Abren procesos disciplinarios contra varios funcionarios en Santander por el PAE

La procuraduría General de la Nación abrió procesos disciplinarios contra funcionarios de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Floridablanca por presunto direccionamiento de los contratos del Programa de Alimentación Escolar, PAE. El órgano de control investiga a la exsecretaria de educación de Santander Ana de Dios Tarazona, quien está en la cárcel y al representante legal del consorcio interventoría Alimentarte 2016, Fernando Leion Medina, por supuesto direccionamiento de la licitación en favor del consorcio Surcolombiana de Inversiones por $30.000 millones.Le puede interesar Veedores aseguran que el PAE se volvió un negocio que no beneficia a la niñez Además, analiza si hubo una presunta falta de planeación, mala ejecución y manipulación indebida de los alimentos, y supuestos incumplimientos al plan de saneamiento de entrega de las raciones a 100.000 estudiantes beneficiarios del programa en 82 municipios de Santander. La Procuraduría también investiga presuntas irregularidades en la contratación de PAE de Floridablanca, Santander, por deficiencias y debilidades en la ejecución, seguimiento y control de las obligaciones derivadas de dicho convenio. En este municipio la investigación disciplinaria la abrió contra jefe de la oficina de Contratación de la Alcaldía, Mario Barragán Pachón; al secretario de Educación municipal, Juan Carlos Ostos Guevara, y a la supervisora designada, Yuislay Correa Agudelo por el convenio de aportes en 2016 con la corporación para el desarrollo social Tanai Hawa por más de $3.000 millones. Asimismo, investiga si la contratación directa como modalidad para la selección del operador del programa se realizó de manera sesgada y subjetiva, sin tener en cuenta la idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. Otros vinculados en la investigación Por estas irregularidades, la Procuraduría formuló pliego de cargos al exviceministro de Educación, para el año 2015, Luis Enrique García de Brigard. El ente de control señaló que los investigados pudieron incurrir en una posible omisión de los lineamientos que rigen la contratación estatal con la puesta en marcha del convenio 374-2015 con la unión temporal Nutrisantander, encargada del PAE en Santander con un contrato por un valor de $13.421 millones.