Como parte de lo que han denominado “una jornada de desobediencia pacífica”, desde este lunes, más de 1.300 internos de la cárcel de máxima seguridad de Valledupar decidieron declararse en huelga de hambre para protestar contra la “negligencia institucional” que, dicen, los ha convertido en víctimas de una violación sistemática de sus derechos humanos.
A través de un comunicado firmado por el Movimiento Nacional Carcelario, los privados de la libertad en la ‘Tramacúa’ reclaman, en primer lugar, que se mantengan abiertas las celdas y pasillos durante el día para que ellos puedan resguardarse del sol, pues deben permanecer “más de 10 horas a la intemperie y bajo temperaturas que alcanzan los 40 grados”.
En segundo lugar, piden que se adecúe la infraestructura del penal para garantizar las visitas íntimas, pues para tal propósito solo existen seis celdas en cada uno de los 12 pabellones y en total son más de 1.500 internos.
Los reclusos también claman una prestación oportuna y eficiente de los servicios de salud, en el que se les dé prioridad a las citas con especialistas y se garantice el suministro de medicamentos.
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Además, exigen una buena alimentación, pues afirman que están siendo sometidos “al consumo de alimentos de mala calidad, por debajo del gramaje reglamentario y por fuera de los horarios establecidos”.
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"La idea de ellos es llamar la atención de las autoridades que tienen que ver con el sistema penitenciario y carcelario y de los organismos de control para que haya compromisos serios, ya que estas peticiones han sido reiterativas, pero se les atiende con paliativos y terminan ocurriendo casos lamentables como muertes por desatención médica", expresó Patricia Obando, defensora de derechos humanos, que brinda acompañamiento al Movimiento Nacional Carcelario.
En total, ocho de los 12 pabellones de la ‘Tramacúa’ se sumaron a esta huelga de hambre para pedir, a su vez, “visitas familiares en condiciones dignas, precios justos en expendios, papelería y telefonía, y una eficiente prestación del servicio del área jurídica” para que los privados de la libertad puedan hacerle seguimiento a su proceso de reclusión.
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