En la noche del viernes 27 de febrero se confirmó la muerte de Jairo Prado Roldán, abogado y notario, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. El fallecimiento del joven profesional ha causado conmoción en el ámbito político y jurídico del departamento.De acuerdo con información preliminar, Prado Roldán, de 36 años, habría fallecido al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira. Las primeras versiones indican que se trataría de un accidente doméstico, aunque las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las causas del deceso.El abogado se desempeñaba como notario y era reconocido en la región por su ejercicio profesional. Tras conocerse la noticia, líderes políticos y figuras públicas del Valle del Cauca expresaron mensajes de solidaridad y acompañamiento a la exmandataria y a su familia, lamentando la pérdida y enviando voces de apoyo en este difícil momento.Entre tanto, las autoridades adelantan los procedimientos judiciales y las investigaciones correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la familia.
Como un paso positivo para que la mesa se mantenga activa calificó el representante de la Iglesia católica en los diálogos de paz, monseñor Héctor Fabio Henao, la Resolución 053 del 25 de febrero, por medio de la cual el presidente Gustavo Petro autoriza la zona de ubicación para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo, en el marco de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.El alto prelado dijo a Blu Radio que confía en que este paso trascendental que dio el Gobierno permita restablecer la confianza entre las partes y aseguró que este hecho puede representar un momento muy importante dentro de la transición hacia una forma de ejercicio pleno de la autonomía de la comunidad y dejar atrás cualquier vínculo con la violencia o actividades que puedan afectar a la población o la región en general.Dijo monseñor Henao que este paso es muy valioso y que se deben respetar todas las condiciones pactadas para el buen desarrollo de esa zona de capacitación y ubicación temporal.El representante de la Iglesia católica hizo un llamado a las delegaciones del Gobierno y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que se mantenga la voluntad y se emprenda cuanto antes la transición hacia otras formas de relacionamiento con las comunidades, y mantener en alto los principios que se han trazado a lo largo de la negociación.La Resolución 053 tiene fecha del 25 de febrero y solo se conoció hasta hoy, en la cual el Gobierno establece, "por 10 meses, a partir de la vigencia de la presente Resolución, una zona de ubicación temporal denominada zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez, ubicada en el área rural de ese municipio del departamento del Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida civil de sus integrantes y contribuir en la determinación y terminación del conflicto armado de forma paralela y articulada con las dinámicas de transformación territorial derivadas de la efectiva sustitución de economías ilegales por procesos productivos legales y sostenibles”.La delimitación geográfica de esa zona de capacitación y ubicación temporal está establecida en un documento técnico de carácter reservado.A pesar de que en la resolución no se dice el número de integrantes de Comandos de Frontera que podrían llegar, Blu Radio conoció que en la última reunión de las delegaciones, que se realizó en Tumaco, en el Pacífico nariñense, voceros del Gobierno pidieron a la delegación de ese grupo ilegal que se incrementara de cien a 600 los combatientes que en un primer programa piloto llegarían a esa zona de capacitación y ubicación, que serían distribuidos 300 en el Putumayo y otros 300 en Nariño, donde la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano tiene sus frentes y columnas.En la resolución del Gobierno se dice, en el parágrafo 3, en aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, conforme al listado que será recibido y aceptado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, sin perjuicio de las verificaciones relativas a la plena identificación de los miembros, según lo dispuesto en el parágrafo quinto del artículo quinto de la Ley 2272 de 2022.La resolución además contempla que, durante el término de la vigencia de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, tanto de los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que allí se ubiquen como para las personas y comunidades vinculadas en su implementación y funcionamiento en la zona para la capacitación integral y ubicación temporal del Valle del Guamuez.Se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado social de derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción y en articulación con los protocolos acordados en la mesa de diálogos de paz, según corresponda.
