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Desde hace 68 años la casa conservadora en Tuluá fue comprada con dineros recogidos por los militantes del partido y su propiedad, según la escritura, fue a favor de la colectividad.
Sin embargo, el expresidente del partido en esa ciudad, Carlos Hernán Mena Lozano, pretende apropiarse del inmueble, negando su acceso a los militantes. Ha arrendado los locales que tiene el bien inmueble y hasta ha hecho uso de la casa como parqueadero.
Además, arrendó un espacio a la empresa Movistar para que instalara una antena en el inmueble, por lo cual recibe pago mensual del operador celular, sin que a la fecha haya rendido las cuentas al partido.
A pesar de que ya hay un fallo judicial que en primera instancia le negó a Mena la posesión del bien inmueble, este apeló y se ha valido de diferentes métodos para buscar la propiedad de la casa conservadora de Tuluá.
Lo último que se sabe es que la inspectora municipal de Policía, María Eugenia Fúquene Grajales, pidió apoyo a las autoridades para tumbar la puerta sin orden judicial, lo cual está siendo denunciado en este momento ante la Procuraduría por la extralimitación de funciones de la funcionaria.
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La directora jurídica del partido, Orfa Patricia Monroy, interpuso una tutela para que un juez proteja el derecho al debido proceso y evite la perturbación de la propiedad histórica de la casa conservadora de Tuluá.
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