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Judicializaron al exalcalde de Turbo y nuevamente aspirante al cargo, Alejandro Abuchar, y otros seis sindicados por conformar una supuesta red ilegal que se apropió de manera irregular de al menos doce predios baldíos en el Urabá antioqueño.
Según la Fiscalía, el denominado "Cartel de los Baldíos" lo encabezaba presuntamente el exmandatario quien estuvo en el cargo entre los años 2016 y 2019.
De hecho, según el ente investigador, él habría aprovechado su posición y su rol para conformar un entramado que les permitió adjudicarse doce lotes o terrenos de manera irregular.
Así lo narró el fiscal que presidió las audiencias preliminares en contra de Abuchar y otras seis personas.
"Se pudieron establecer cuatro eventos en los cuales, presuntamente, estos ciudadanos tuvieron esa participación en ese entramado que desencadena en adquisiciones de manera irregular o adjudicaciones de manera irregular por parte del Distrito de Turbo a estos ciudadanos", agregó.
A Abuchar, quien se entregó voluntariamente a la Fiscalía en el búnker de Medellín al conocer que había una orden de captura en su contra, le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, pero no los aceptó. También fueron imputados Diober Blanco Agamez, quien fue funcionario de su Alcaldía; Adan Córdoba, exdirector del Fondo de Vivienda de Interés Social, Fovis, Heiller Palacios, auxiliar del Fovis; Jineth Martinez Arcila, José David Valencia y Maira Alejandra Rovira Vargas, estos 3 beneficiarios de ese fondo.
"Esta conducta puso en riesgo la administración pública y se concertó ese riesgo en un resultado como quiera que esos bienes en la actualidad se encuentran en cabeza y en reposo del señor Alejandro Abuchar. Esto nos indica que se sabía que era un servidor público que desarrollaba esta conducta", aseveró el fiscal del caso.
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A pesar de lo expuesto por la Fiscalía, el juez Promiscuo de Necoclí que precedió las audiencias interpretó que las pruebas presentadas no eran suficientes para privar de la libertad a los procesados y los dejó en libertad. El ente investigador apeló esa decisión y por eso un juez de segunda instancia deberá determinar si mantiene la medida no privativa de la libertad o la modifica.
Luego de las audiencias, Abuchar se pronunció a través de sus redes sociales en una publicación en la que aseguró que pagó por cada lote a sus dueños legales y poseedores y argumentó, abro comillas: “Pude haberme equivocado en el proceso de legalización por desconocimiento de la norma, pero nunca me he quedado con nada que no sea mío, sin pagar su precio”.
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