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Para los colombianos, el arroz es un alimento imprescindible en la mesa. Sin embargo, recientemente se conoció que los arroceros podrían entrar en cese de actividades, lo que amplía la crisis del sector, tras los incumplimientos de los acuerdos pactados con el Gobierno.
Desde el pasado paro de marzo, los productores han denunciado que la situación es insostenible, debido al aumento en los costos de producción y a la caída de los precios del arroz entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Ante este panorama, los cultivadores han hecho un llamado a una movilización pacífica con el fin de defender su derecho a producir y proteger el arroz colombiano.
En medio de la controversia por un nuevo paro, un proyecto de ley busca estabilizar el precio del arroz, lo que podría beneficiar a los productores y, al mismo tiempo, ofrecerle al consumidor final un precio más predecible.
El proyecto de ley 592 de 2023, que aún se encuentra en trámite en la Cámara de Representantes, propone la creación del Fondo de Estabilización de Precios del Arroz en Colombia (FEPAC), una herramienta que busca proteger a los productores frente a la caída de los precios, garantizándoles mayor estabilidad económica.
Esta iniciativa surge en respuesta a la crisis que enfrenta el sector arrocero y que afecta a más de 500.000 familias en regiones clave como Tolima, Huila, Meta y Sucre, donde la producción de arroz es esencial para la seguridad alimentaria del país.
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El fondo cubriría la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta del arroz, considerando que los costos han aumentado en los últimos años, mientras que las utilidades han disminuido.
De esta manera, cuando el precio de mercado esté por debajo del umbral establecido, el fondo compensará al productor. Por el contrario, si el valor del arroz supera ese umbral, el productor deberá aportar recursos al fondo mediante un mecanismo de "cesión de estabilización".
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El objetivo central de esta ley es brindar alivio económico tanto a los productores como a los consumidores. Para ello, el proyecto propone varios instrumentos financieros, como seguros, coberturas y operaciones a futuro, que permitan garantizar la sostenibilidad del fondo.
El FEPAC contaría con diversas fuentes de financiación: recursos del Presupuesto General de la Nación, donaciones, regalías, contribuciones de los propios productores y rendimientos generados por inversiones.
Los principales beneficiados serían los productores registrados ante el Ministerio de Agricultura y que realicen los aportes correspondientes al Fondo Nacional del Arroz. Igualmente, se pretende incluir a pequeños productores y campesinos de zonas rurales que dependen directamente del cultivo y la comercialización del arroz.
Aunque este proyecto de ley busca proteger a los campesinos y productores, también tendría implicaciones para los consumidores. Por un lado, la estabilización del precio evitaría caídas drásticas que puedan desincentivar la producción, reduciendo así el riesgo de desabastecimiento.
Esto significa que, en teoría, no habría aumentos abruptos en el precio final del arroz, ya que se eliminaría la inestabilidad del mercado. No obstante, garantizar ingresos mínimos para los productores implicaría un ligero incremento en el precio del arroz, que se mantendría más estable a lo largo del tiempo.
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A pesar de ese ajuste, el mayor beneficio sería evitar crisis de escasez como las ocurridas durante paros anteriores. Sin embargo, uno de los puntos más sensibles es que, si el fondo se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación, se estarían usando fondos públicos, lo que podría impactar indirectamente el bolsillo de los ciudadanos.
En resumen, el proyecto plantea una solución estructural para un sector en crisis, pero abre el debate sobre el equilibrio entre el apoyo estatal al agro y la carga fiscal que eso implica para el resto del país.
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