El Tribunal precisó que la decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe ya fue aprobada, aunque su contenido permanecerá bajo reserva hasta que sea leída formalmente.
El ministro Montealegre sostuvo que la actuación del procurador podría configurar el delito de prevaricato por una investigación previa por un presunto acto de corrupción.
El procurador rechazó los recientes requerimientos enviados por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en los que solicitaba información sobre contenidos periodísticos y noticiosos.
Las investigaciones permitieron identificar un entramado de empresas fachada y movimientos financieros simulados, con los cuales se habrían blanqueado al menos 182.000 millones de pesos.