La Fundación Santo Domingo abrió una convocatoria para jóvenes entre los 18 y los 28 años que vivan en Barranquilla y su área metropolitana, que quieran acceder a una beca para perfeccionar su inglés en corto tiempo y trabajar una vez terminen sus estudios.Como lo explica Daniel Gonzales, director de inversión social de la Fundación Santo Domingo, la convocatoria 'Cuando sabes inglés se nota' de GitLab Foundation, en alianza con Compartamos con Colombia y operada por Eurocentres, combina formación en inglés con un enfoque orientado al fortalecimiento de habilidades laborales, y, sobre todo, proporcionar a empresarios de Colombia y otras partes del mundo personal capacitado en la capital del Atlántico para empezar a trabajar una vez culminen su proceso de formación.Gonzales destaca que entre los requisitos para acceder a esta oportunidad se necesita que el aspirante viva en la ciudad o su área metropolitana, sea colombiano o migrante venezolano con Permiso de Protección Temporal o cédula de extranjería, estar afiliado a Sisben 4 categoría C y tener un nivel de inglés A2.Especificó el Director de inversión social de la Fundación Santo Domingo que para esta convocatoria están buscando generar inclusión productiva para jóvenes en condición de vulnerabilidad.“Hay unos buenos programas de bilingüismo en Barranquilla, de entrenamiento para el empleo. También vemos un apetito de empleadores internacionales, sobre todo en áreas de tecnología que están buscando el talento, pero esos elementos no se han logrado combinar de manera efectiva. Entonces este programa busca que las personas en un periodo muy corto de tiempo, en unas pocas semanas logren fortalecer sus habilidades en el manejo del inglés y sus habilidades técnicas, además de garantizar que efectivamente logren el empleo”.Enfatizó Gonzalez que este programa “tiene un mecanismo de pago por resultados donde Eurocentre se compromete a que las personas que participen van a conseguir empleo".El link de la página para que los interesados se inscriban, ojalá antes de este 28 de enero, día en el que se cierran las inscripciones, es cacenglish.com.co.
En la ciudad de Montería hubo revuelo la muerte masiva de palomas que fueron encontradas la mañana de este viernes en el parque de la calle 27, ubicado frente a la Catedral de la capital de Córdoba.Ante el hecho transeúntes dieron aviso a las autoridades ambientales, quienes de inmediato desplegaron un operativo para verificar lo que estaba ocurriendo y recomendaron a la población abstenerse de tener contacto directo con las aves, pues se desconoce lo que originó la mortandad.El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, CAV, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS informó que fueron 130 las palomas muertas y otras que fueron encontradas agonizando.“Por sus trastornos neuromusculares posiblemente, probablemente puede ser una intoxicación masiva. Sin embargo, en coordinación de esta autoridad ambiental con el ICA y la alcaldía municipal que en el área de zoonosis ya se embalaron los cadáveres y las que están vivas se les va a hacer muestra de toxicología. Se les va a hacer una prueba de también de encefalitis, de neocástle y de otra enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial y determinar cuál fue el causante, porque nosotros pensamos que es una intoxicación masiva, pero de todas maneras hay que hacer los exámenes de rigor desde el punto de vista de lo que tiene que ver con patología”, expresó Alberto Muñoz Rojas, Profesional Especializado del CAV -CVS.El funcionario indicó que no tenían registro de un evento simular registrado en la ciudad de Montería.
A poco más de un mes de las elecciones del próximo 8 de marzo, en las que el bloque de la centro-izquierda elegirá su candidato presidencial a través de la Consulta del Pacto Amplio, Roy Barreras suma apoyos en la región Caribe en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Como parte de su campaña, aterrizó el pasado 22 de enero a Barranquilla, donde compartió con cientos de personas en un salón del Hotel Country Internacional, ubicado al norte de esta ciudad. Allí se le vio acompañado de Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano del empresario Euclides Torres. Mientras Barreras estaba dando su discurso, Camilo estuvo muy cerca a él en la tarima principal, donde luego tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. De acuerdo con la información entregada desde la familia Torres a Blu Radio, se trata de un apoyo que en solitario entrega el exalcalde, sin que esto comprometa a Camilo Torres Villalba, su hijo, quien es aspirante al Senado por el partido Liberal. A su vez, Barreras también fue visto en un restaurante reunido con el senador del Partido de la U José David Name, quienes estuvieron conversando sobre varios temas. Name confirmó el encuentro a través de declaraciones que entregó a un medio local en Barranquilla, donde explicó que ambos tienen unos empresarios que los están apoyando en común y que se sentó a escucharlo.