Tras el anuncio del aumento de aranceles del 30 al 50 % por parte de Ecuador hacia Colombia, crece la preocupación en el Valle del Cauca, segundo mayor socio comercial del vecino país. Esta decisión se da en medio de una disputa de seguridad, donde la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa asegura que Colombia ha mostrado poco compromiso en la lucha contra las drogas en la frontera.Ana María Castillo, directora de Conexiones Globales de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que “el Valle del Cauca es un departamento que comercia en gran medida con Ecuador, es nuestro segundo socio comercial. El año pasado tuvimos más de 460 empresas de todos los tamaños, con más de 368 millones de dólares en exportaciones”.La directora también señaló que “estamos enviando productos de belleza, alimentos, altas manufacturas e ingredientes. El comercio internacional es un gana-gana para ambos países. Ecuador es importante como primer destino de nuestras exportaciones, pero también hay otros mercados: Centroamérica y Caribe. Desde la Cámara de Comercio vamos a seguir acompañando a las empresas para conquistar nuevos mercados”.Por su parte, Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, hizo un llamado a los gobiernos de ambos países: “Hacemos un llamado especial al gobierno ecuatoriano y al gobierno colombiano para que no sea a través de tarifas que solucionemos nuestras dificultades en materia de seguridad, sino mediante la diplomacia y la concertación de una agenda decidida de seguridad que nos permita salir de esta problemática”, indicó.Se espera que en las próximas semanas se logre destrabar el escenario comercial y evitar un impacto prolongado sobre la economía del suroccidente colombiano.
El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.En entrevista con Mañanas Blu, Torres rechazó esa afirmación y aseguró que se trata de un señalamiento “desafortunado” contra el personal médico y asistencial que, según dijo, garantiza la atención de pacientes en medio de la crisis del sistema de salud.“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, afirmó el gerente, quien calificó la declaración como “prematura” y “discriminatoria”.Vinculación por agremiaciones sindicalesUno de los puntos centrales del debate es la forma de contratación del personal. Según explicó Torres, el hospital vincula parte de su talento humano a través de agremiaciones sindicales que, aseguró, están autorizadas por el Ministerio de Trabajo.De acuerdo con sus cifras, actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante estas agremiaciones, 475 trabajadores en planta y el resto corresponde a personal contratado por empresas de aseo y vigilancia.La viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, señaló que existiría una desproporción, pues cerca del 90 % del personal estaría bajo la figura de contrato sindical. Torres respondió que esa cifra es imprecisa y que no ha recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes.“Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo.Diferencias salarialesDurante la entrevista también se abordó la presunta brecha salarial entre trabajadores de planta y quienes están vinculados por agremiaciones. Según lo expuesto por el Gobierno, un empleado de planta podría recibir en promedio 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno vinculado mediante contrato sindical percibiría cerca de 1.700.000 pesos.Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades de contratación, similares a las que se presentan en contratos de prestación de servicios frente a cargos de planta. Sin embargo, aclaró que el hospital no define directamente cuánto reciben los trabajadores afiliados a las agremiaciones.“Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó.Limitaciones financieras y Ley 550El gerente indicó que el hospital se encuentra bajo la Ley 550, lo que limita la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las herramientas contractuales disponibles para garantizar la prestación del servicio.Añadió que la institución depende en gran medida de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados y que, según afirmó, actualmente los hospitales reciben menos del 50 % de lo que facturan.“Utilizamos los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”, señaló.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Media tonelada de marihuana que iba a ser comercializada en entornos escolares fue incautada en Medellín. Denuncian que criminales están usando drogas saborizadas para que los niños se vuelvan adictos a los estupefacientes.En medio de varios operativos realizados por autoridades en Medellín se logró dar un golpe al tráfico de estupefacientes en entornos escolares con la incautación de 540 kilos de marihuana que iban a ser comercializados en los barrios Manrique y Aranjuez.Una de las estructuras vinculadas a estos hechos son 'Altos de la Virgen', que perdió cerca de 500 millones de pesos con este procedimiento y que, además, ha sido constantemente afectada con la captura de 28 de sus integrantes en un par de meses.Sin embargo, lo que más llamó la atención y que hoy tiene consternada a la mayoría de la población de Medellín es que, durante estos operativos, se logró hallar e incautar droga saborizada que iba a ser vendida a los estudiantes de decenas de colegios de la capital de Antioquia.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alertó a la comunidad de este modus operandi con el que diferentes grupos delincuenciales buscan que los menores de edad se vuelven compradores frecuentes de droga camuflada detrás de sabores atractivos para niños y niñas.“En cada uno de estos recipientes ustedes encuentran cocaína saborizada. Tienen sus juguitos, entonces está, por ejemplo, es de fresa, hay otras que son de maracuyá. En barrios, por ejemplo, como Aranjuez, porque tenemos consumos inclusive de niños desde los 10, 11, 12 años y cada bolsita de estas que tiene 1 g, la venden por 6000 pesos”; aseguró.El brigadier general, Henry Yesid Bello Cubides, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseguró que hubo personas capturadas en este procedimiento, mismas que tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes y que, al parecer, generaban rentas ilícitas por más de 80 millones de pesos a la semana.Además, sobre la droga incautada mencionar que podría distribuirse en 550.000 dosis avaluadas en más de 2.200 millones de pesos.Todo el material incautado y otros elementos probatorios que fueron recolectados en Medellín fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otras personas vinculadas con la venta de drogas a menores de edad.
