El sector de la educación privada en Colombia atraviesa un momento de tensión tras el reciente incremento del 23,78 % en el salario mínimo, una medida que ha sido calificada como un "golpe muy duro" para colegios y jardines infantiles.
Esta situación afecta especialmente a las instituciones de barrios populares que ya enfrentaban condiciones económicas complicadas. La principal preocupación radica en la enorme disparidad entre el aumento de los costos laborales y el límite permitido para el incremento de las mensualidades que pagan las familias.
Una brecha financiera insostenible
Mientras que los gastos de personal se disparan, los ingresos de los colegios están estrictamente regulados. Según Felipe Palacios, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, el aumento de las pensiones y matrículas está regido por el Ministerio de Educación y se basa normalmente en el IPC.
Para este año, el Gobierno ha establecido un rango de incremento que oscila entre el 5,26 % y un máximo del 9,1 %, dependiendo de la clasificación de cada plantel. Esto genera una brecha de aproximadamente 15 puntos porcentuales entre lo que los colegios pueden cobrar y lo que deben pagar a sus empleados.
El peso de la nómina y el impacto en la primera infancia
La estructura de costos de estas instituciones depende en gran medida del factor humano. Se estima que el pago de nómina representa entre el 60 % y el 70 % de los ingresos totales de un colegio.
El impacto es todavía más severo en los jardines infantiles, donde una gran parte del personal auxiliar y de apoyo devenga el salario mínimo. Dado que estos costos no pueden trasladarse a los padres de familia debido a la regulación estatal, las instituciones se encuentran sin margen de maniobra para absorber el incremento.
Consecuencias: despidos, sobrecarga laboral y cierres
La falta de sostenibilidad a corto y mediano plazo está obligando a los directivos a tomar decisiones drásticas. Entre las medidas mencionadas se encuentran el incremento de la carga académica para los profesores actuales y el despido de personal de apoyo, lo que implica que menos personas deberán realizar más trabajo.
Este panorama se suma a una disminución marcada de la población escolar observada desde la postpandemia, lo que ya había debilitado la salud financiera del sector.
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De no establecerse un diálogo con el Ministerio de Educación para buscar alternativas o apoyos, el escenario más probable es un aumento en los despidos y el cierre definitivo de múltiples instituciones que ya no pueden cubrir sus elevados gastos de operación.
Escuche aquí la entrevista:
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