La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a la cabeza de Cielo Rusinque, se refirió al control de precios en el país tras el reciente aumento del salario mínimo. En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria enfatizó que la labor de la entidad no es fijar precios de manera arbitraria, sino ejercer la inspección, vigilancia y control que le otorga el marco constitucional y legal.
Vigilancia sin fijación de precios
Ante la inquietud de si la SIC se convertirá en una "policía de precios", Rusinque aseguró que la entidad no tiene la facultad de establecer cuánto debe costar un producto. "Nosotros no fijamos precios. Nosotros vigilamos que no se infrinja el régimen en materia de libre competencia, de derechos del consumidor y en la especulación eventual", afirmó la superintendente.
Según explicó, el objetivo es evitar que se presenten acuerdos de cartelización o aprovechamientos ilegales que distorsionen el mercado bajo la excusa del aumento salarial.
¿Qué define un aumento "irracional"?
Uno de los puntos de mayor debate fue la definición de un aumento de precios irracional. Rusinque aclaró que un incremento se considera así "cuando no corresponde a los costos de producción de los bienes y servicios". Para determinar esto, la SIC cuenta con equipos interdisciplinarios de economistas, abogados y contadores que realizan monitoreos e investigaciones técnicas basadas en material probatorio, y no en decisiones personales o arbitrarias.
La funcionaria sostuvo que, según cifras del DANE, los costos de producción cerraron el año anterior con una tendencia a la baja (-2.6%), a pesar de aumentos históricos previos en el salario mínimo,. Por ello, argumenta que no hay una justificación técnica para que el reajuste salarial se traslade automáticamente a los precios al consumidor.
Lupa sobre el sector construcción y vivienda
Uno de los temas abordados fue el de la Vivienda de Interés Social (VIS). La SIC y el Ministerio de Vivienda emitieron una circular que prohíbe pactar precios en salarios mínimos, exigiendo que se establezcan en pesos colombianos para brindar claridad al consumidor. "Tenemos en este momento investigaciones en curso preliminares de constructoras que no estaban dando cumplimiento a esa normativa", reveló Rusinque, subrayando que estas indagaciones buscan resarcir tanto el interés particular de los afectados como el interés general.
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