Hasta el próximo 15 de octubre quedó fijada la suspensión en el cobro del polémico peaje Papiros para vehículos particulares, buses y microbuses (Categorías C1 y C2) otorgándose, además, tarifas especiales para los vehículos de carga pesada como camiones y tractomulas (C3 en adelante) tras la expedición de la nueva resolución por el Ministerio de Transporte este domingo.
En este sentido, para los vehículos de categoría C3 la nueva tarifa quedó en $8.000, mientras que los vehículos que hacen parte de la categoría C4 deben pagar $14.000. Para la categoría C5, la tarifa quedó fijada en $44.300, mientras que los vehículos de carga pesada que se encuentran dentro de la categoría C6 deberán pagar un valor de $59.500.
En lo que respecta a los vehículos en la categoría C7, la tarifa quedó en $66.000, según la tabla de valores aportada por el Ministerio de Transporte en la nueva resolución.
Eduardo Munarriz, líder transportador en el Atlántico, sostuvo que no están satisfechos con la noticia, pues las tarifas especiales sólo aplicarán para los vehículos que transiten sobre la intersección de la llamada ‘La Y de los Chinos’ hasta la carrera 46 con la Circunvalar de La Prosperidad.
"No estamos de acuerdo aún con el valor porque la ley 1287 dice que es por kilómetro recorrido y la distancia en la que nos encontramos contra la caseta de recaudo, versus la generación de carga, no oscila en un kilómetro. Sin embargo, seguiremos insistiendo en las mesas de trabajo que debemos concertar nuevas medidas para buscar una viabilidad financiera que no perjudique ni a la Ruta Costera ni al sector transportador en el Atlántico", explicó.
Contraloría designó Grupo de Vigilancia Fiscal en el Atlántico para revisar contrato de concesión del peaje Papiros.
La Contraloría General de La República anunció este fin de semana que revisará el contrato de concesión del polémico peaje Papiros con el objetivo de examinar los compromisos contractuales de la Ruta Costera, quienes se encuentran a cargo de la operación de la caseta de recaudo en Puerto Colombia, Atlántico.
El órgano de control señaló que, teniendo en cuenta que los recursos son del Estado, tendría la competencia en cuanto a la asignación de un grupo de Vigilancia Fiscal en el Atlántico para que haga la gestión de verificar el cumplimento de lo que se encuentra establecido en el contrato de concesión.
Asimismo, la Contraloría ratificó, una vez más, su compromiso con esclarecer la situación afirmando que les corresponde “atender cualquier inquietud relacionada con la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos en todos las niveles administrativos”.
"Aunque exista tarifa diferencial y otras medidas para las categorías el problema sigue radicando en la movilidad y el alto riesgo de accidentalidad. Por ello, acudimos a la Contraloría para la verificación de los contratos y buscar la alternancia en la academia para demostrarle a la ANI, ya sea por vías legales, que es oportuno el desmonte de la báscula y la reubicación de la caseta".
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