Bajo “riesgo extraordinario” se encuentra el juez segundo penal de Barranquilla, Hugo Carbonó, quien está llevando a cabo el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente. Según pudo comprobar la UNP, el togado ha sido víctima en los últimos meses de seguimiento por parte de desconocidos, mientras este se desplaza entre su casa y su trabajo.Además, ha recibido mensajes de amenazas en diferentes ocasiones y hasta su hija fue víctima de hostigamiento, a la salida de su residencia en Bogotá, por parte de personas que le advirtieron que "sabían" lo que estaba haciendo su papá.Es por esto que fue ordenado el fortalecimiento de su esquema de seguridad, el cual constaba de una camioneta blindada y un escolta, pero que ahora será de dos escoltas, una camioneta blindada y un chaleco antibalas que deberá usar en cada desplazamiento.Entre las consideraciones presentadas por la UNP para declarar este alto nivel de riesgo fue tenida en cuenta la exposición mediática que le ha generado el manejo del caso de Nicolás Petro, lo que se suma a las amenazas que, en el pasado, le realizaron alias 'El Negro Ober', y alias 'Tommy Masacre', reconocidos lideres delincuenciales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.A pesar del preocupante estado en el que se encuentra la seguridad del juez, vale la pena mencionar que su proceso estuvo bajo revisión durante cerca de seis meses, que fue la fecha en la que reportó los últimos seguimientos, que no solo notó él, sino también su esquema de seguridad.No obstante, según conoció Blu Radio, no habría sido sino hasta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una publicación sobre los jueces en Latinoamérica que más expuestos están, en la que Carbonó fue incluido, que avanzó el proceso, dando como resultado final esta orden que ya está bajo cumplimiento por parte de las autoridades.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves en primera discusión la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una de las iniciativas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de los acuerdos con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano.La legislación fue aprobada con "mayoría calificada evidente", indicó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, quien indicó que esta reforma es necesaria para permitir un "acelerado incremento" en la producción petrolera del país suramericano.El diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela (MSV) y quien presentó el proyecto ante la plenaria, afirmó que esta reforma incluye "tres grandes áreas de modificación" de la ley.En primer lugar, señaló la incorporación de "modelos exitosos de negocio" de la ley antibloqueo, aprobada en 2020 para buscar la llegada de inversiones en medio de las sanciones impuestas un año antes por Estados Unidos.En este sentido, destacó nuevos tipos de contratos en los que, dijo, la empresa operadora "asume la gestión integral a su propio riesgo y costo", y agregó que con este modelo el Estado no adquiere deudas.Asimismo, añadió que la legislación contempla mecanismos para "garantizar la viabilidad" de proyectos en los campos petroleros no desarrollados y, para esto, destacó la necesidad de "grandes inversiones".Para lograrlo, agregó, es necesario contar con "alguna flexibilidad en las regalías" y mencionó la posibilidad de "rebajarlas" con el fin de "atraer esta inversión en estos campos nuevos".El tercer punto, señaló, es "aumentar las garantías jurídicas" para la inversión en el sector, como la "mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos".La fracción opositora Grupo Parlamentario Libertad salvó el voto. El parlamentario Pablo Pérez pidió la entrega "con anticipación" de los proyectos de ley, pues hasta un día antes no conocían el texto.Enumeró varios "principios" que, dijo, considera que debe contemplar la reforma de hidrocarburos, entre los que incluyó la "seguridad jurídica", "apertura al capital privado" y "la carga tributaria".El Parlamento debe aprobar los proyectos de ley en una primera discusión y, posteriormente, se requiere de una segunda para que queden definitivamente sancionados como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.Cumplido este proceso, la ley o las leyes se remiten al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.
De acuerdo con cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.Del total de casos reportados, el 62% corresponde a niños y adolescentes hombres, lo que equivale a 159 víctimas, mientras que el 38% son niñas y adolescentes, es decir, 98 casos.La Defensoría advierte que el grupo con mayor número de reclutamientos es el Estado Mayor Central, estructura liderada por alias ‘Iván Mordisco’, con el 47,1% de los casos, es decir, 121 reclutamientos. Le siguen las disidencias sin especificar, con 40 casos; el ELN, con 30 casos; y el Ejército Gaitanista de Colombia, con 21 casos.Otros grupos señalados son el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, la Segunda Marquetalia, otros grupos sin identificar y estructuras de crimen organizado.El departamento del Cauca concentra el mayor número de reclutamientos, con 93 casos reportados, le siguen Antioquia, con 25 casos, y Chocó, con 22.También se registran 15 hechos en Huila, 14 en Nariño, 10 en Valle del Cauca, 10 en Norte de Santander, además de reportes en Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Meta, Risaralda, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira, Tolima, Bogotá y Vichada.Por meses, la Defensoría identificó que los picos más altos de reclutamiento en 2025 se registraron en junio, con el 13% de los casos, seguido de febrero y marzo, cada uno con el 11%, y enero, abril y septiembre, con el 10% respectivamente. Los meses con menor número de hechos fueron noviembre y diciembre.La Defensoría del Pueblo señaló que cada menor reclutado reclutado que se aleja de su entorno para ir a la guerra, es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar.
Como es habitual en esta temporada de fuertes vientos y oleaje, hay alerta en las playas de Cartagena por la presencia de fragata portuguesa (Physalia physalis), popularmente conocida como ‘aguamala morada’.Las autoridades de la ciudad emitieron la alerta, ya que esta colonia de organismos marinos, que flotan en la superficie del mar, posee tentáculos altamente urticantes que pueden causar dolor intensos, ardor y enrojecimiento de la piel, e incluso reacciones alérgicas, en los bañistas.De acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la fragata portuguesa es fácilmente reconocible por su color morado o azul violáceo y por tener una especie de “vela” que sobresale del agua.Además, su presencia en esta época del año está asociada a factores naturales como: cambios en las corrientes marinas, vientos fuertes y oleajes, y climáticas propias de la temporada.“Estos factores pueden arrastrarlas desde mar adentro hasta zonas cercanas a la orilla. Es importante conocer que el contacto con estas especies representa un riesgo para la salud, ya que la fragata portuguesa posee tentáculos altamente urticantes (…) Los tentáculos siguen siendo peligrosos, incluso, cuando el organismo está fuera del agua o aparentemente muerto”, explicó Aizar Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.Recomendaciones a bañistas y visitantes*No tocar la fragata portuguesa ni con las manos ni con objetos.*Mantener distancia si se observa en el agua o en la arena.*Evitar que niños y mascotas se acerquen.Suspender el baño en el mar en zonas donde se evidencie su presencia.*Reportar inmediatamente el avistamiento al salvavidas o a la línea de emergencias 119.*En caso de contacto, no frotar la zona afectada, lavar con agua de mar (no agua dulce) y acudir de inmediato a un centro asistencial.
