Recientemente, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento del Circuito de Cali admitió la acción de tutela interpuesta por uno de los sindicatos del Ministerio del Trabajo, que exige acciones inmediatas respecto a algunas fallas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la sede del Ministerio en la capital vallecaucana.La denuncia la hizo el Sindicato de Trabajadores Defensores del Mérito, Sintramérito, que evidenció las condiciones actuales de los elementos del plan de emergencias dentro de la sede ubicada en la Avenida 3 Norte #23 AN – 02, en el norte de Cali.Entre los hallazgos se encuentran el averío de la alarma y luces de emergencia, también de los rociadores contra incendios, extintores vencidos, la falta de botiquines completamente equipados y falta de señalización adecuada del punto de encuentro en caso de evacuación."Resulta paradójico que, en este caso, el Empleador sea el Ministerio de Trabajo, cuya función como entidad es, entre otras, formular, adoptar y orientar las políticas públicas para el trabajo, garantizando el derecho al trabajo decente, y la protección de los derechos de los trabajadores, pero que al momento de ceñirse a esa misma ley que promulga y defiende, se convierta en un trasgresor de aquello en lo que es garante y referente", señala Sintramérito en el documento.En la tutela también se advierte una serie de riesgos locativos, debido a condiciones físicas indadecuadas de las instalaciones de la sede del MinTrabajo en Cali, las cuales podrían generar accidentes laborales."Con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales a la salud, a la vida, y al trabajo en condiciones dignas y justas de sus asociados. También se correrá traslado de la demanda tutelar a la Procuraduría General de la Nación, conforme lo solicitado por el actor, con el fin de que allegue pronunciamiento", se indicó en el fallo del juzgado.El sindicato solicitó que como medida provisional se suspendiera temporalmente las actividades laborales y atención al público en el edificio de la Dirección Territorial del Valle del Cauca, implementando la modalidad de trabajo en Casa, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada por el juzgado.
Como Carlos Alberto Delgado Palomino fue identificado el hombre de aproximadamente 37 años asesinado en la tarde de este martes en el barrio Centenario, en el oeste de Cali, en inmediaciones de un reconocido centro comercial y una clínica del sector. De manera extraoficial se conoció que era conocido con el alias de 'Cajón'. En los hechos por una bala perdida, un vendedor de la zona también resultó lesionado.De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal acababa de realizar una diligencia en una entidad financiera de la zona, cuando fue abordada por dos hombres armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque logró ingresar herido a un edificio cercano, debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.“Se presentó un ataque con arma de fuego contra un hombre que acababa de realizar una diligencia en una entidad bancaria. Fue trasladado a un centro asistencial, donde finalmente se produjo su deceso. Según la información recolectada en el lugar, fue abordado por dos hombres que le dispararon indiscriminadamente y huyeron del sitio”, señaló el teniente coronel Nelson Blandón, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Cali.Las autoridades indicaron que, al momento de la inspección técnica, la víctima portaba sus pertenencias, por lo que se investiga si el crimen estaría relacionado con un intento de hurto. Asimismo, se conoció que registraba antecedentes judiciales.“Los antecedentes que registraba eran por homicidio, secuestro y amenazas a defensores de derechos humanos. En este momento, la causa exacta de los hechos es materia de investigación y está a cargo de las unidades especializadas, que trabajan para establecer qué fue lo que ocurrió exactamente”, expresó el oficial.Un equipo especial de la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer los móviles y dar con la captura de los responsables. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita avanzar en el caso.