Con ojos azules, cabello claro y, según su madre, una mirada que “enamoraba a cualquiera que la conociera” Sara Sofía Galván nació el 30 de marzo de 2019. Hoy tendría siete años. Pero su nombre permanece en expedientes judiciales, en archivos de noticias y en la memoria de un país que todavía se pregunta dónde está su cuerpo.Cinco años después de su desaparición, Carolina Galván, su madre, habló desde la cárcel en el pódcast 'Más allá del silencio'. Su voz, entrecortada por momentos, reconstruye fragmentos de una historia atravesada por el miedo, la pobreza y el silencio.“Nunca tuve una madre. Así me tocó crecer”, dice al explicar su propia infancia en Puerto Berrío, Antioquia. Llegó a Bogotá siendo adolescente, huyendo de la violencia y buscando sobrevivir. A los 18 años quedó embarazada de Sara Sofía. A pesar de las dificultades y de las recomendaciones de darla en adopción, asegura que decidió criarla. “Ese era mi sueño, sacarla adelante”.Pero el contexto que rodeaba a Carolina era frágil. Dependía de otras personas para sobrevivir, atravesó episodios de indigencia y terminó viviendo con Nilson Díaz, un hombre que, según su relato, pronto comenzó a controlarla. Habla de amenazas, de un arma, de la obligación de entregarle dinero y de un miedo constante que —asegura— terminó paralizándola.El 27 de enero de 2021, ese miedo se convertiría en el centro de todo. Ese día, Carolina salió de la vivienda donde vivía con Díaz. Antes de irse, dice, bañó a Sara Sofía, la dejó alimentada y acostada. Cuando regresó, la niña estaba en la cama.“No despertaba”, recuerda. Al principio pensó que dormía. La llamó. La movió. Nada. “Yo no entendía qué estaba pasando”, dice. Nilson, según su versión, le dijo que la niña había muerto de “pena moral”, una expresión que ella asegura no comprendió en ese momento.Quiso salir, pedir ayuda, buscar a alguien. Pero dice que no la dejaron. “El miedo me manipuló completamente. No podía hablar, no podía reaccionar”, afirma.Las horas siguientes son un vacío lleno de contradicciones, silencios y decisiones que hoy pesan más que cualquier condena. Carolina dice que incluso fue a la iglesia, obligada, mientras su hija permanecía en la casa, inmóvil. “Yo quería pedir ayuda, pero no me salían las palabras. Solo lloraba”.Cuando regresó, la niña ya no estaba. Fue entonces cuando, según su relato, comenzó a insistir. A preguntar. A exigir respuestas. Nilson primero evitó hablar. Después, le dio una frase que hasta hoy sigue siendo una herida abierta.“Me dijo que la había tirado en un caño”. Pero Carolina asegura que nunca vio el cuerpo. Nunca supo dónde la dejó. Nunca pudo confirmar qué ocurrió realmente.“El cuerpo no aparece porque él se la llevó. Él sabe qué hizo”, sostiene. La versión de Nilson Díaz es distinta. Ante las autoridades, la señaló a ella como responsable de la muerte. Dijo que la niña sufrió un golpe después de un castigo. Que todo ocurrió dentro de la vivienda.Carolina lo niega. “Eso es mentira. Él utilizó a sus hijos para declarar en mi contra”, afirma. Reconoce, sin embargo, que cometió errores. Que no denunció. Que se quedó en silencio. Que tuvo miedo.Durante meses, las autoridades buscaron el cuerpo en canales de agua, caños y zonas cercanas al lugar donde vivía la menor. Nunca lo encontraron.Hoy, desde una celda, Carolina reconstruye su historia como si intentara ordenar los fragmentos de una pesadilla que todavía no termina. “No sé qué pasó realmente”, dice.El cuerpo de Sara Sofía sigue sin aparecer. Y en esa ausencia, permanece la pregunta que nadie ha podido responder.