En medio de la tensión comercial entre Colombia y Ecuador por la imposición recíproca de aranceles, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Liévano, hizo un llamado a la mesura y al uso de los canales diplomáticos para evitar mayores afectaciones económicas en la región y el país.Desde la entidad gremial, Rincón Liévano rechazó la imposición de aranceles y calificó las recientes decisiones como medidas injustificadas y sorpresivas, que no contribuyen a resolver los problemas de fondo entre ambos países, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el delito transnacional.El dirigente gremial advirtió que aún es necesario determinar con precisión el grado de afectación, los sectores impactados y los productos comprometidos, y sostuvo que este tipo de acciones comerciales no benefician a ninguna de las partes, empezando por el propio Ecuador, al tratarse de un aliado histórico de Colombia. En ese sentido, insistió en que la situación debe manejarse con la más alta diplomacia y a través del diálogo bilateral.“Lo que está haciendo el presidente de Ecuador, con todo respeto, creo que no tiene ningún sentido y si lo que se quiere es combatir el delito transnacional, yo creo que, con medidas de esas, se hace exactamente lo contrario. Yo creo que sí hay que revisarlo y debería revisarse junto con la diplomacia de nuestro país. Son medidas que yo, por lo menos, no puedo compartir y tengo que rechazar de manera enfática”, expresó Rincón Liévano.Las declaraciones se conocen, luego de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunciara la imposición de un arancel del 30 % a 20 productos importados desde Ecuador, como respuesta a la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aplicar la misma carga arancelaria a las importaciones colombianas, argumentando falta de compromiso de Colombia con la seguridad en el corredor binacional.Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se explicó que la medida adoptada por Colombia no constituye una sanción ni una acción de confrontación, sino un instrumento legítimo para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional, tras una modificación unilateral de las condiciones previamente vigentes del comercio bilateral. Informaron que se trata de una decisión proporcional, transitoria y revisable, que no excluye la posibilidad de una salida negociada mediante la diplomacia.De manera paralela, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión indefinida de las exportaciones de energía eléctrica hacia Ecuador. “A partir de la hora cero establecida hoy, a las 18.00 horas, se suspende el suministro de energía eléctrica desde Colombia hacia Ecuador”, manifestó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.Cifras del sector eléctrico dan cuenta que, en 2024, Colombia exportó energía a Ecuador por un valor estimado de 329,1 millones de dólares, con un promedio mensual cercano a 27,4 millones de dólares, en el marco de un esquema de interconexión que opera desde hace más de dos décadas.Cabe recordar que Ecuador es el sexto mayor destino de las exportaciones colombianas y el segundo en ventas no minero-energéticas, según cifras del Dane. Entre enero y noviembre del último año, las exportaciones colombianas hacia ese país alcanzaron 1.673 millones de dólares, aunque registraron una caída del 3,2 % frente al mismo periodo anterior.Para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estas cifras evidencian que una guerra comercial prolongada tendría efectos significativos en el tejido empresarial y productivo, especialmente en regiones fronterizas y con alta vocación exportadora. Por ello, Rincón Liévano reiteró la necesidad de reactivar de manera urgente los canales diplomáticos y encontrar soluciones concertadas que eviten mayores impactos económicos y comerciales para ambos países.
El lío sobre quién debe asumir la rectoría de una de las universidades más importantes del país sigue teniendo desarrollos. Un juez de Bogotá negó, en primera instancia, una tutela que interpuso el profesor José Ismael Peña, en la que pedía ejercer en propiedad como rector de la Universidad Nacional tras la anulación de la designación de Leopoldo Múnera por parte del Consejo de Estado.El juez determinó que el alto tribunal solo analizó el proceso de legalidad de los nombramientos en la rectoría de la universidad, sin ordenar el restablecimiento del derecho ni la posesión de Peña en el cargo.En su solicitud, el profesor Peña sostuvo que existía claridad sobre la validez de su elección del 21 de marzo de 2024 y cuestionó actuaciones posteriores del Consejo Superior Universitario (CSU). En particular, alegó que, pese a advertencias de la Procuraduría General de la Nación sobre la improcedencia de reabrir el proceso electoral por vía administrativa.No obstante, al resolver la tutela, el juez enfatizó que las decisiones del Consejo de Estado no reconocieron un derecho subjetivo vigente a ocupar la rectoría ni dispusieron la posesión del profesor Peña.En el fallo se subrayó que las providencias “se limitaron a ejercer el control de legalidad propio del medio de nulidad electoral”. De manera expresa, se recordó que la decisión del 4 de septiembre de 2025 dejó consignado que la negativa de la nulidad de la elección “no implica su regreso al cargo”, señaló el juez.En el caso concreto, concluyó el juez, ese presupuesto no se encuentra satisfecho, pues no existe un acto válido posterior a las decisiones judiciales que disponga la designación o posesión del profesor Peña como rector.