Después del consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en Cartago, Valle del Cauca, el pasado fin de semana. Recientemente, fue capturado alias “Cakín”, señalado cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Flacos, estructura con injerencia en el norte del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.El operativo se desarrolló en zona rural de Pereira, Risaralda, en límites con el norte del Valle, donde unidades especializadas de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ubicaron el lugar, donde el señalado delincuente intentaba evadir a las autoridades.“Aquí, en el norte del Valle, hay unos grupos de delincuencia común organizada que se nutren del narcotráfico y que buscan generar violencia apoderándose de sus rutas, como el grupo delincuencial organizado Nueva Generación y el grupo de delincuencia organizada Los Flacos. Una de las conclusiones clave, y es la orden, es que estos dos grupos deben ser desmantelados, deben ser llevados a su mínima expresión”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa.De acuerdo con las autoridades, el capturado tendría una trayectoria criminal de más de 17 años. Entre 2009 y 2011 habría sido jefe sicarial de la extinta estructura Los Rastrojos. Posteriormente, pasó por redes criminales en el Eje Cafetero y asumió distintos roles dentro de Los Flacos, incluyendo la coordinación de homicidios, expendio de estupefacientes y lavado de activos mediante préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”.“Alias ‘Cakín’, que quedó libre por vencimiento de términos, fue capturado en un operativo contundente de los policías, quienes arriesgaron la vida por capturarlo. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad por vencimiento de términos. Es algo que estamos analizando con nuestra fiscal general de la Nación y el Ministerio de Justicia para ser más fuertes en esta área y reconocer si como Fuerza Pública estamos haciendo algo que no debiéramos. Por este criminal ya capturado, nosotros ofrecíamos hasta 100 millones de pesos”, expresó el ministro.Las autoridades aseguraron que reforzarán los operativos en el norte del Valle y el Eje Cafetero para debilitar las estructuras criminales que han intensificado la violencia en esta zona del país.
En la tarde de este martes se confirmó quién será el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Se trata del general Hebert Benavides, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefe Nacional de Administración de Recursos de la Policía, ahora liderará la institución en la capital vallecaucana tras varias semanas de incertidumbre. El oficial es oriundo de la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, y cuenta con una trayectoria de casi treinta años en la Policía. Entre sus cargos más relevantes se destaca su liderazgo en la Policía Metropolitana de Barranquilla en el 2024, a finales de ese mismo año asumió como Comandante de la Región de Policía Nro. 8.El general Benavides llega a la capital vallecaucana tras la destitución del general Edwin Urrego, ordenada por el presidente Gustavo Petro, quien lo señaló como el presunto autor de un entramado para colocar sustancias psicoactivas al interior del vehículo del mandatario, días antes de su reunión en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Cabe señalar que en el momento en el que el presidente Petro hizo las acusaciones contra el general Urrego, el oficial se encontraba incapacitado, por lo que no se encontraba activo liderando la Metropolitana de Cali, desde enero del presente año."Ante los hechos de violencia registrados en este inicio de año, era fundamental que Cali contara con un General de la República al frente de la institución, responsabilidad que hoy asume el general Benavides. Esta decisión fortalece la institucionalidad, contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad y permite avanzar en la protección de los derechos de los caleños", señaló el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
La Policía capturó a un peligroso motoladrón en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Al momento de la captura, este criminal tenía en su poder 11 teléfonos móviles y un arma tipo traumática que usaba para cometer los atracos.De acuerdo con las autoridades, la captura se produjo gracias a una denuncia ciudadana y a las labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía Bosa. Los policías ubicaron una motocicleta que había sido señalada como involucrada en un atraco en inmediaciones del CAI Brasilia.Tras activar un plan candado en la zona, los patrulleros interceptaron al conductor, un hombre de 24 años. Durante el registro le encontraron en su poder un arma traumática y 11 celulares, cuya procedencia procedió a ser verificada por las autoridades judiciales.Según información preliminar, el capturado estaría vinculado a varios hurtos de celulares cometidos bajo la modalidad de atraco y raponazo, aprovechando el factor oportunidad para despojar a sus víctimas de los dispositivos en vía pública.El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la localidad.
