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A pocas semanas de entregar el poder, la administración de Iván Duque está a punto de dejar abierto un proceso por cerca de 3 billones de pesos que tiene como objeto la construcción de una planta regasificadora, que de acuerdo con expertos es costosa, demorada y su ubicación sería incorrecta. Según las cuentas del saliente gobierno, el proyecto contempla pagarse con un incremento en las tarifas durante los próximos 15 años.
La firma concluye que el proyecto es inviable por tratarse de una construcción muy costosa y demorada y asegura que su ubicación no es la correcta.
El gobierno de Iván Duque busca dejar lo más avanzado posible el proceso de contratación por más de 800 millones de dólares, más de 3 billones de pesos, para la construcción de la Planta Regasificadora del Pacifico. El proyecto que sería construido en Buenaventura Valle para la importación de gas natural licuado con una capacidad estimada de 400 millones de pies cúbicos requeriría también la construcción de un gasoducto entre Buenaventura y Yumbo.
Jorge Enrique Robledo, miembro y fundador del partido Dignidad, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló sobre el proyecto, “Este es un tema que era de asuntos mineros y ha caído muy mal. El gobierno actual ha intentado engañar a la Comisión Quinta del Senado. En otras partes del mundo, al enterarse que el gobierno le oculta estas decisiones al Senado, habría un escándalo grande, eso no se puede hacer”, sostuvo el congresista.
Según Robledo, la iniciativa por parte del gobierno de construir la Planta Regasificadora del Pacifico, es una decisión apurada y que solo beneficiaría a los grandes importadores.
“Este gobierno hizo una cosa nueva que no debió hacer, Duque firmó un contrato con el gobierno norteamericano sobre una política de hidrocarburos y de gas, algo que no beneficia a la población del país. Entre más de importe, más ganancia va a generar en el exterior”.
Además, el director del partido Dignidad, ratificó su idea, asegurando que la manera de transportar el gas por camiones, no sería la más efectiva.
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“El solo hecho de transportar el gas por camiones es un capricho de negocio, lo cual es inaceptable. Personas como Rodolfo Segovia que trabajó en Ecopetrol, aseguran que esto no le beneficia al país”, finalizó.
Por otra parte, Christian Jaramillo, director de la UPME, explicó la importancia de este proyecto.
“Es un negocio privado de muy alto riesgo. La UPME tiene la obligación de garantizar el servicio de gas a todas partes del país. Si a nosotros nos dicen que hay un 50% de gas garantizado para el futuro, tenemos que pensar en asegurar el otro 50%. Si no hay gas nacional esperamos traerlo de afuera”.
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Según el director de la UPME, esta planta de gas necesita plantearse y construirse con tiempo para mayor producción de gas.
“La alternativa es que el gas nacional este a un precio similar con el importado. La clave es que sea económicamente viable y que se pueda manejar y transportar. Esto se necesita hacer con tiempo. Si esperamos más estamos hablando de unos costos altísimos”.
Sobre la planta de gas que actualmente funciona en Cartagena, Jaramillo afirmo qué, la iniciativa del proyecto de la Planta Regasificadora del Pacifico, no pondrá fin a las otras reservas de gas, al contrario, van a trabajar simultáneamente.
“Cuando hacemos este cálculo creemos que la planta de Cartagena va a seguir ahí. Si no hubiera nuevos hallazgos nacionales en el 2026, le puedo apostar que alguien propondría construir otra para 2030. Cada construcción toma 5 años, y al hacerla, se asegura el gas importado”, finalizó.
Más dificultades
Construir un gasoducto que sustente la megaobra resulta casi imposible, por lo que el transporte en camiones aumentaría los costos en 1.8 billones de pesos. Anteriormente, hubo varios intentos para mitigar el mismo riesgo de ejecución, mediante las resoluciones 006 y 007, donde la CREG pretendió incluir un cobro adicional a los usuarios, incluyendo bahías de carga de camiones de Gas Natural Licuado (GNL) y carrotanques como una alternativa transitoria de transporte.
Esto, resultaba absurdo, pues era casi que justificar que los usuarios debían comprar carrotanques de GNL, por valor de alrededor de 1.000 millones de pesos cada uno, para transportar el gas licuado a Buenaventura y de vuelta construir una Regasificadora en Yumbo para poder usar el gas, debido a retrasos del constructor. Los costos adicionales que los colombianos tendrían que pagar por los carrotanques serían exorbitantes.
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Será el gobierno del presidente Gustavo Petro el que decida la continuidad de este proyecto que ha tenido observaciones de la Contraloría, la DIMAR y los gremios del gas a lo largo y ancho del país.
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