Una controversia ha surgido en torno a Blanca Luz Clavijo, Contralora departamental de Santander, luego de que un congresista presentará una proposición en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para citarla a un debate de control político. Las acusaciones giran en torno a presuntas irregularidades con fines electorales que involucrarían a la entidad de control fiscal.
El conservador Juan Carlos Wills, Representante a la Cámara por Bogotá, ha liderado esta iniciativa que busca arrojar claridad sobre las alegaciones que se han venido presentando en el departamento. Se plantea que exfuncionarios de la Contraloría departamental, supuestamente respaldados por la contralora Blanca Luz Clavijo, estarían manteniendo reuniones con alcaldes de municipios bajo el escrutinio del ente de control. Estas reuniones, según se afirma, tendrían la intención de coaccionar el apoyo político de los alcaldes en favor de un candidato específico a la Gobernación de Santander.
Se alega que se estaría amenazando con investigaciones fiscales a aquellos que no se alineen con esta pretensión electoral.
El cuestionario presentado a la contralora busca obtener claridad sobre estos señalamientos. Entre las interrogantes planteadas, se incluye la pregunta sobre si terceros estarían actuando en su nombre para presionar a alcaldes municipales en el departamento. Además, se indaga sobre las medidas que la contralora ha tomado para prevenir y abordar estas acusaciones.
Con su función de supervisión en 82 municipios de Santander, la Contraloría departamental tiene un papel crítico en el proceso electoral. En este sentido, el debate de control político también incluirá a figuras como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la procuradora general, Margarita Cabello; el fiscal General, Francisco Barbosa; y el Contralor general, Carlos Mario Zulúaga. Se espera que estas personalidades proporcionen información sobre las alegaciones de irregularidades electorales en la Contraloría de Santander y detallen cómo la entidad ha respondido ante tales denuncias.
Cabe resaltar que el mes pasado Alma Carmenza Erazo Montenegro, Auditora General de la República, envió una carta a los contralores territoriales en la que les entregaba las recomendaciones necesarias para la etapa previa a las elecciones del próximo 29 de octubre en todo el país y, en particular, los invitaba a cumplir y hacer cumplir las prohibiciones legales para la época preelectoral, incluyendo las previstas en el Código General Disciplinario y en la Ley 996 de 2005, en lo pertinente.
“Es importante recordar a los funcionarios de las contralorías, y sus sujetos de vigilancia y control, que deben abstenerse de participar en el debate electoral y las controversias políticas, y que deben adoptar las medidas necesarias para evitar que en una irregular gestión de sus recursos públicos se favorezcan campañas electorales. Esta recomendación debe dirigirse especialmente a los gobernadores y alcaldes en el ámbito territorial”, dice la carta.
En medio de este debate de control político, el foco se mantiene en la necesidad de garantizar la transparencia y la integridad en el proceso electoral en Santander, y en esclarecer las presuntas acciones irregulares que han sido objeto de denuncia.
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