La intervención de las EPS Savia Salud y SOS por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha deteriorado la atención de sus millones de pacientes y ha producido un preocupante descalabro financiero cuyos responsables son los interventores nombrados por la Superintendencia de Salud.Esa es la conclusión de dos decisiones de la Procuraduría que abrió investigación contra los ocho interventores y exinterventores nombrados para esas dos EPS en los últimos tres años, con un elemento adicional: el Ministerio Público decidió suspender provisionalmente a los actuales responsables de esas entidades, William Humberto Salgado de Savia Salud y Carlos Alberto Betancur de SOS.La EPS Savia Salud, que atiende a cerca de 1 millón 700 mil pacientes principalmente en Antioquia, fue intervenida por la Supersalud el 16 de junio de 2023 con el fin de supuestamente corregir las condiciones económicas y administrativas de la entidad, fines que según la Procuraduría, no se cumplieron.Según el Ministerio Público, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de pacientes de Savia Salud pasó de 70 mil en 2023 a 93.500 en 2025, lo que significa que tuvieron un incremento del 33%. El motivo más frecuente de queja fue la falta de oportunidad en citas o consultas médicas, que creció un 485% en ese periodo.Las acciones de tutela también aumentaron. En 2023 se interpusieron 18.662; en 2024 la cifra llegó a 23.546, un incremento del 26%. Para 2025 hubo una leve disminución hasta 22.001 acciones, pero aún 18% por encima del año de inicio de la intervención. En promedio, cada mes se radicaban 1.833 tutelas al cierre de 2025.En el caso de la EPS SOS, que atiende a cerca de 750 mil pacientes en Valle del Cauca y Risaralda, la Procuraduría concluyó que durante los 20 meses de intervención forzosa, desde abril de 2024, la prestación del servicio de salud y la situación financiera se deterioraron de manera significativa.En materia de acceso a los servicios de salud, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes pasó de 66.611 en 2023 a 95.025 en 2024 —un incremento del 42%— y llegó a 114.910 en 2025, lo que representa un aumento del 71,5% frente al año previo a la intervención. Las principales causas de las quejas se concentran en la falta de atención integral, la negación de autorizaciones médicas y la ausencia oportuna de medicamentos.Las acciones de tutela también crecieron de manera sostenida: de 6.406 en 2023 pasaron a 7.280 en 2024 y a 7.496 en 2025. Según el informe, cerca de 710 de estas acciones constitucionales permanecen sin resolución definitiva, y 3.633 generaron incidentes de desacato durante el período analizado.La Procuraduría también advirtió que podrían evaluarse las responsabilidades de la propia Superintendencia Nacional de Salud en la selección de los perfiles de los interventores y en el seguimiento a su gestión. Del mismo modo, señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social podría tener responsabilidades derivadas de su rol como órgano rector del sistema de salud y entidad de control de tutela sobre la Superintendencia.
Los precios del petróleo continúan disparándose el martes, ya que el mercado teme que la guerra de Irán dure tiempo, lo que provocaría importantes interrupciones en el suministro, con el estrecho de Ormuz impracticable y las infraestructuras energéticas afectadas.Hacia las 11H30 GMT del martes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo subía un 7,94% hasta los 83,91 dólares, minutos después de haber alcanzado los 85,12 dólares, su nivel más alto desde julio de 2024. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en abril, avanzaba un 7,36% hasta los 76,47 dólares.Los precios del petróleo y el gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas europeas cayeron: la guerra en Medio Oriente desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió a los mercados, con la excepción de Wall Street.En su tercer día, el conflicto empeoró y se expandió a distintos frentes, con nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel en Irán, que continúa atacando a los países del Golfo e incluso a territorio de la Unión Europea en Chipre."Las repercusiones (económicas) son amplias, pero los efectos más significativos se refieren a los precios de la energía y al mercado de bonos soberanos", comentó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.Wall Street cerró el lunes con resultados dispares, pero resistiéndose a la tendencia a la baja que arrastró a la mayoría de los demás mercados bursátiles por los temores a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.Los más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.El barril de Brent del mar del Norte subió un 7,26% hasta 77,74 