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El juez federal Claudio Bonadío citó a la exmandataria, al exministro de Economía Axel Kicillof y al expresidente del Banco Central Alejandro Vanolli, entre otros exfuncionarios, por polémicas operaciones concretadas en los últimos meses de su gobierno (Lea también: Argentina está dispuesta a ser parte de comisión de ONU para paz en Colombia).
Kirchner deberá comparecer el 13 de abril para responder las preguntas del juez.
El eje de la sospecha judicial son operaciones de ventas de divisas a futuro que realizó en Banco Central a precios que buscaban desalentar las expectativas de devaluación en el marco de la campaña electoral a la presidencia.
Tras la derrota del oficialismo sobrevino una devaluación del 30% en las primeras semanas del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri, quien asumió el 10 de diciembre (Lea también: Macri ordena retirar cuadros de Kirchner y Hugo Chávez de la Casa Rosada).
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Como consecuencia de esas operaciones el Banco Central debió desembolsar mayor cantidad de pesos en comparación con la cifra pactada originalmente, lo que provocó un quebranto que la justicia estimó en unos 7.500 millones de pesos.
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En noviembre pasado la policía de la ciudad de Buenos Aires, por entonces con Macri como alcalde, allanó la sede del Banco Central por la denuncia que iniciaron legisladores de su fuerza Cambiemos.
El entonces titular del BCRA, Vanoli, rechazó las acusaciones al considerar que sólo buscaban "rédito electoral" en medio de la campaña presidencial para los comicios que Macri ganó al candidato oficialista en balotaje por exiguo margen (Lea también: Desafío más grande de Macri será económico: presidente de Argentina por 12 horas).
"La operatoria con futuros (habitual del Banco Central) apunta a dar certidumbre y evitar la volatilidad en materia cambiaria", había explicado Vanoli.
El expresidente del Banco Central acudirá a declarar el 7 de abril y el 12 lo hará Kicillof ante el juez Bonadío, un magistrado a quien el kirchnerismo ha acusado de tener una posición hostil hacia esa fuerza política.
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El gobierno de Kirchner había denunciado a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura, organismo que controla la conducta de los jueces.
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