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Frenar la agresión contra las comunidades indígenas Awá y garantizar la seguridad seguridad regional pidió el secretario de Gobierno de Nariño, Andrés Zúñiga, tras advertir que el gobernador del departamento, John Rojas, solicitó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, un cese multilateral de fuego para evitar nuevas muertes de inocentes en esta zona fronteriza con el Ecuador.
El funcionario aseguró que los últimos hechos ocurridos en la vereda Cuasquer, en donde un comunero del resguardo indígena Magüí murió y tres más resultaron heridos, dieron paso a la incertidumbre.
Y todo porque la confrontación armada entre tres grupos armados ilegales tiene bajo las balas y rodeados de minas antipersonales a centenares de indígenas Awá en por los menos seis resguardos; en límites entre los municipios de Barbacoas y Ricaurte, en piedemonte costero nariñense.
Manifestó Zúñiga que, el gobernador Rojas solicitó una reunión de urgencia con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que se haga una mayor presencia en la región, con proyectos productivos que permitan a las comunidades vivir en paz; en el contexto de la denominada la Colombia Profunda de la que habla el presidente de la República, Gustavo Petro.
Desde hace cuatro semanas, disidentes de las Farc de la segunda Marquetalia, al igual que integrantes de los frentes de guerra del Estado Mayor Central, al comando de alias Iván Mordisco, y subversivos del ELN, se enfrascaron en la guerra sin cuartel por el dominio territorial.
Lo que ha puesto en riesgo la vida de niños, adultos mayores, hombres y mujeres que permanecen confinados en sus resguardos, mientras que los más de 3.000 indígenas que lograron huir viven en hacinados en seis albergues improvisados en el corregimiento de Altaquer, en la vía al mar.
"Dimensionar el alcance y la profundidad de este conflicto no es una tarea fácil, si se tienen en cuenta que en Nariño -a la fecha- hay más de 10 estructuras armadas; lo que demuestra que estas agrupaciones ilegales están aumentando su presencia político militar en los municipios del Pacífico, la Cordillera, y en el norte y sur de Nariño", manifestó el titular del despacho de Gobierno.
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Hace más de dos décadas que las comunidades indígenas Awá enfrentan una agresión por parte de actores armados, los cuales llegan a esta región a imponer su ley sin que nadie haya implementado medidas que impidan muertes de comuneros. Para el secretario es imperioso adoptar programas de prevención en esa zona del departamento.
Ola de violencia
En solo una semana en el Pacífico nariñense, un total de dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron heridas en hechos aislados, tras pisar minas antipersonales en hechos ocurridos en zona rural de Olaya Herrera, Barbacoas y Ricaurte.
A esto se suma que en lo que va corrido del año se han registrado más de 10 desplazamientos, en diferentes municipios del pacifico, siendo Nariño uno de los departamentos con la mayor cifra de personas en calidad de desplazamiento y confinamiento; de acuerdo al más reciente informe entregado por la Defensoría del Pueblo.
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"Es necesario que vinculen a las autoridades locales y regionales en la mesa de diálogo y saber cómo avanzan los acuerdos entre los grupos armados ilegales y el estado colombiano, porque hay mucha incertidumbre y desconfianza de las comunidades. Porque una cosa es lo que se está hablando y la otra es la realidad que se está viviendo en regiones como Nariño", dijo Zúñiga.
Para el funcionario, proteger a los nariñenses y colombianos más vulnerables debe ser la prioridad para lograr la paz total, por eso cualquier acuerdo que se pueda lograr con las estructuras armadas ilegales debe buscar, primero, garantizar la vida y respeto a los derechos humanos de estas comunidades.
Zúñiga expresó que, con el objetivo de superar décadas de derramamiento de sangre en los municipios de Nariño, se ha hecho presencia institucional; pero es necesario que el Gobierno Nacional acompañe este esfuerzo con obras de infraestructura, programas sociales y una acción integral que recupere la confianza del pueblo nariñense.
Por último, el funcionario reconoció el trabajo de los alcaldes Adams Rincón, de Barbacoas, y Éder Burgos, de Ricaurte, quienes con pocos recursos económicos -porque son municipios de sexta categoría- han atendido también a sus comunidades, hoy en desplazamiento.
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