dólares, unos 15 dólares por encima del precio de comienzo de año.El West Texas Intermediate (WTI) cerró con un alza del 6,28% hasta 71,23 dólares por barril.El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de WTI, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos.El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, escalando desde los 61 dólares del inicio del año."El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz [...] está virtualmente paralizado", indicó Kristian Kerr, de la firma LPL Financial.Un general de los Guardianes de la Revolución de Irán amenazó el lunes con "quemar cualquier barco" que intente cruzar el importante paso.El sector petrolero terminó además al alza en Nueva York, con Chevron anotándose un 1,47% y ExxonMobil un 1,11%.- Riesgos de inflación -Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2,17% en París, una baja de 2,56% en Fráncfort, de 1,20% en Londres y de 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2,62%.Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.En Nueva York, el Dow Jones cedió un 0,15%, el Nasdaq subió un 0,36% y el S&P 500 se mantuvo estable (+0,04%).El mercado de deuda también se vio sacudido el lunes, con aumentos en los bonos a 10 años del Departamento del Tesoro estadounidense subieron hasta 4,03% desde el 3,94% con el que cerraron el viernes.De acuerdo con Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, "durante los últimos 15 años, los inversores (estadounidenses) han aprendido a no reaccionar de forma exagerada a los grandes titulares geopolíticos"."El alza en los precios del gas sugiere que el conflicto tendría graves implicaciones macroeconómicas globales", indicó Kathleen Brooks. "La amenaza de llevar al fin la fase desinflacionaria en Europa y Estados Unidos, que ha respaldado las perspectivas económicas en ambos lados del Atlántico".Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región.El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener "un efecto perjudicial sobre el crecimiento", declaró a la AFP el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.
El Día de la Familia es un beneficio que durante años permitió a los trabajadores formales en Colombia solicitar un día libre remunerado, pero con la implementación total de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el derecho dejaría de existir desde julio de 2026.La medida surge del cruce de dos normas: la Ley 1857 de 2017, que creó el Día de la Familia, y la Ley 2101 de 2021, que ordenó reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales de manera gradual. En esta última se dejó claro que el beneficio solo se mantendría mientras se hacía efectiva la reducción total de la jornada.Reducción de la jornada: ¿hasta cuándo puede pedir el Día de la Familia?En este caso, el cambio de la jornada se hará efectivo entre el 15 y el 16 de julio de 2026, cuando quede plenamente implementado el esquema de 42 horas semanales. A partir de ese momento, si la empresa cumple el nuevo límite semanal, ya no estará obligada por ley a otorgar el Día de la Familia.Durante el primer semestre de 2026, los trabajadores aún podrán solicitar el beneficio, con plazo máximo hasta el 30 de junio. Después de esa fecha, dejará de existir para quienes estén cobijados por la reducción de la jornada laboral.Por lo tanto, cada trabajador deberá verificar si su empresa ya aplicó el cambio de horario. Si no lo ha hecho, el derecho seguirá vigente hasta que la reducción laboral se formalice.Cuántos días se pueden pedir antes de la eliminaciónMientras esté activo, el esquema permite dos días libres remunerados al año, es decir, uno por semestre. Hay tres aspectos clave a tener en cuenta antes de que desaparezca el beneficio:Se puede solicitar solo si la empresa no ha completado la jornada de 42 horas.El plazo máximo para pedirlo en 2026 será el 30 de junio.Los festivos nacionales no dependen de este beneficio y se mantienen intactos.Adicionalmente, la norma contempla un nuevo día de descanso que podría reemplazar el Día de la Familia una vez se reduzca la jornada laboral: se trata del día libre por movilidad sostenible, dirigido a quienes usan la bicicleta como transporte habitual al trabajo. Para acceder, se debe presentar certificación y radicar una solicitud formal.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 2 de marzo:El cantante y compositor puertorriqueño Nino Segarra analizó la salsa en la actualidad y dio su opinión sobre la salsa romántica. Además, también habló sobre los arreglos que le realizó a Andy Montañez.En la sección 'Historias que merecen ser contadas', el emprendedor Juan Pablo López contó cómo pasó de ser empleado a emprendedor y cuál fue el momento determinante para tomar esa decisión.
