Autoridades de Colombia y Brasil desarticularon una estructura criminal que extraía oro por USD 9,3 millones mensuales del río Puré, afectando ecosistemas y comunidades indígenas.
El general (r) Mauricio Santoyo, excomandante del Gaula en Medellín, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se le otorgue la libertad condicional.
El arzobispo de Popayán, monseñor Ómar Sánchez, alertó sobre la grave situación de orden público en el Cauca, donde 15 municipios enfrentan ataques, desplazamientos y un aumento del riesgo por minas antipersonal.
Aunque la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) participó en operaciones donde hubo civiles asesinados y reportados como bajas en combate, la JEP concluyó que sus tripulaciones fueron engañadas por el Ejército, que utilizó su apoyo aéreo para dar apariencia de legalidad a ejecuciones extrajudiciales.
Los oficiales son señalados por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, cometidos entre 2002 y 2007. La Sala de Reconocimiento estableció vínculos entre el Ejército y el Bloque Centauros de las AUC.
El registrador nacional, Hernán Penagos, alertó sobre riesgos de seguridad que podrían afectar las elecciones del próximo año y pidió un compromiso total de las instituciones y la fuerza pública para garantizar el proceso democrático.
La JEP rechazó las solicitudes de sometimiento presentadas por el exministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y por el exdirector del Dapre, Alberto Velásquez Echeverri.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó nuevas denuncias sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores en comunidades indígenas del Cauca.
Una denuncia ante la Procuraduría señala que un funcionario del sector minero-energético habría empleado su correo oficial para adelantar una notificación disciplinaria interna del Partido de la U, en un posible caso de intervención política y uso indebido de recursos públicos.