La nueva Estacion de Buceo y Salvamento de la Armada, en Santa Marta, marca un refuerzo directo a las labores de rescate, seguridad marítima e inspecciones subacuáticas en una de las zonas más sensibles para el tráfico ilegal y la actividad portuaria del país.La estación estará conformada por buzos especializados y tendrá como misión principal la protección de la vida humana en el mar. Desde esta base se coordinarán búsquedas y salvamentos marítimos y fluviales, atención de emergencias, respuesta a desastres naturales, asistencia humanitaria y soporte hiperbárico para operaciones de alto riesgo bajo el agua.Uno de los frentes más sensibles será el control de la seguridad portuaria y la lucha contra el narcotráfico. La nueva estación permitirá ampliar las inspecciones subacuáticas en puertos, muelles y embarcaciones, una tarea clave para detectar cargamentos de droga adheridos a los cascos de los buques o escondidos en estructuras sumergidas, una modalidad cada vez más usada por las redes criminales.Además, la unidad tendrá un componente técnico orientado a operaciones offshore. A través de robótica submarina, los buzos apoyarán labores de prospección, georreferenciación y mantenimiento especializado de estructuras en aguas profundas, fortaleciendo la protección de infraestructura estratégica en el Caribe.Durante la activación de la estación, el comandante de la Armada de Colombia, almirante Juan Ricardo Rozo, destacó el valor estratégico de estas capacidades concentradas en Santa Marta. “El trabajo que realizan nuestros buzos desde las profundidades representa una capacidad estratégica diferencial al servicio de la nación, que permite una reacción inmediata ante emergencias marítimas, ambientales, accidentes y contingencias, fortaleciendo la protección de la vida humana”, afirmó.El almirante Rozo también subrayó que la nueva estación integra capacidades clave como la robótica submarina, la inspección subacuática de seguridad portuaria y antinarcóticos, el mantenimiento de estructuras en aguas profundas y el funcionamiento de cámara hiperbárica. “Todas esas capacidades van a estar concentradas en esta nueva Estación de Buceo y Salvamento de Santa Marta”, señaló.Con esta activación, Santa Marta se consolida como un punto neurálgico para el control subacuático en el Caribe colombiano, en un escenario donde el mar sigue siendo una ruta estratégica para el narcotráfico, pero también un espacio crítico para el rescate, la protección de la infraestructura y la seguridad marítima nacional.
La tarde de este jueves, en menos de dos horas, sicarios acabaron con la vida de dos personas en hechos diferentes. Entre las víctimas está un adolescente de 14 años que se encontraba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Esmeralda, suroccidente de Barranquilla.De acuerdo con registros de cámaras de seguridad, el niño estaba caminando hacia el mostrador de la tienda para comprar un pedido que le hizo un familiar, sin embargo, depronto se percató que un hombre armado se bajó de una moto y disparó. Para cuando quiso voltear para correr, una bala lo alcanzó y se desplomó. A pesar de que fue llevado de inmediato a un centro asistencial, este llegó sin signos vitales. Por este hecho la Policía capturó a los presuntos asesinos, tras ser alertados por la comunidad.Estas personas fueron identificadas como Juan Carlos Lara Bustos, de 47 años, presunto integrante de Los Costeños, quien tiene anotaciones desde el 2017. El segundo capturado corresponde a Sebastián Luis Jiménez Pérez, de 23 años. Lo sorprendente del caso es que ambos presuntos delincuentes están vinculados con varios crímenes, lo que, incluso, los ha llevado a estar presos, pero quedaron libres. En el caso de Lara Bustos, se conoció que este tiene anotaciones por seis homicidios cometidos entre 2017 y 2022. En el caso de Sebastián, ha sido cuatro veces capturado por delitos cometidos entre marzo y mayo del 2025, pero en todas las ocasiones quedó libre a pesar de la reincidencia. Otros homicidios Entre tanto, casi de forma simultánea, en el barrio La Sierrita, también en el sur de Barranquilla, sicarios cometieron otro atentado en el que salieron gravemente heridos un hombre y una mujer.En un tercer hecho, esta vez en el barrio Costa Hermosa, del municipio de Soledad, fue asesinado un joven que se encontraba en una cancha de fútbol.
En medio de la crisis que hay por la falta en la entrega de medicamentos a pacientes de varias EPS, la Policía en Barranquilla asestó un duro golpe a una red que no solo traficaba medicamentos vencidos, sino que también tenía unas bodegas llenas de fármacos de usos institucional, es decir, de los que entregan las las entidades Promotoras de Salud a sus afiliados.En el operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con la Dian y la Fiscalía, fueron allanados tres establecimientos comerciales que funcionaban como bodegas y punto de venta de estos medicamentos en pleno centro de Barranquilla.En el sitio incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, además de medicamentos vencidos, los cuales se encontraban exhibidos en estanterías, camuflados entre productos legales, con el propósito de evadir los controles sanitarios y de la policía. también encontraron otros fármacos de control especial los cuales tenían escondidos en una caja fuerte.En el sitio fueron capturados dos hombres confirmó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana.“Fueron capturadas dos personas. Además, se logra la incautación de 30 000 unidades de medicamentos ilegales, entre ellos productos de uso institucional vencidos y de control especial avaluados en una suma de cerca de 200 millones de pesos. Este resultado hace parte de la ofensiva contra el contrabando y la ilegalidad con el objetivo de proteger la salud pública y la vida de los ciudadanos”, dijo el oficial.Los capturados son dos hombres entre los 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder, presuntamente, por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos y corrupción de alimentos.
