Una grave denuncia reveló la Personería de Medellín al asegurar que estudiantes estarían siendo víctimas de exigencia de favores económicos y sexuales por parte de ediles para aprobar sus horas de labor social que les permitiría condonar las deudas de sus créditos educativos.
El artículo 111 del Decreto 32 de 2023 establece que cuando el crédito de educación superior se adquiere con recursos públicos, vía Presupuesto Participativo, el servicio social debe prestarse en la comuna donde vive el beneficiario y avalarse con la firma por lo menos un edil.
Leonor Gaviria, líder del Observatorio de Participación Ciudadana de la Personería, manifestó que en el ambiente hay temor a denunciar por miedo a represalias pero que desde 2021 han recopilado por lo menos 50 quejas con este tipo de conductas.
En dos casos, ocurridos en la Comuna 2 - Santa Cruz y la Comuna 13 - San Javier, ya hay denuncias formales remitidas incluso a la Procuraduría General.
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A partir de estos casos, la funcionaria indicó que se encuentran realizando gestiones con la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia) y la Secretaría de Educación con el fin de buscar otras alternativas para que el servicio social prestado por los estudiantes sea homologado de otra manera.
La Personería indicó que desde el año 2021 han solicitado a Sapiencia información sobre las medidas que se han adelantado para evitar las situaciones denunciadas, pero según la agencia del Ministerio Público no se han tomado acciones efectivas para hacer frente a esa problemática.
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