La nueva ley obliga la entrega de números marcados, grabaciones y formularios al CNE. Esto obliga a las firmas a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados y expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones.
La Registraduría Nacional respondió que no acepta experiencia por subcontratación, ya que busca asegurar que quien obtenga el contrato tenga plena responsabilidad técnica y legal sobre los servicios.
Los exjefes de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, firmaron un comunicado donde reconocen el daño causado.
El mandatario colombiano se refirió en su cuenta de X a los recientes audios que revelan un supuesto plan del excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder.
Entre los firmantes están la ANDI, comités intergremiales, la Fundación Corona, Fundación Mi Sangre, Transparencia por Colombia y hasta el Museo de Antioquia.
La postura del jefe de Estado surge después de que el exembajador Roy Barreras confirmara que el decreto para convocar la consulta popular se encontraba “congelado” a la espera de lo que ocurra en el Congreso.
Aunque el evento fue anunciado desde el 15 de mayo, la organización no logró controlar el ingreso de más de 50 mil asistentes, lo que superó ampliamente el aforo permitido en la plaza.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI, hicieron un llamado a las altas cortes y otras entidades.
En las revelaciones están las listas de los directivos a los que se les retuvo correos electrónicos, documentos físicos, incluso computadores, dispositivos móviles, tabletas con información de contratos, actas, correspondencia, registros financieros y borradores de cualquier documento relevante.
Esta vez lo hizo directamente, luego de que se presentaran críticas y cuestionamientos jurídicos a la radicación anterior, que había sido hecha por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.