El Senado acogió el texto aprobado por la Cámara de Representantes en la noche de este miércoles y que no tuvo cambios con la ponencia presentada en la cámara alta.
Penagos también aseguró que la organización no puede realizar la reimpresión de los tarjetones y que no hay capacidad logística para hacer esos cambios a tan pocos días de la realización del certamen electoral.
La gran incertidumbre es sobre si la Registraduría deberá realizar una reimpresión de los tarjetones, en el que se haga una modificación de los logos de los partidos que participan en la consulta y si se retira la foto de Quintero.
Esta decisión del CNE obliga a la Registraduría a reimprimir cerca de 39 millones de tarjetones y a la destrucción del material que ya estaba listo para ser distribuido en todo el país.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones señala que una alocución se deberá notificar cuatro horas antes y debe garantizar criterios de excepcionalidad, urgencia, no recurrencia, limitación temática y temporal.
Se espera que la CRC aclare el mecanismo de control —previo, concomitante y posterior— ordenado por el Consejo de Estado, que podría restringir las alocuciones que no cumplan los requisitos legales.
La Ley 2460 de 2025 actualiza la normativa de salud mental para establecerla como un derecho que garantiza la prevención, promoción y atención integral digna y oportuna.
Aunque Barreras no ha oficializado su aspiración, está por descontado que será uno de los candidatos presidenciales de la coalición de sectores liberales, centro-izquierda e izquierda que realizará consulta interpartidista en marzo de 2026.
La nueva fecha será anunciada en los próximos días, pero sostienen los partidos que la agenda se mantendrá “el mismo espíritu de diálogo, análisis y unidad que caracteriza este espacio”.
Entre suspensiones por recusaciones, conflictos de competencias y suspensiones por decisiones de la secretaría de la Comisión o vacancia colectiva, el proceso se ha detenido cerca de 18 meses. Los representantes investigadores insisten en que han avanzado más que cualquier investigación y que para noviembre proyectarán una decisión final que finalice la investigación preliminar.
Según la demanda, la medida proferida por el Presidente Petro vulnera el principio de proporcionalidad, afecta exportaciones, empleo, regalías y golpea la estabilidad de las regiones carboniferas.