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Niño embera de 13 años perdió una pierna por mina antipersona, al parecer sembrada por el ELN

El menor, junto a un maestro, cayó en un campo minado en el resguardo del río Munrindó, en Antioquia. Comisión Humanitaria constató graves violaciones a los Derechos Humanos en el Alto Baudó.

ELN
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Foto: AFP

La organización Indígena de Antioquia (OIA) confirmó el lamentable incidente en donde un menor indígena de 13 años perdió una de sus piernas, mientras que un profesor que lo acompaña tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Antioquia debido a la gravedad de las heridas. El caso se registró en juridiscción del municipio de Murindó.

La OIA culpó al ELN de sembrar este tipo de artefactos explosivos en los territorios del pueblo Emberá Eyábida. Según la organización, el grupo ilegal mantiene confinadas a unas 737 familias desde hace dos semanas cuando divulgó panfletos y mensajes de WhatsApp advirtiendo el peligro de transitar en sus propias tierras.

Sobre el caso, se pronunció Gustavo Vélez, consejero de derechos humanos de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (Onic).

"En este momento la zona más afectada es el pueblo embera, que está sufriendo estas atrocidades por causa de estas minas", declaró el vocero indígena.

De acuerdo con Vélez, todo indica que el menor y los adultos lesionados cayeron por accidente en el campo minado tras ser citados a una asamblea.

"En una comunidad cuando se cita a una asamblea, van mujeres, niños. Entonces al parecer es que estos compañeros tomaron el camino que no estaba libre de las minas y tuvieron ese error", afirmó.

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Escuche a Gustavo Vélez, de la Onic, en Mañanas BLU:

La OIA asegura que este conflicto territorial, en el que se disputan el dominio del narcotráfico y la minería ilegal el ELN y el Clan del Golfo, “pone en peligro el proceso organizativo, la jurisdicción espacial indígena, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho a la vida de nuestros indígenas”.

Informe de Misión Humanitaria

A propósito, este domingo se conoció un informe de la Misión Humanitaria que constató ocho graves violaciones a los derechos humanos en el Alto Baudó chocano, entre ellos la instalación de minas antipersonales, las amenazas y señalamientos a líderes y comunidades, y asesinatos selectivos.

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Según el informe, los habitantes de la región del Alto Baudó chocoano sufren graves violaciones a sus derechos y están sometidos a los rigores de la guerra entre facciones del ELN y comandos del Clan del Golfo que se disputan el control de los negocios ilícitos del narcotráfico y la minería ilegal.

Son cerca de 4.700 personas pertenecientes a la comunidad indígena Moamía que se encuentran confinadas desde hace dos semanas y toda esa zona fue declarada en urgencia manifiesta con la esperanza de que el Gobierno nacional preste atención a esa crisis humanitaria.

Desde que se conoció la situación, se conformó una comisión con observadores internacionales, representantes de las comunidades y la Iglesia católica para constar la situación y hacer recomendaciones urgentes al Gobierno y a los actores armados para poner fin a la violencia y mitigar los efectos de la guerra.

La comisión documentó graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario:

  1. Control social y territorial por parte de los actores armados.
  2. Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
  3. Instalación de minas antipersonales.
  4. Amenazas y señalamientos a líderes y comunidades.
  5. Asesinatos selectivos y el homicidio de Luz Ayda Conchave Lana en el contexto de enfrentamientos entre actores armados al interior de la comunidad indígena de Miácora.
  6. Violación a los reglamentos internos y a la autonomía de las comunidades.
  7. Limitación de la movilidad y la productividad.

La Comisión Humanitaria hace varios llamados, pero de manera separada, tanto al Gobierno nacional como a los entes territoriales, a los líderes políticos, los entes de control a la Fiscalía, a la Corte Constitucional, y a los propios grupos armados, para que se preste atención a la población, se brinde seguridad, acompañamiento y no se involucre a las cerca de 737 familias que viven atrapadas en un conflicto que apareció justo después de que las Farc abandonaran las armas y entregaran sus territorios al Estado colombiano.

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