Este sábado, las principales calles de Buenaventura, Valle del Cauca, serán el escenario de una marcha ciudadana que busca alzar la voz frente a la creciente ola de violencia que azota al puerto en los últimos días.Con camisetas blancas, velas encendidas y un mensaje claro de rechazo a la criminalidad, la comunidad se unirá en un recorrido que culminará en el centro del municipio. El objetivo: hacer un llamado urgente para que cesen los hechos que han alterado el orden público y se recupere la tranquilidad de sus habitantes.“Marchamos porque estamos cansados del miedo, de los disparos, del dolor. Queremos vivir en paz y ver a Buenaventura florecer de nuevo, porque no aguantamos más”, expresó uno de los organizadores.Tanto organizadores como participantes han manifestado su profundo dolor y desesperanza ante los constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales, los cuales no solo ponen en riesgo sus vidas, sino que también amenazan el tejido social y económico de la ciudad.Además del clamor por la paz, la marcha busca reactivar la Semana Santa, una temporada que tradicionalmente atrae turistas y representa una esperanza para la economía local. Sin embargo, el miedo ha desplazado a los visitantes, dejando al puerto sumido en la incertidumbre.La jornada, que se espera sea multitudinaria, representa un grito colectivo que nace desde el corazón de un pueblo resiliente, pero profundamente golpeado por la violencia.
La Asociación de Consejos Comunitarios Afroamazónicos de las riberas del río San Miguel de Ipiales (Nariño), en límites con el departamento del Putumayo, aseguró en un comunicado que ocho personas se encuentran desaparecidas tras los combates registrados entre grupos armados ilegales en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos. Los líderes comunitarios temen que hayan sido secuestradas por uno de los actores armados presentes en la zona.Blu Radio conoció en exclusiva un documento en el que las directivas de Asoccafrain, luego de realizar una asamblea extraordinaria y un barrido por el territorio, lograron establecer la identidad de los desaparecidos: Carlos Agustín Quijijije Espinel ('Caliche', 47 años), Carlos Antonio Quijijije Cortés (18 años), Jesús David Rojas (25 años), José Ángel Gómez Sinisterra ('Moralo', 28 años), Iván Andrés Narváez Flores ('Manguera', 26 años), Yamid Cifuentes Cruz (35 años), Fredy Obando (55 años) y Jhon Kevin Bastidas Benavides (24 años). Según los líderes sociales, se desconoce su estado de salud y su paradero actual.El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, informó que las autoridades de Policía y Ejército de Nariño y Putumayo analizan la denuncia presentada por los representantes de los consejos comunitarios y adelantan investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 2 de abril en esta región del sur de Nariño, en límites con el Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo.Pantoja recordó que, semanas atrás, en un Comité de Justicia Transicional, se había emitido una alerta temprana sobre la presencia de grupos armados ilegales en la zona. Además, indicó que la jurisdicción de seguridad corresponde a la Brigada 27 del Ejército Nacional, con sede en Putumayo.De acuerdo con el informe entregado por los consejos comunitarios, dos días después de los enfrentamientos que se registraron a plena luz del día en varias veredas de los consejos Nueva Esperanza, Nuevo Renacer y Liberación y Futuro, dos civiles perdieron la vida. La identidad de las víctimas no fue revelada.Los presidentes de los consejos comunitarios de Cofanía Jardines de Sucumbíos reportaron que más de 189 personas tuvieron que abandonar sus hogares para proteger sus vidas ante la intensidad de los combates entre el grupo "Comandos de Frontera" y, presuntamente, otro grupo armado ilegal que incursionó en esta zona de dominio tradicional de los primeros, quienes actualmente se encuentran en diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Entre los desplazados se encuentran niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad. Las familias afectadas reciben atención humanitaria