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El magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, a quien le correspondió por sorteo el estudio del decreto 0044 con el que se crearon nuevos impuestos para el sector de la generación de energía, ordenó una serie de pruebas para su estudio, según un auto de 8 páginas al que Blu Radio tuvo acceso en primicia.
Entre esas, que el Gobierno explique cómo las medidas previstas contribuyen a conjurar la crisis y a evitar la interrupción del servicio, en particular en la región del Caribe, donde se advierten riesgos financieros y operativos.
El magistrado Fernández también pidió justificar por qué fue necesario acudir a un decreto legislativo, y no a mecanismos ordinarios como leyes, ajustes tarifarios o regulaciones sectoriales, así como detallar el impacto de las medidas sobre tarifas, mercado energético y usuarios, especialmente población vulnerable.
En ese orden de ideas, el despacho del magistrado Vladimir Fernández también invitó a participar a través de conceptos a un número considerable de entidades, entre esas, el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Departamento Nacional de Planeación y las gobernaciones de más de 10 departamentos de la región Caribe.
Después de que lleguen todas las pruebas que requirió el magistrado Vladimir Fernández, él deberá redactar una ponencia para que la Sala Plena vote.
Este auto se conoce en medio de la decisión que adoptó por primera vez la Corte Constitucional, al ‘estrenar’ su figura de la suspensión provisional a un estado de excepción, poniéndole un freno provisional a la emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro hasta que se estudie de fondo su constitucionalidad.
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