Una verdadera tragedia enluta a una familia en Manatí, Atlántico. De acuerdo con información preliminar entregada a las autoridades, un bebé de un año y cuatro meses, menor identificado como Aharon Mercado Orozco, tuvo contacto de manera accidental con un cable energizado al interior de la casa y sufrió una descarga eléctrica, quedando inconsciente de forma inmediata.Familiares lo auxiliaron y llevaron al Hospital de Manatí, donde médicos intentaron reanimarlos, sin embargo, pese al esfuerzo, confirmaron que el niño ya no tenía signos vitales y había fallecido.“Según el testimonio de un familiar, el menor habría tenido contacto accidental con un cable de energía eléctrica al interior de la casa. No obstante, las circunstancias exactas en las que ocurrió el incidente aún son materia de investigación”, expresó la Policía.Le puede interesar: Una turista murió por descarga eléctrica mientras iba en una embarcación en El PeñolTras la muerte del niño, el caso pasó a manos de la Policía y las autoridades competentes para adelantar las diligencias necesarias que permitan esclarecer lo sucedido.“El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano”, indicó la Policía en un comunicado.
Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura de un hombre que le propinó una brutal golpiza al fiscal local tercero, Luis Alberto Barros Tafur, quien fue abordado por su agresor en las instalaciones del ente acusador en Malambo, cuando se disponía a iniciar una diligencia judicial.El presunto agresor fue identificado como Manuel Antonio Mendoza Gómez, un vigilante que en las próximas horas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra servidor público.La información entregada por las autoridades indica que la víctima registró heridas por puños en el rostro, y la parte superior de la cabeza.En ese orden, los hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial en Atlántico, José Contreras, quien reiteró que más allá de sus trabajos, los fiscales también son personas a las que hay que respetar.Le puede interesar: Por pedir que le bajaran volumen a la música exsacerdote recibió brutal golpiza en Bello“Estos son hechos lamentables que hay que censurar. Muchas veces la comunidad que va en busca de ayuda judicial se sobrepasa con los funcionarios judiciales. Hay que hacer un llamado a la comunidad para que respalde siempre a sus funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios honestos y trabajadores que lo que quieren es aplicar una pronta y cumplida justicia”, dijo inicialmente.“Hay circunstancias que de pronto las personas por su situación se desesperan, pero el procedimiento no es el adecuado. Hay que esperar que los procesos avancen y que la justicia decida cada uno de los casos que se atienden. Estos son seres humanos que merecen el respeto a todos sus derechos y a su dignidad”, agregó.En estos momentos se intenta determinar en medio de las investigaciones las razones que propiciaron la violencia. Por eso, la Policía indaga si el capturado es familiar o amigo de alguna persona a la que el fiscal Luis Alberto Barros esté intentando judicializar.Los hechos sucedieron cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles 22 de enero, en la calle 10 con carrera 16 de la municipalidad mencionada.
Hombres del ELN fuertemente armados quemaron en la localidad de Pelaya, en el departamento norteño del Cesar, 33 equipos de maquinaria pesada utilizados por una concesionaria para construir una carretera en el norte del país y que beneficia a tres departamentos de la zona, informaron este lunes fuentes oficiales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo en un comunicado de su despacho que rechaza "de manera categórica estos actos violentos que atentan contra la vida, la infraestructura y el desarrollo del país".La Concesión Autopista del Río Grande, encargada de ejecutar la obra, informó que en la madrugada de este lunes un grupo armado ingresó de manera violenta a la unidad industrial del proyecto, donde causó daños masivos y sistemáticos.La maquinaria destruida incluye mezcladoras de concreto, excavadoras, vibrocompactadores, camabajas, dobletroques, carros tanque, cargadores, piloteadoras y trituradoras, todos "esenciales para el avance de la construcción".En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Hermes Martínez, habló del ataque que ha dejado imágenes impresionantes y que han circulado mostrando la magnitud y sus implicaciones en la seguridad pública. "Nos ha dejado a todos sorprendidos y impactados," expresó Martínez, quien hizo hincapié en la gravedad de devolver a la zona a épocas de violencia, como las vividas en los años 90 y 2000. Los efectos de este ataque no solo son emocionales, sino que también repercuten en los proyectos de infraestructura en desarrollo. El alcalde reveló que se utilizaban maquinaria pesada como motoniveladoras y retroexcavadoras en la construcción de una vía crucial que conecta el departamento del Cesar con Santander. "Esto genera miedo en los consorcios que están ejecutando las obras y afecta la empleabilidad en la región," afirmó Martínez. "Estamos reclamando desde hace mucho tiempo por más seguridad en nuestro territorio," comentó. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes ha sido un punto de preocupación constante para el alcalde y su administración. A medida que avanza la investigación, las autoridades mantienen contacto con los consorcios afectados y están dispuestas a facilitar las denuncias necesarias para dar seguimiento al ataque. Escuche aquí la entrevista:
Al Gran Malecón del Río empezaron a llegar las enormes piezas que se unirán para conformar el nuevo monumento de Barranquilla, que promete rendir homenaje por todo lo alto a una figura de talla internacional, nacida en esta tierra: Sofía Vergara.La imagen de la ‘Toty’, como la llaman cariñosamente en su ciudad natal, se inmortalizará en la capital del Atlántico a través de esta escultura que recordará a propios y turistas el talento de esta gran mujer que, con su auténtica esencia barranquillera, ha conquistado las pantallas a nivel internacional hasta convertirse en una de las actrices mejor pagadas a nivel mundial.¿Por qué se hará una estatua en su honor?La expectativa frente a lo que será este monumento la despertó este lunes, 26 de mayo, el mismo alcalde Alejandro Char, a través de su cuenta en X, donde anunció que "¡una nueva estrella llegará para brillar en el Gran Malecón!".“A orillas del río Magdalena, Barranquilla se llenará de orgullo con un homenaje a una trayectoria que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de todo el mundo”, dijo el mandatario.Hace unas semanas, en medio de la inauguración del sector ‘Nativos’ del Malecón, el alcalde barranquillero se había comprometido a honrar con una estatua a Sofía Vergara por ser una “mujer auténtica, una campeona y gran profesional”.La ‘Toty’, reconocida por su papel en la serie norteamericana ‘Modern Family’ y su más reciente participación en la serie de Netflix 'Griselda', tendrá su escultura en la misma zona turística donde se alza el monumento de la también estrella barranquillera Shakira.