Tras el asesinato con drones de una madre y sus dos hijos en Segovia, Antioquia, más de 100 soldados llegaron a la zona para reforzar la seguridad. La Gobernación de Antioquia denunciará este hecho como una violación al derecho internacional humanitarioUna verdadera tragediaLos familiares de María Silva, Yalusan Cano y Alonso Silva, madre e hijos que fueron vilmente asesinados en zona rural del municipio de Segovia, luego de que un dron con explosivos cayera de manera repentina en la vivienda donde estaban estos tres adultos y una persona más que resultó herida, viven una verdadera tragedia.Aunque las autoridades no han podido determinar con exactitud quién está detrás de este hecho, el general José Perdomo, comandante de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se amplió inmediatamente el pie de fuerza para adelantar operaciones que permitan dar con los responsables de esta lamentable situación.“En respuesta inmediata a esta acción terrorista y criminal, las tropas del Batallón de Selva número 55 han intensificado el despliegue operacional con la inserción de más de 100 soldados para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos armados organizados”, afirmó.A la espera de que se logren resultados en esta zona del Nordeste antioqueño, el secretario de Seguridad, Luis Martínez, rechazó con vehemencia este acto terrorista y aseguró que el aberrante crimen será denunciado ante las instancias que sean necesarias como una violación a los derechos humanos.“Que debe ser rechazado de manera contundente y tajante y que debe inmediatamente informar a los organismos internacionales de derechos humanos porque es una familia que nada tiene que ver con el conflicto. Que sencillamente con un dron suelta un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, dos hijos”, indicó el secretario Martínez.Sobre la cuarta persona involucrada, se conoció recientemente que se llama Carlos Arcaes Silva de 50 años y que está siendo atendido en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en donde especialistas tratan varias heridas de consideración en piernas y abdomen.Por ahora se espera que las Fuerzas Militares continúen operando en el municipio de Segovia con el fin de establecer responsabilidades aunque desde una de las hipótesis que mayor relevancia cobra es que el Frente 4 de las disidencias estarían detrás de la situación que enluta al departamento de Antioquia.
En una operación en zona rural del municipio de Samaniego, tropas del Ejército capturaron a alias ‘Mono’, señalado de ser uno de los presuntos responsables de la articulación de actividades de narcotráfico internacional y quien tenía orden de extradición vigente hacia Estados Unidos.La acción se ejecutó en medio de un allanamiento y registro adelantado por el Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 2, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2 y la Vigésima Tercera Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.De acuerdo con las autoridades, la captura fue el resultado de varios meses de labores de seguimiento e inteligencia. El detenido era requerido por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.Según las investigaciones, alias ‘Mono’ estaría vinculado a un acuerdo criminal orientado a la financiación, coordinación y facilitación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a nivel internacional. Presuntamente, tendría la responsabilidad de supervisar el ingreso a laboratorios de procesamiento de droga, verificar su funcionamiento y garantizar la producción.Además, habría liderado la planificación estratégica de rutas terrestres y fluviales para el envío de cargamentos ilícitos hacia Ecuador y otros países de Centroamérica, consolidando corredores para el tráfico transnacional.El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición, mientras las Fuerzas Militares anunciaron que continuarán las operaciones ofensivas para afectar las estructuras logísticas y financieras dedicadas al narcotráfico en el departamento de Nariño.
