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Acusan a exdirector del Área Metropolitana de Bucaramanga por presunta irregularidad en contrato

El exfuncionario deberá responder por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades en contratación al exdirector del ´Área Metropolitana de Bucaramanga, Gilberto Moreno Ardila, y al exrepresentante legal de Rayco ltda, Rodrigo Aristizabal.

Ante un juez con función de control de garantías el fiscal del caso señaló que se cometieron irregularidades en un contrato por más de $3.000 millones entre el AMB y la empresa Rayco.

Los dos imputados deberán responder por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo.

"De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el 1 de octubre de 2019, con un plazo de tres meses, entre el entonces director encargado de AMB, y el representante legal Rayco ltda, por un monto $3.724. 774.000, presenta múltiples irregularidades. Entre ellas que la adición del contrato por un valor de 397'131.496 pesos, se realizó pese a que existía una medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo Contencioso de Santander, quien en acción de nulidad como medida cautelar suspendió la autoridad ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, y como consecuencia la utilización de los recursos de la sobretasa ambiental, con los que se le pagó al contratista", afirmó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.

El contrato investigado por la Fiscalía General de la Nación era para la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto territorios inteligentes en la capital santandereana.

Asimismo, en la audiencia de imputación de cargos fueron citados el exdirector de la AMB, Rodolfo Torres Puyana, y la profesional en contratación, Silvia Juliana Villareal Meza, quienes no se presentaron.

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Los imputados no se allanaron a cargos. Para los próximos días quedó programada la audiencia en la que se definirá la imposición de medida de aseguramiento para los dos investigados por parte del juez de garantías.

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