La Gobernación del Magdalena activó un plan de intervención de emergencia que busca proteger a miles de familias que habitan en áreas propensas a inundaciones.La estrategia contempla la ejecución directa de obras en 15 puntos críticos distribuidos en 11 municipios, con una inversión total de $15.000 millones, ejecutados bajo el Decreto 098 de 2025, que declaró emergencia preventiva en el territorio.Entre las acciones previstas se encuentran trabajos de dragado, conformación de terraplenes, instalación de sacos, Big Bags y geocontenedores, que se desarrollarán en un plazo de seis meses. Con estas medidas se espera mitigar desbordamientos, proteger cultivos y evitar afectaciones a viviendas en zonas ribereñas y rurales.Los municipios priorizados en este plan son: Tenerife, Remolino, Pijiño del Carmen, Cerro de San Antonio, Chibolo, Aracataca, El Banco, Ariguaní, Sabanas de San Ángel y Pivijay, donde se intervendrán más de 13.000 metros lineales con maquinaria amarilla especializada.“Este es un plan que protege vidas, evita tragedias y demuestra que estamos priorizando la prevención. No vamos a esperar a que el agua entre a las casas para actuar”, señaló el gobernador Rafael Martínez al anunciar la iniciativa.El mandatario destacó que esta estrategia responde no solo a la emergencia actual, sino a la necesidad de adaptar al Magdalena frente al cambio climático, un fenómeno que ha intensificado el impacto de las lluvias en los últimos años.“Nuestra prioridad es que ninguna comunidad se quede sola enfrentando el riesgo. Este Gobierno cree en una gestión del riesgo preventiva, no reactiva”, añadió Martínez.Las obras también buscan generar empleo local e incentivar la participación de las comunidades en la vigilancia y el mantenimiento de las zonas intervenidas.
Enterrada en una fosa, a más de un metro de profundidad, en la finca las Palmitas, en el municipio de Manatí, fue encontrado el cuerpo de Wilmary Carolina Guerra Montilla, la mujer que había sido reportada como desaparecida el 18 de septiembre del 2023 y cuyos restos solo fueron encontrados el pasado jueves 22 de mayo, es decir, un año y ocho meses después con ayuda de la Fiscalía.El principal sospechoso de este crimen es Franklin Trillos Yance, expareja de la joven, quien es buscado por las autoridades, pues fue la persona con la que Wilmary llegó a la lejana finca, que era administrada por un hermano del hoy prófugo de la justicia.Y es que justamente el hermano de Franklin, quien fue capturado hace una semana en el municipio de Malambo por presuntamente ser cómplice en los delitos de desaparición forzada y hurto, fue quien entregó a la Fiscalía las coordenadas exactas del sitio donde estaba enterrada la mujer que, para el momento de su asesinato, tenía 32 años.“El hermano de Franklin entregó dos versiones a la Fiscalía. Que Wilmary llegó con Franklin a la finca, pero él se había tenido que ir a Manatí y los dejó solo y que al regresar al otro día ya no estaban. La Fiscalía no creyó en esta versión y siguieron presionándolo hasta que confesó que su hermano sí le había reconocido lo que había hecho, incluso dice que le había hecho un mapa”, dijo a Blu Radio Wilmer Guerra, padre de la víctima.Las coordenadas fueron tan precisas que después de cavar más de un metro de profundidad encontraron el cuerpo de Wilmary.Los testigos silenciososUn video grabado por la propia Wilmary Guerra y que fue enviado a algunas amigas cercanas, en donde muestra que está en una finca donde enfatiza que iba a durar dos días y que luego regresaría a la ciudad, fue la última imagen que se conoció de ella en vida.A partir de este video Wilmer Guerra recorrió toda la zona urbana de Manatí hasta dar con la finca en la que su hija había grabado las imágenes. Esta evidencia la entregó a la Fiscalía, que de forma paralela realizaba una análisis del rastreo del teléfono de la mujer.Finalmente, las pruebas técnicas lograron corroborar lo que ya se conocía, que Wilmary había estado en el sitio junto a su expareja, Franklin Trillos.