Tres extranjeros fueron inadmitidos por tener alertas de explotación sexual en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Este año Antioquia ha registrado 11 de los 21 ciudadanos de otros países a los que Migración les ha impedido el ingreso a ColombiaEn Medellín sigue la alerta por el turismo con fines de explotación sexual de mujeres, niños y adolescentes que se viene evidenciando por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, quienes, incluso, recientemente han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la capital antioqueña.Un insólito caso se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, cuando a un estadounidense se le negó el ingreso al país, tras arribar en un vuelo proveniente de Miami, luego de que durante la entrevista en los filtros de inmigración manifestara descaradamente que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, tras ser consultado por el propósito de su visita.Según reportaron las autoridades, el hombre además se comportó de manera irrespetuosa y grosera hacia los oficiales de Migración Colombia y el personal del aeropuerto, por lo que horas más tarde fue devuelto al país de origen en un vuelo de la misma aerolínea que lo trajo.El extranjero pretendió justificar su visita afirmando que “es lo único que lo trae a Colombia”, refiriéndose directamente a turismo con fines de explotación sexual, y no dudó en mostrar su equipaje cargado con preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros."Con estos casos, ya son once personas inadmitidas en el año dos mil veintiséis, cinco de los cuales fueron inadmitidos, como resultado de la cooperación con los Estados Unidos, a través de la plataforma Angel Watch, y seis de ellos por entrevista migratoria de nuestros oficiales de migración, a través de actividades de revisión de equipaje y verificación de información, a través de mecanismos de cooperación internacional", indicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.Pero no fue el único caso, a otros dos ciudadanos provenientes de ese país, también desde la ciudad de Miami, les impidieron su entrada por la misma terminal aérea, luego de que confesaran sus intenciones en la capital antioqueña.Cifras de la entidad revelan que durante el 2025 fueron inadmitidos 110 extranjeros por posibles actividades relacionadas con este fenómeno en todo el país (45 catalogadas como ofensores sexuales y 65 reseñadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes en la plataforma Angel Watch).
La Alcaldía de Santiago de Cali alertó a la ciudadanía tras conocer denuncias sobre grupos políticos que estarían ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén a cambio de apoyo electoral. Las autoridades señalaron que estos ofrecimientos son falsos y buscan engañar a la comunidad, aprovechándose de la necesidad de los ciudadanos.Frente a esta situación, la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López, explicó que no existe ninguna persona autorizada para modificar la clasificación del Sisbén.“Queremos alertar a la ciudadanía sobre supuestos ofrecimientos para bajar la clasificación del Sisbén, los cuales no son ciertos. El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, afirmó la funcionaria.Por su parte, José Valencia, coordinador de los Puntos de Atención Sisbén, indicó que la categoría asignada a cada ciudadano responde a un procedimiento técnico definido a nivel nacional.“La categoría del Sisbén no se negocia ni depende de candidatos o partidos políticos. Es un proceso técnico que depende exclusivamente del Departamento Nacional de Planeación. Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación, que es la única vía oficial para que su situación socioeconómica sea evaluada nuevamente”, explicó.Finalmente, la Alcaldía de Cali hizo un llamado a la ciudadanía a no entregar documentos ni información personal a terceros que prometan alterar la clasificación del Sisbén y a denunciar ante las autoridades cualquier situación irregular relacionada con este sistema.
