Tras una misión humanitaria hace dos semanas en el municipio de Murindó, Antioquia, las Diócesis de Quibdó y Apartadó, la Organización Campesina Integral del Atrato, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, encontraron que solo en ese municipio hay 2.200 personas confinadas con pocas ayudas humanitarias.
Explicaron que los habitantes de Turriquitadó Alto, que se componen de 25 familias que son 140 personas, tuvieron que salir de sus casas al iniciarse una disputa entre el ELN y las AGC que, incluso, instalaron minas antipersona dentro de las viviendas de la comunidad y al frente de la escuela. Al menos 20 personas quedaron atrapadas en la zona y se encuentran incomunicadas y confinadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Estas familias llegaron a Turriquitadó Llano, donde desde hace 5 semanas se encuentran esperando el cese de la violencia para regresar a su territorio.
El monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, explicó que las mayores necesidades de la comunidad son ayudas humanitarias y la protección colectiva. Esto, tras las constantes amenazas de desplazamiento por parte del ELN y un desminado territorial.
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Además, explicó que la Fuerza Pública debería tener ‘‘un distanciamiento total de los actores ilegales para que se garantice su labor de protección’’.
Amelicia Santa Cruz, consejera mayor de la Organización Indígena de Antioquia, pidió más solidaridad del país para calmar el miedo y el hambre de estas comunidades.
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"Es lamentable que en toda esta situación se encuentren de por medio niños y jóvenes indígenas, quienes no merecen ver esta guerra. Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional porque es muy triste que uno, en su propio territorio, tenga miedo y no pueda salir, y que solamente puedan caminar por el río porque esa es la orden que les han dado los grupos armados", dijo la consejera Santa Cruz.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, solamente este año se han presentado cuatro hechos de desplazamiento masivo por semana en todo el país afectando a 4.062 familias que son un total de 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas en la región del Pacífico.
Por otro lado, el representante de la Organización Nacional, Germán Valencia, aseguró que "el mejor acuerdo humanitario es el cumplimiento de los acuerdos de paz, además de cambiar el plan de radicación de los cultivos ilícitos de sus territorios por un plan Plan de sustitución".
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Finalmente, Valencia destacó la labor y seguridad que ha brindado la guardia indígena en medio de esta crisis humanitaria.
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