisión al igual que su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esto podría afectar el pago de las siguientes mesadas de quienes se pensionaron y ya se trasladaron.En respuesta, este tribunal manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho."Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", expresó el consejo en un comunicado.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
Este fin de semana, el municipio de Puerto Gaitán, conocido como el "Paraíso Natural" del departamento del Meta, abre sus puertas para la edición número 37 del Festival y Reinado Internacional de la Cachama.El evento, que inició hoy, viernes 26, e irá hasta el domingo 28 de junio de 2026, promete una experiencia inmersiva en la riqueza cultural, folclórica y gastronómica de los Llanos Orientales.El festival no solo celebra la música, sino que rinde homenaje a las raíces productivas de la región. Uno de los puntos focales de la agenda es el Concurso de Pesaje de la Cachama, programado para el sábado 27 de junio al mediodía. Esta competencia, que se celebrará en la Tarima de la Llaneridad, destaca la importancia de este pez en la economía y la dieta local, convirtiéndose en un símbolo de identidad para los pescadores del río Manacacías.La organización le ha apostado a una mezcla equilibrada entre talentos regionales y figuras de renombre internacional. El punto más alto de la programación musical será la presentación de Grupo Firme, que subirá a la tarima principal la noche del sábado 27 de junio. Junto a ellos, una nómina de artistas de primer nivel complementa la oferta musical, como Alex Manga, Joaquín Guiller, Aries Vigoth, Los Inquietos del Vallenato, Milena Benites, Hermanos Ariza Show, Wilton Gámez y Edwar El Ministro.El evento, que se desarrolla en distintos puntos estratégicos del municipio, ofrece una agenda diversificada, con actividades culturales que van desde alboradas y concursos de música llanera hasta el tradicional reinado, que culminará el domingo con la velada de elección y coronación.También cuenta con deportes de aventura y tradición, como el torneo de coleo, competencias de río y pruebas de motor fuera de borda, que invitan a los visitantes a conectar con la vida ribereña.Asimismo, hay espacios dedicados al emprendimiento y la gastronomía regional, que permiten a los asistentes conocer de primera mano los productos locales.