El Ministerio del Trabajo realizó una visita de inspección al Hospital Universitario del Valle (HUV) con el fin de revisar las condiciones de contratación de más de 4.000 trabajadores. La diligencia buscaba establecer si se están garantizando los derechos laborales del personal que presta sus servicios en esta institución de salud.Según explicó la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Milena Muñoz, su despacho recibió denuncias que indican que cerca del 90 % del personal estaría vinculado de manera irregular a través de contratos sindicales.“El 90 % del personal del hospital estaría intermediado de manera ilegal a través de la figura del contrato sindical. Estamos hablando de alrededor de 4.000 trabajadores bajo contrato sindical y solo 260 con vinculación directa. Esto genera discriminación laboral. Trabajadores que hacen las mismas funciones reciben salarios muy distintos. Mientras un trabajador con contrato sindical gana cerca de $1.700.000, un trabajador directo puede ganar $3.300.000", dijo Muñoz. Además, la funcionaria aseguró que a este personal "no se le reconoce jornadas justas, horas extras, licencias, incapacidades ni 15 días de vacaciones, como lo establece la ley, sino que solo les dan 5”.Agregó que, durante la inspección, también se identificaron riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como denuncias por posibles represalias.“Adicional a esto, hemos identificado riesgos químicos, físicos y ergonómicos. Durante la inspección a la morgue encontramos un manejo inadecuado del formol, que podría generar afectaciones graves a la salud a futuro, incluso, riesgos cancerígenos. Además, varios trabajadores se han acercado a los inspectores para manifestar que temen denunciar estas situaciones, porque aseguran que podrían ser despedidos”.Por su parte, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres Castro, explicó que la institución realiza la contratación de estos servicios mediante procesos de licitación pública y que se acogerán a las conclusiones de la inspección.“Desde el hospital hemos adelantado procesos de licitación pública, en los que se ofertan los servicios y las necesidades de los distintos procesos. Estos procedimientos se realizan de manera juiciosa y responsable. Esperaremos el concepto y los resultados de la inspección del Ministerio del Trabajo y, con base en ello, tomaremos las decisiones que correspondan”.Esta inspección, según el Ministerio del Trabajo, busca garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, sin afectar la prestación de los servicios de salud que reciben los pacientes.Sobre el tema se pronunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X. "En el hospital universitario del Valle tenían practicamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada", escribió el presidente Petro.
Las autoridades en Cali continúan adelantando megatomas para reforzar la seguridad y contrarrestar hechos delictivos y homicidios en la capital del Valle del Cauca. Recientemente, los operativos se concentraron en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, donde fueron desplegados cerca de 100 uniformados con el apoyo de varios drones que permitieron el monitoreo en tiempo real de la zona intervenida.Durante la jornada se realizaron actividades de control, registro y verificación tanto en vía pública como en establecimientos abiertos al público. Según informó el coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el balance dejó al menos 250 registros a personas y vehículos.Además, las autoridades suspendieron temporalmente la actividad económica de dos establecimientos comerciales por incumplir varios requisitos exigidos por la normativa vigente.La Policía señaló que estos operativos se mantendrán en diferentes sectores de la ciudad. Sin embargo, durante esta semana las intervenciones se concentrarán especialmente en el centro de Cali, con el apoyo de la Alcaldía y del Ejército Nacional, como parte de la estrategia integral para fortalecer la seguridad y recuperar espacios en esta zona de alta afluencia comercial.
Debido a las lluvias recientes en el sur del país, el Valle del Cauca se ha visto afectado por la creciente del río Cauca. Varios municipios cercanos al afluente ya han sentido los efectos, como Candelaria, donde se ha declarado alerta roja.Marco Antonio Suárez, director de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), advirtió sobre la situación: “Ha aumentado las precipitaciones en el Valle del Cauca, por encima de los promedios históricos para estas fechas. Por la razón por la cual hago un llamado a todos los alcaldes de Candelaria, Palmira y, por supuesto, de Cali, a los organismos de gestión del riesgo, a la comunidad aledaña a nuestro río Cauca, que estén atentos a los llamados de la CVC, que acaten las recomendaciones de los organismos de control, pero por favor, este no es el momento de estar cerca de nuestro río Cauca, porque está una situación irregular", dijo.Desde Cali, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó la dinámica del río: “Tenemos que aclarar que no es por la lluvia propiamente del distrito, sino por el departamento del Cauca. El río Cauca es un río en crecimiento lento que depende de los ríos tributarios del Cauca. Tenemos Salvagina, tenemos el Palo y el Desbaratado. Estos ríos y las precipitaciones que se presentan en esos departamentos son los que hacen que el río Cauca crezca. Nosotros atendemos todo el tema de los reportes de manera inmediata, articulamos con los técnicos, con Cruz Roja, Defensa Civil y todas las entidades que hacen parte de este sistema distrital.”Las autoridades reiteraron que es fundamental seguir las indicaciones de los organismos de socorro y mantenerse atentos, mientras las entidades continúan con los controles y la vigilancia para evitar emergencias mayores.