en puntos como el Consejo Comunitario Nueva Esperanza, la Escuela Rural Mixta San José de los Pinos, la caseta El Bambú, y la Escuela Rural Mixta Fronteras del Amarradero, entre otros espacios comunitarios.Familiares de las personas plagiadas exigieron al grupo armado responsable que respete la vida de los secuestrados y los libere de inmediato, sanos y salvos.Campesinos que pidieron mantener su anonimato señalaron que en la zona se prohibió el uso de prendas negras, como sudaderas o camisetas, para evitar ser confundidos con integrantes de grupos armados ilegales. Además, denunciaron que, hasta ahora, ninguna autoridad del Estado ha llegado al área afectada, ubicada en los límites de Nariño y Putumayo.Por su parte, defensores de derechos humanos advirtieron que aún no está claro cuál grupo armado ilegal habría incursionado en la zona, donde históricamente el control ha estado en manos de "Comandos de Frontera". Solicitaron a las autoridades investigar los hechos con celeridad para garantizar la protección de las comunidades vulnerables.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre incumplimientos en materia de un acueducto para Buenaventura, incluido en los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional durante el Paro Cívico en este Distrito ocurrido en 2017.“Hay unos compromisos del Paro Cívico que no se han cumplido. El agua, por ejemplo, aunque ya se están haciendo reuniones, no se toman las decisiones necesarias para poder actuar y lograr que realmente le llegue el agua a los bonaverenses”, expresó la mandataria de los vallecaucanos.La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Buenaventura han venido trabajando en inversión social para el Distrito, que incluye programas para generar oportunidades de desarrollo económico.“Si no tenemos el acompañamiento del Gobierno Nacional, no es fácil hacer todo lo que tenemos que hacer en Buenaventura, porque son muchos años de olvido”, sentenció la gobernadora Dilian Francisca Toro.Precisamente, para hacer un seguimiento y buscar soluciones estructurales a las problemáticas del Distrito, la gobernadora del Valle anunció que, a partir de este lunes 7 y hasta el viernes 11 de abril, despachará desde Buenaventura con todo su gabinete.
La violencia que por estos días se ha tomado a Buenaventura, Valle del Cauca, está ocasionando serias afectaciones al sector del turismo debido a que son múltiples las quejas que presentan los empresarios, emprendedores y trabajadores del sector.Dicen que por la presencia de Shottas y Espartanos y otros grupos delincuenciales, tanto en zona urbana como rural, las reservas de los hoteles, especialmente en las playas del distrito, han disminuido en amplios porcentajes."El turismo si ha bajado bastante en las zonas turísticas de Buenaventura como por ejemplo en Ocho, Bahía Malaga, son algunas de las comunidades más afectadas, pero también está La Barra, nuestro caso que es la Playa Chucheros, estamos muy afectados porque para Semana Santa no tenemos contratados los servicios que prestamos, ni siquiera la mitad, por la seguridad de las últimas tres o cuatro semanas", dijo Margarita Preciado, lideresa de la Playa Chucheros.Ante este panorama, Johnny Castaño, vicepresidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, manifestó que el sector está a la expectativa de una reactivación por la llegada de la Semana Santa."La semana pasada tuvimos una semana fuerte en temas de seguridad en el casco urbano de la ciudad con el tema de orden público, pero las comunidades que prestan los servicios turísticos están preparadas para recibir a todos estos turistas que nos visitan en esta temporada, y el compromiso es de que ellas van a estar pendientes de la misma seguridad de los turistas porque a ellos les conviene que los turistas tengan una buna imagen de la ciudad y de sus playas", aseguró Castaño.La junta directiva de la Cámara de comercio de Buenaventura, indicó que se esperan que alrededor de 35.000 turistas lleguen en la Semana Santa, luego de las medidas anunciadas por las autoridades en la intervención a Buenaventura para recuperar su seguridad.