“Hay medidas de inspección y vigilancia mientras que se avanza a un proceso sancionatorio”, fueron las palabras utilizadas por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para referirse hacia la polémica que rodea a la Fundación Universitaria San José, en este caso, con títulos entregados a funcionarios del Gobierno.El jefe de esta cartera rechazó las acusaciones contra varias de las personas investigadas, de las que dice que las están agrediendo por motivos electorales.“Nos hemos pronunciado y aún así los candidatos al Congreso de la República siguen tergiversando nuestras palabras. Hemos anunciado que la Fundación San José tiene en este momento medidas de inspección y vigilancia y que avanza hacia un proceso sancionatorio. Aún así, hay candidatas que no entienden o escuchan, quieres hacer de las víctimas de la Fundación San José sus caballitos de batalla”, dijo inicialmente.“Hemos dicho, junto al señor presidente de la República Gustavo Petro, que defendemos al pueblo trabajador y a las mujeres trabajadoras que hoy están revictimizando y que las están agrediendo por campaña electoral. No tiene nada de delito que una mujer trabajadora coja de su salario y quiera mejorar sus condiciones laborales, pues la fundación le ofrece que se puede tener doble titulación y homologación. Si incurrió en engaños, vamos a sancionar pero porque sea la secretaria del presidente no pueden ponerla en el escarnio público”, agregó.Ratificó que el proceso investigativo y de vigilancia viene desde el año anterior, sobre todo, por el caso de Juliana Guerrero, quien pretendía ser viceministra de Juventudes.Es toda una agenda la que protagoniza el ministro Daniel Rojas en Barranquilla, donde desde la mañana de este jueves viene visitando las sedes de la Universidad del Atlántico. De hecho, desde Soledad anunció la primera piedra para la nueva sede de esta institución en esa población, la cual contará con una inversión de $47.000 millones.Precisamente, también se refirió sobre la decisión del Juzgado Primero Oral Administrativo del Circuito de Barranquilla que declaró como improcedente la acción de tutela presentada por el exrector Leyton Barrios Torres, con la que buscaba volver a su cargo. De ella dice que toda persona tiene derecho a utilizar las herramientas legales, aunque ellos seguirán firmes en su intervención.“Es totalmente lógico que cualquier ciudadano sienta que tiene que acudir a las instancias que le permite la democracia, la Constitución y el orden institucional. La decisión indica la robustez jurídica con la que actuó el Ministerio de Educación, pues está muy bien sustentada. Seguiremos defendiendo jurídicamente nuestras actuaciones, pero poniendo de presente que primero está el derecho a la educación”, citó.Rojas Medellín tampoco dejó de lado las investigaciones de la Procuraduría acerca de la presunta inhabilidad que tendría el actual rector encargado, Rafael Castillo. De ellas dicen que respetarán el curso de las indagatorias.“Confiamos mucho en la robustez y como jurídicamente hemos actuado. Respetamos las instancias legales y si algo ellos estarán por establecer cualquier tipo de anomalía”, solo dijo.Finalmente, el rector Rafael Castillo ratificó que cumplió dichas solicitudes y que no teme al final del proceso, pues hizo todo conforme a la ley.
Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien presuntamente le propinó varias puñaladas a su pareja el pasado martes, fue imputado por un juez de control de garantías por el delito de tentativa de feminicidio, informaron las autoridades.Según manifestaron desde la Fiscalía, el próximo lunes 26 de enero el togado dará a conocer su decisión, respecto a si el señalado agresor por parte del ente acusador será trasladado a un centro penitenciario, mientras se desarrolla su juicio.La víctima, identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, el pasado martes a eso de las 9 de la noche fue atacada, según las autoridades, por Rafael Enrique Marrugo Ayazo, quien después de llegar de la calle le propinó varias puñaladas.Según el reporte de la Policía, el agresor atacó a la mujer después de una discusión que sostuvieron en el interior de la vivienda ubicada en la calle 57 con carrera 9 M, en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.Ante la llamada de los vecinos que se percataron de los gritos de la mujer, la Policía Metropolitana se desplazó hasta el lugar, donde encontró a la mujer con cuatro heridas de puñal en el tórax y una más en el cuello. La víctima fue trasladada de inmediato a la Clínica San Ignacio donde permanece en estado crítico.En el caso del agresor, este fue detenido en el lugar de los hechos con el cuchillo que había usado para atacar a Yoesmith y fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, para su judicialización.Según reportes de Medicina Legal, entre 2020 y 2025 se presentaron en Barranquilla 99.920 casos de violencia contra la mujer.
La incertidumbre sigue reinando entre los pobladores del Sur del Atlántico y el Norte de Bolívar, en el Caribe colombiano. La decisión del Gobierno, anunciada por el presidente Gustavo Petro de congelar más de 636 mil millones de pesos asignados con vigencias futuras para el proyecto de ‘Restauración de los Ecosistemas degradados del Canal del Dique’, los hace retroceder al 30 de noviembre de 2010 cuando el terraplén del Canal cedió y el agua inundó gran parte de su territorio, generando pérdidas de vidas y económicas de las que aún no se recuperan.Así lo confirmó Uriel Ávila, líder social del Sur del Atlántico, quien advirtió que la no realización de esta megaobra solo traerá perjuicios ambientales y económicos a los pobladores de esta parte del Caribe, que “han luchado tanto para su realización a través de tutelas, paros fluviales y todo tipo de manifestaciones”, pero que, pareciera, de nada han servido porque con el actual Gobierno el proyecto se estancaría.“El daño ambiental más grande que puede haber es si nosotros nos inundamos, es un enorme daño ambiental y social, somos nosotros los que nos perjudicamos, no son las personas que toman las decisiones y viven en el octavo piso de un edificio muy lejos de acá”, comentó Ávila desde el municipio de Manatí, en el sur del departamento del Atlántico.Recalcó el líder social que el megaproyecto busca no solo evitar inundaciones, sino también conservar el agua en épocas de sequía con sus cuerpos de agua naturales y mejorar así la calidad de vida de campesinos y pescadores.Señaló también que si el proyecto se estuviera ejecutando, más de 30 mil personas de la zona tendrían en este momento una fuente de empleo, y ahora la cifra llega sólo a 1.000.“Exigimos al Gobierno que tenga compasión de estas comunidades. Este presupuesto no es de ellos y su presupuesto quedó destinado a raíz de tantas luchas para conseguir que se realizara este megaproyecto”, continuó.En concordancia con lo dicho por Ávila, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, su director ejecutivo, Héctor Carbonell, corroboró la importancia de la obra para evitar catástrofes por inundaciones, como la que se vivió en 2010.“El proyecto tiene dentro de sus condiciones evitar las inundaciones que pueden presentarse por la alta densidad de lluvias y el aumento del mismo calado, además del mejoramiento en la navegabilidad del Canal del Dique y la protección de los ecosistemas”, dijo Carbonell.Desde las comunidades del Sur del Atlántico, según lo planteó Uriel Ávila, planean realizar nuevos paros fluviales, como protesta por la decisión del gobierno de congelar los recursos por más de 636 mil millones que estaban asignados con vigencias futuras.