En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideraron que este lugar debería ser exclusivo para el disfrute colectivo y no para fines privados.A través de videos en redes sociales, los caleños manifestaron su inconformidad frente a la presencia de mesas y estructuras que, según ellos, alteraban la dinámica normal del espacio.Frente a esta situación, la Alcaldía explicó que no se trata de una privatización, sino de una autorización temporal y regulada. “Lo que estamos haciendo es aplicando un instrumento legal. Dentro de esas actividades está la denominada extensión de uso, que permite que un establecimiento comercial utilice de manera temporal una porción de espacio público, siempre y cuando cumpla con el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial. Adicionalmente, esa retribución económica tiene una destinación específica y es el mantenimiento, el mejoramiento y la sostenibilidad de todos los espacios públicos de la ciudad, sobre todo en comunas y corregimientos que tienen déficit de espacio público", detalló Melissa Vergara, subdirectora de Espacio Público.“Que el empresario pueda generar una extensión de uso, lo que pueda hacer para que su empresa pueda continuar, para que pueda mantener el empleo, para que pueda fomentar el turismo, pero al mismo tiempo que genere una retribución por ese espacio que está usando. Podemos seguir usando el espacio bajo las herramientas legales, pero los empresarios vamos a pagar por ese espacio y esa plata va a ir a las arcas del distrito", afirmó, por su parte, Andrés Lozano, cofundador del restaurante Jacaranda e implicado directamente en esta iniciativa.Esta primera ocupación temporal, firmada entre la alcaldía y jacaranda se firmó hasta el primero de diciembre del presente año. Es de resaltar que por metro cuadrado, en esta zona de la ciudad, se paga un aproximado entre los dos millones de pesos que serán usados en el mejoramiento de los espacios públicos.La Administración Distrital reiteró que este mecanismo tiene como objetivo dinamizar la economía local, asegurar que los recursos recaudados se destinen al mantenimiento del espacio público y garantizar que el Bulevar del Río siga siendo un bien común para todos los caleños.
“Como un paso decisivo en el proceso de desescalamiento en el aspecto militar de la violencia que hay en el territorio donde tienen presencia los frentes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, calificó el jefe de la delegación del Gobierno, Armando Novoa, la firma del acuerdo que permitirá en menos de dos meses la destrucción de 14 toneladas de material de guerra.Según Novoa, este acuerdo se logró luego de tres días de intensos diálogos de la subcomisión de seguridad, que se reunió en la zona rural de Tumaco, en donde quedó pactado que la destrucción de este material bélico y de explosivos se hará en Nariño (9 toneladas) y en Putumayo (4.5 toneladas).“Esta es una excelente noticia para el avance de la política de paz total en Colombia y es un elemento que da credibilidad a los diálogos que hemos adelantado en la mesa de conversaciones”, dijo Novoa.Indicó que, para adelantar el procedimiento de destrucción, se creará una comisión técnica integrada por miembros de la Coordinadora Nacional y del Gobierno nacional, con el acompañamiento de la fuerza pública, que serán los encargados de identificar los terrenos a donde se trasladará el material explosivo para su destrucción, sin afectación al medio ambiente ni a las poblaciones que habitan estos territorios.Aseguró que, a partir de la firma del Acuerdo 12, se establece una hoja de ruta para la destrucción de material de guerra de aquí en adelante, de tal manera que ya no será necesario detenerse de manera innecesaria en la construcción de nuevos acuerdos, porque ya están definidos los parámetros generales para que la Coordinadora Nacional avance en la dejación de las armas ilegales que están en su poder.Dijo que las comunidades pueden estar tranquilas porque se está avanzando en la búsqueda de medidas muy claras en favor de la protección de sus derechos, especialmente el derecho a la vida. Destruir 14 toneladas de material de guerra debe tener un impacto significativo en esos territorios y cambia de manera importante la situación que viven actualmente los miembros de las comunidades.Por su parte, Walter Mendoza, jefe de la delegación de las disidencias de las Farc – Coordinadora Ejército Bolivariano, afirmó que este es un acto simbólico que tiene alcances políticos, jurídicos y humanitarios.“Es un material de guerra que va a quedar ya, pues, destruido, y eso es un gesto de buena voluntad. Hace parte de un acuerdo de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”, señaló.Este acuerdo, firmado en el resguardo de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, salvará muchas vidas. También se protegerá a las comunidades, porque al fin y al cabo es material de guerra que, en la guerra y en todas las guerras, se utiliza.Mendoza aseguró que, en cuanto a los explosivos, estos ya van a ser inutilizados, porque así quedó pactado, y han decidido que este es un verdadero gesto de buena voluntad por la paz, que permite avanzar positivamente en el proceso de diálogos entre las dos delegaciones.“Ese paso es muy importante en la destrucción de un material que no es cualquier cosa; es un monto aproximado de 14 toneladas de material bélico que irán a quedar totalmente destruidas”, dijo el jefe de la delegación del grupo ilegal.Hay unos protocolos ya acordados, un acta firmada, donde consta que eso va a ser destruido con procedimientos técnicos, funcionales y prácticos, como lo exige la comunidad internacional, precisó Mendoza.