Hospitales como el Carlos Holmes Trujillo y el Centro de Salud Decepaz, ubicado en el oriente de Cali, actualmente presentan sobreocupación por cuenta de los usuarios que llegan a sus instalaciones por diferentes patologías, situación que ha ocasionado un incremento de atención en un 140%.Tan solo en el mes de marzo se atendieron 12.432 personas en los servicios de urgencias, lo que obligó a las directivas de los dos centros médicos a activar de inmediato un plan de contingencia para evitar el colapso de la prestación del servicio."Iniciamos el mes de abril con una sobreocupación en promedio se atienden entre 6 mil y 7 mil pacientes, esto entre pacientes pediátricos, y adultos, nosotros hemos garantizado desde la E.S.E Oriente, unos planes de expansión, también hemos fortalecido con especialistas en nuestros servicios, tenemos pediatras, médicos y otros profesionales que nos están dando el apoyo", dijo Sandra Velásquez, gerente de la E.S.E Oriente.Los principales factores de esta sobreocupación se dan por la afluencia de pacientes con diagnósticos críticos que requieren atención especializada, sumado las múltiples dificultades en el traslado de los usuarios a otras instituciones de la ciudad."Tenemos afecciones respiratorias, también el deterioro en el estado de salud de algunas de las personas que acuden a los servicios, y también hemos notado dificultades en los momentos de solicitar la remisión de estos pacientes a una mayor complejidad, hemos visto que la mediana y alta complejidad también han estado con sobreocupación que hace imposible el traslado", manifestó la gerente.Finalmente, indicaron desde la Red de Salud del Oriente E.S.E que durante la Semana Santa, se prestarán sus servicios en los horarios habituales, de 6:00 a. m. a 4:30 p. m., en consulta externa, para evitar la saturación de pacientes en medio de esta contingencia.
En condiciones precarias y como mascotas en una finca eran tenidos nueve ejemplares de fauna silvestre que fueron rescatados por las autoridades ambientales en zona rural de Calima El Darién, en el centro del departamento del Valle del Cauca.El operativo, que fue adelantado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, permitió rescatar un ocelote, tres monos aulladores, tres guacamayas azules y dos loros orejiamarillos, especies que permanecían en cautiverio en espacios inadecuados, sin las condiciones mínimas para su bienestar.“La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Valle, con su seccional de carabineros, logra la incautación de nueve especies silvestres que se encontraban en cautiverio. Se trata de los controles que venimos realizando para la seguridad rural de nuestro departamento”, dijo el mayor Jhon Ramírez, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle.Los animales fueron hallados en ambientes que no garantizaban su alimentación, movilidad ni atención veterinaria, lo que representa un grave riesgo para su salud y para la conservación de estas especies protegidas.“Esta vez, en el sector rural de Calima El Darién, a través de los controles realizados, logramos rescatarlos. Con esto ratificamos nuestro compromiso con la protección del capital natural y reafirmamos los controles que venimos haciendo para la seguridad rural en el departamento del Valle del Cauca”, señaló el oficial.Los ejemplares ya fueron dejados a disposición de la autoridad ambiental competente para su valoración médico-veterinaria, atención especializada y proceso de rehabilitación, con el propósito de garantizar su recuperación y evaluar su retorno a su hábitat natural en los próximos días.
Cientos de familias en la zona montañosa del centro del Valle del Cauca están a punto de quedarse incomunicadas por los constantes derrumbes en las vías de acceso a corregimientos y veredas, como consecuencia de las lluvias que aún se siguen registrando en esta zona del departamento.En el municipio de Palmira, la situación más alarmante se vive en el sector de Altos de la Buitrera, en la vereda Gualanday, que además de la afectación en los caminos de acceso, corre el riesgo de perder varios puentes, y ya sufrió afectaciones a cultivos y galpones."Ahora,con el último derrumbe, se vieron afectadas nueve casas. No sabemos qué hacer, acá llueve todos los días, principalmente en las tardes. Los vecinos no tenemos para dónde ir porque las familias somos de acá mismo, es familia con familia. Toda la comunidad está en riesgo de quedar incomunicada. Aproximadamente 80 casas, 80 familias, estamos acá a la espera", explicó Vania Rengifo, habitante de la vereda.Mientras tanto en Guacarí, la comunidad del sector de la Macarena también pide intervención inmediata de la maquinaria amarilla en sus vías de acceso y en la quebrada que hoy está colapsada de barro y escombros."Miren la parte alta, esa finca está viendo por pedazos, se viene lentamente cada vez que llueve, aquí estamos en La Magdalena y acá está la quebrada, ya está llena prácticamente de lodo, hay más de 5.000 metros cúbicos amontonados, todo está amontonado aquí", aseguró un líder del sector.Las autoridades de gestión del riesgo anunciaron varias visitas tanto en Palmira como en Guacarí, así como en otros municipios del centro del Valle para definir el número de afectados e iniciar con el despeje de las vías de acceso en el menor tiempo posible.