En Guáimaro, corregimiento de Salamina, Magdalena, la gente decidió dejar de esperar promesas y pasar a la acción. Cansados de ver cómo el río Magdalena se come, metro a metro, el terraplén y amenaza sus casas, los habitantes acudieron a la justicia para exigir una solución de fondo al problema de erosión fluvial que los afecta desde hace más de una década.El ciudadano Gennys Alfonso Álvarez Navarro radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Cormagdalena y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el recurso advierte que, desde 2012, la situación se ha ido agravando y hoy pone en riesgo la vida de más de 5.000 personas que viven, literalmente, al borde del río.“La petición es clara: un plan maestro que resuelva el problema, una obra sólida que evite que el terraplén siga cayendo. La acción popular representa los intereses de las familias guaimareras, de los corregimientos vecinos y de toda Salamina. Hablo en nombre de un pueblo que no quiere más promesas, sino obras”, aseguró Álvarez, al explicar por qué decidió dar este paso.La demanda pide al Tribunal que ordene medidas cautelares urgentes, entre ellas un plan de intervención inmediata en los puntos críticos, obras provisionales de contención, una evaluación técnica integral del riesgo, el fortalecimiento de los planes de contingencia y la protección prioritaria de las viviendas e infraestructuras más expuestas. También solicita restringir el uso de las zonas inestables y señalizarlas mientras se ejecutan las soluciones definitivas.El líder comunitario recuerda que en los últimos años se han hecho intervenciones sobre la ribera del río, pero las califica como “pañitos de agua tibia” que no han frenado el avance de la erosión. “Se han hecho algunas obras durante las últimas dos décadas, pero han sido superficiales; no han brindado soluciones de fondo. Convoco a los líderes y lideresas municipales a que nos unamos para hacer seguimiento, que los recursos lleguen y las soluciones se vean”, agregó.Con esta acción popular, Guáimaro busca que el Estado garantice el derecho a un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y a la prevención de desastres previsibles, y que las obras y decisiones administrativas dejen de ser respuestas temporales para convertirse en una solución real a una amenaza que, según la comunidad, ya no admite más espera.
De escena de película terminó un operativo en el municipio de Fonseca, La Guajira, cuando un capturado intentó huir de la Policía Nacional teniendo las esposas puestas, incluso, estando en la patrulla mientras se adelantaba todo en un sector concurrido de esta población.Todo sucedió luego de que este hombre fuese capturado por las autoridades por su presenta participación en un robo. La Policía lo atrapó y lo puso en la patrulla mientras adelantaba el operativo, ahí fue que aprovechó teniendo las esposas para bajarse de esta y salir corriendo, dejando sorprendidos a todos los que transitaban en ese momento por esta zona.La persona volvió a ser detenido poco después gracias a la rápida reacción de las autoridades y el caso no pasó a mayores. De hecho, este hombre fue trasladado a una estación policial y se generó un informe interno para conocer cómo y por qué logró abrir la patrulla pese a estar esposado y casi escapar de la escena del crimen.Si bien el hecho causó risa en redes sociales, las autoridades lo vieron como un signo de alerta a la hora de llevar el operativo porque en otro contexto y sin el apoyo de la comunidad podría haber escapado.Este caso de inseguridad se sumó a otro que sucedió recientemente cuando se dio un robo a mano armada en una sucursal de un banco, delincuentes lograron llevarse cerca de 21 millones de pesos y el caso llegó a las manos de las autoridades quienes investigan y tratan de dar con los responsables de este hecho que, según cámaras de seguridad, atemorizaron a todos los que se encontraban en ese momento y en dos ventanillas del sitio.Estos casos de inseguridad han generado preocupación en la población y esperan que haya una mayor rigurosidad por parte de las autoridades para evitar que se sigan repitiendo.
Un juez de conocimiento impartió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 8,8 salarios mínimos legales vigentes a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, por amenazar a la fiscal que tenía a su cargo el proceso en contra de su esposa, Yulieth Vanesa Rodríguez, alias Johana.Como lo relató en ente acusador, los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de marzo de 2023 cuando el señalado cabecilla de la organización delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’ grabó y publicó desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, un video en el que intimidaba a la funcionaria judicial y hablaba de posibles acciones criminales si seguía adelante con la judicialización de su pareja.Añadió la Fiscalía que ante la contundencia de las pruebas, alias el ‘Negro Ober’ admitió su responsabilidad frente al delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, lo que generó que este nuevo proceso se adelantara con mayor celeridad.En 2023, la Fiscalía imputó a la pareja del ‘Negro Ober’, Julieth Vanessa Martinez Cantillo, alias ‘Johanna’, los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambos agravados.