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En marzo del año 2025, la DIAN encendió las alarmas entre administradores y residentes de conjuntos residenciales. Un documento fue interpretado como una orden que permitía cobrar IVA por el uso de zonas comunes, como salones sociales, piscinas, parqueaderos y hasta gimnasios.
Ante esto, la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez presentó una queja pública, por lo que la DIAN se vio obligada a emitir una nueva circular. En esta, explicó que no se trata de un nuevo impuesto, sino de la aplicación de reglas vigentes que deben interpretarse según los fallos del Consejo de Estado. Es decir, solamente se pagaría el IVA por actividades con fines económicos que se realicen en espacios compartidos.
Si bien la aclaración dio un respiro a quienes viven en conjuntos, para la congresista la interpretación del documento todavía puede ser foco de futuras disputas tributarias. Ante ello, anunció que radicaría un proyecto para modificar el artículo 476 del Estatuto Tributario e incluir un nuevo numeral —el 32—, en el que se excluirían del IVA los servicios prestados por la propiedad horizontal de uso únicamente residencial.
“Queremos que se deje claro que el uso de salones sociales, parqueaderos, gimnasios, piscinas y zonas de BBQ en conjuntos residenciales no debe generar IVA, porque no tienen ánimo de lucro”, afirmó Velásquez, recordando lo establecido en la Ley 675 de 2001 y señalando que estas entidades no tienen fines comerciales.
La propuesta legislativa también incluirá reglas ambientales específicas, como la gestión comunitaria del reciclaje de aceites y residuos sólidos. Además, pondrá la lupa sobre el arrendamiento temporal de apartamentos a través de plataformas como Airbnb, que en muchos casos se realiza sin regulación, generando problemas de convivencia y seguridad.
“Muchos apartamentos residenciales se alquilan por días o semanas, lo que crea vacíos legales y tensiones con los vecinos”, advirtió la representante.
Velásquez señaló que, si la reforma a la Ley 675, que actualmente se discute en el Congreso, no avanza, no dudará en presentar un proyecto independiente para atender estas problemáticas. Su objetivo es garantizar que la legislación responda a las realidades actuales de la propiedad horizontal y brinde claridad frente a posibles interpretaciones tributarias que afecten a los residentes.
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