Este motín se registró en el Bloque Uno de la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, producto de una riña por problemas de convivencia entre los internos de dos pabellones. La situación durante varios minutos fue compleja y violenta, hasta que finalmente los guardias del Inpec lograron controlar lo que estaba sucediendo.Uno de los privados de la libertad murió en medio de esta riña, y otros 14 reclusos resultaron heridos, quienes de inmediato fueron enviados al hospital Piloto de Jamundí, donde a esta hora siguen siendo atendidos.Desde la Alcaldía de Jamundí indicaron que se está haciendo el seguimiento de la situación junto a la Personería y otras instituciones, para verificar el estado de salud de estas personas privadas de la libertad, mientras que el Inpec confirma que la situación ya está controlada al interior de la cárcel.Situación de los presos en Jamundí El Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Jamundí enfrenta una preocupante situación de hacinamiento. De acuerdo con cifras del Inpec, actualmente alberga a 5.002 personas privadas de la libertad, aunque su capacidad instalada es para 4.492 internos. Esto representa un exceso de 510 reclusos, lo que equivale a un nivel de sobreocupación del 11,3 %.
Un funcionario del CTI fue asesinado en medio de un operativo que se estaba llevando a cabo en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, en el cual se buscaba desmantelar un depósito de armas de un sujeto conocido como alias 'El Viejo'.Gracias a la información suministrada por la comunidad, las autoridades dieron con el sitio y en el momento en el que ingresaron, el hombre que estaba encargado de cuidar el lugar empezó a dispararles. Se trataba de alias ‘El Cazador’.En medio del del ataque, este sujeto impactó a Juan Carlos Uribe Alfaro, servidor del CTI, quien murió en el sitio. También lesionó al soldado profesional Fernando Noguera Velasco. Después intentó huir por la parte de atrás de la casa, sin embargo, los demás miembros de la Fuerza Pública lograron abatirlo antes de que lograra salir.La investigación continúa para identificar si hay más personas a cargo de este depósito de armas, y conocer si estarían vinculadas a los grupos armados ilegales que delinquen en esa zona del norte del Cauca.
La comunidad del sector conocido como Vivero Parque Residencia, el cual hace parte de la zona de expansión del sur de Cali, se despertó con un fuerte estruendo en la mañana de este sábado 19 de julio.Esto después de que desconocidos arrojaran un elemento explosivo contra la fachada de un local donde funciona un mini market, el cual dañó el vidrio de la puerta del negocio y generó múltiples daños en el lugar.Al consultarle a las autoridades sobre si se trató de un nuevo hecho terrorista, indicaron que en realidad lo que se activó fue un elemento de aturdimiento, un artefacto explosivo improvisado adecuado con pólvora comprimida que afortunadamente no dejó personas afectadas, pero sí sumidas en la preocupación.Este hecho ya está siendo investigado por las autoridades, pues si bien no representó un riesgo mayor, sí genera zozobra entre la comunidad ante algún otro hecho que comprometa la vida de las personas.Hay que tener en cuenta que la comunidad en Cali está en alerta ante posibles alteraciones al orden público, luego de la oleada terrorista que se vivió el pasado 10 de junio de este año, donde solo en la ciudad se registraron tres ataques con explosivos en los que murieron dos personas y otras 30 aproximadamente resultaron heridas.Las autoridades por el momento descartan que lo ocurrido esté relacionado con los ataques anteriores, sin embargo, piden a la comunidad a denunciar cualquier movimiento sospechoso en la ciudad, para prevenir otra tragedia.