La muerte de una joven de 23 años en una discoteca del norte de Cali, luego de participar en un reto de consumo extremo de licor, abrió un debate sobre la responsabilidad penal y moral de los establecimientos que promueven este tipo de actividades.
En Nariño, el grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano completó la destrucción de más de 10 toneladas de material de guerra como parte de su proceso de diálogo con el Gobierno.
En el resguardo indígena del Gran Mallama, en Nariño, comenzó la preconsulta para crear una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el grupo Comuneros del Sur. El proceso busca avanzar hacia la paz territorial.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reprogramó para mañana la sesión en la que debía decidir si mantiene la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia. La postergación ocurre en un momento clave para el respaldo internacional al proceso de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó el beneficio de renuncia a la persecución penal a 133 miembros de la fuerza pública implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1999 y 2008 en el Catatumbo.
El informe “Cauca: voces que resisten 2024–2025”, presentado por la Defensoría del Pueblo, revela que el 25 % de los casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia se concentra en el Cauca.
Este jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU votará si extiende por un año más la Misión de Verificación en Colombia, que supervisa la implementación del acuerdo de paz de 2016.
Tras las fuertes críticas del presidente Petro al fallo que declaró indebido el uso de alocuciones presidenciales, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Luis Alberto Álvarez, respondió aclarando que la decisión no constituye censura.
La iniciativa, enmarcada en la Paz Total, ha generado debate entre quienes la ven como un paso hacia la reconciliación y quienes advierten posibles riesgos.
La oficina condena firmemente las privaciones de la libertad cometidas por grupos armados no estatales, recordando que estas prácticas están expresamente prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
A un mes de la primera sanción contra el exsecretariado de las Farc, las víctimas agrupadas en Fevcol denuncian que la JEP no las convocó para debatir las medidas.