La comunidad del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, bloqueó desde la mañana de este martes 3 de marzo las principales vías del sector para exigir soluciones ante el grave deterioro de las calles y el presunto abandono por parte de la administración municipal. Los manifestantes aseguran que la situación genera caos vehicular y pone en riesgo a quienes transitan por la zona.Según videos difundidos en redes sociales, una de las principales inconformidades radica en que la única vía que se encuentra en buenas condiciones permanece cerrada, al parecer por la ubicación de un CAI, donde se restringe el tránsito de vehículos como medida de seguridad ante la presencia de grupos armados en el sector. A esto se suma la llegada de la temporada de lluvias, que ha empeorado el estado de las pocas calles habilitadas. Los habitantes denuncian que la maquinaria enviada por la Alcaldía realiza intervenciones parciales, pero no culmina las obras.Luis Lucumí, líder del bloqueo, afirmó que las vías y el sistema de alcantarillado se encuentran en muy mal estado y que no han recibido respuesta oficial. “Ya hay varios vehículos que han estado a punto de volcarse debido a los baches en la carretera”, señaló. Además, indicó que la vía que comunica a Robles con Quinamayó está en condiciones críticas y que la carretera hacia Guachinte presenta un hundimiento en la banca.Según la comunidad, dentro del corregimiento también hay calles muy deterioradas y, pese a que la problemática persiste desde el año pasado, la administración municipal no ha dado soluciones de fondo.Por su parte, Flor Balanta, habitante del corregimiento, manifestó que necesitan una atención real y efectiva. “Queremos ver resultados concretos y que las obras se terminen. Creo que nosotros, como robleños, no nos merecemos lo que está pasando”, expresó.Los habitantes aseguran que citaron a la alcaldesa a las 8:00 de la mañana para escuchar respuestas directas y advierten que mantendrán el bloqueo hasta obtener compromisos claros por parte de las autoridades municipales.
Diecinueve de los 42 municipios del Valle del Cauca están presentando algún riesgo para las elecciones al Congreso que se realizarán este domingo, así lo advirtió la Misión de Observación Electoral que ha identificado dos escenarios preocupantes.En primer lugar está el riesgo de fraude y en segundo, el cual es el que representa mayor amenaza, es la presencia de grupos armados ilegales. Gran parte de estos municipios en riesgo están ubicados en las cordilleras."Tenemos trece municipios con riego por violencia, y lo que vemos son distintos fenómenos como la expansión del Estado Mayor Central en las coordilleras Occidental y Central. El control de la cuenca del río Naya, que sale de la parte alta de Jamundí y desemboca en Buenaventura, en Dagua también. Y la disputa del ELN con el Clan del Golfo en la rivera del San Juan", señaló Alejandro Sánchez, coordinador de la Misión de Observación Electoral en el Valle del Cauca.Entre los municipios en riesgo se encuentran los tres incluidos en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, hablamos de Buenaventura, Florida y Pradera."Por riesgo de fraude preocupan principalmene Ulloa, El Dovio y Dagua, donde se presenta una situación de concentración y predominio importante. Lo que analizamos es el comportamiento extraño de los votantes en elecciones anteriores", añadió el coordinador de la MOE en el Valle.Por su parte, la Gobernación del Valle está pidiendo el traslado de algunas mesas de votación de la zona rural de Jamundí, donde hay presencia de las disidencias de las Farc. Se trata del corregimiento de Ampudia, donde se registró la más reciente asonada contra el Ejército.“Han sido sistemáticas las asonadas contra nuestras tropas que impide que puedan estar en los lugares en donde estarán los puestos de votación. Por lo que no puede haber garantías constitucionales para los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto libremente mientras no se garantiza la presencia de la Fuerza Pública”, aseveró Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.Finalmente, desde el Consejo Nacional Electoral se indicó que sigue avanzando en las acciones que permitan garantizar transparencia y legitimidad en estas elecciones, facilitando la inscripción de testigos, observadores y auditores electorales; además de trabajar con la Fuerza Pública con el despliegue de más de 8.000 militares en todo el departamento.