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El presidente Gustavo Petro reaccionó a la suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional y advirtió que la decisión tendrá consecuencias directas sobre quién asumirá el costo de la crisis en el país.
A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que se estaría protegiendo el impuesto a los megarricos, lo que, a su juicio, derivará en una crisis mayor que terminará siendo socializada.
“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, escribió Petro y agregó que el pago de esa crisis será debatido en el nuevo Congreso y que desde el Gobierno buscarán impedir que recaiga sobre la sociedad.
En su mensaje, el jefe de Estado también señaló que será la ciudadanía la que finalmente decida quién asumió los efectos de las altas tasas de interés del Banco de la República y de lo que calificó como especulación financiera en el país.
La suspensión del decreto se da en medio de un fuerte debate político y fiscal, pues la medida hacía parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar dificultades económicas. Según el Ejecutivo, con la declaratoria de emergencia económica se esperaba recaudar cerca de 16,3 billones de pesos.
Sin embargo, la iniciativa generó reparos entre varios gobernadores del país, quienes advirtieron impactos negativos en las finanzas regionales. Uno de los puntos más cuestionados fue el aumento del IVA al 19 % para productos como tabaco y licores, lo que, según los mandatarios locales, afectaría directamente el recaudo de los departamentos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, incluso aseguró que no aplicaría las medidas contempladas en el decreto en su región.
A las críticas del presidente Petro se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó a la Corte Constitucional. El jefe de la cartera política afirmó que el debate de fondo es quién paga la crisis económica y sostuvo que, con la suspensión de la emergencia, se está favoreciendo a los sectores con mayores ingresos del país. Benedetti aseguró que la decisión protegería a los más ricos y pondría en riesgo la ejecución de políticas sociales dirigidas a la población más vulnerable.
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