Permanecieron 12 años en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que le dio paso a partir de este jueves a la nueva Comisión de Disciplina Judicial.
Así lo dice un borrador de decreto en el que se indica, por parte del Ministerio de Salud, que las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales podrán negociar, adquirir e importar la vacuna.
El anuncio del Gobierno Nacional se da luego que la Personería de Bogotá denunció que, por hacinamiento, había un alto riesgo de contagio de COVID-19 en estaciones de Policía de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Kennedy.
En una comunicación enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, el Ministerio Público le advirtió que no hay claridad sobre quién se hará responsable de los sistemas de información, si existe suficiente personal capacitado para vacunar y si está garantizada la cadena de refrigeración de las vacunas.
Carlos Albornoz fue condenado el pasado 18 de diciembre por irregularidades en la venta del centro comercial Villa Country, en Barranquilla. Deberá responder por los delitos de peculado y fraude procesal.
La grave denuncia reveló, por ejemplo, que en el Hospital de Suba no hay disponibilidad de ninguna cama UCI mientras que la Secretaría de Salud registró que hay 18. Hay serias inconsistencias entre el reporte de la Alcaldía y la realidad en los hospitales.
El hecho se presentó a las 7:00 de la noche de este lunes en la avenida Boyacá con calle séptima, en el barrio Castilla. La Policía le pidió al ciudadano que mató al supuesto ladrón que se entregue.
Para la Procuraduría, en el caso del exfiscal Moreno, se trata de un sentenciado a quien se deben brindar todas las garantías a fin de que continúe prestando su colaboración a la justicia.
La Procuraduría también dejó en firme la suspensión por un año a la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga por la falta de planeación para la construcción del tramo Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro en el departamento del Magdalena.
La Procuraduría confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años al cabo segundo del Ejército Carlos Alberto Betancourt Sánchez, quien vendió información reservada al hacker Andrés Sepúlveda.