La JEP publicó la resolución de conclusiones de las versiones entregadas por quienes lideraron el último secretariado de las Farc-Ep en relación con el caso 01 o secuestro. El documento habla de la posibilidad de emitir penas de ocho años para los exmiembros de la cúpula de esa guerrilla por ese tipo de crímenes, excepto para Rodrigo Granda, para quien se recomiendan cinco años.
Según la resolución, la sala de verdad y reconocimiento concluyó que Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Miltón De Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos Y Rodrigo Granda Escobar son elegibles para recibir sanciones restaurativas en favor de las víctimas de secuestro de las Farc.
En su resolución, la 002 de 2022, la JEP conceptuó que Rodrigo Londoño Echeverry fue el máximo responsable de los crímenes cometidos entre 2011 y 2016, así como por su papel como miembro del secretariado desde 1986 y del Estado Mayor desde 1982.
"El compareciente hizo aportes de verdad al referirse a las demandas de verdad y de reconocimiento formuladas por las víctimas, el compareciente se refirió a las preguntas formadas por los familiares de los diputados del Valle del Cauca y los familiares de los señores Álvaro Ordoñez y Rafael Pineda, que le fueron requeridas por medio del Auto No. 19 de 2021205", determinó la JEP.
El documento, además, mencionó a Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.
Las sanciones podrían ir de cinco a ocho años según la responsabilidad en la toma de decisiones y la impartición de órdenes para secuestrar personas y los daños a la integridad física (enfermedades, secuelas físicas, discapacidades), entre otros perjuicios a las víctimas de este flagelo, así como por “el empobrecimiento y éxodo de comunidades campesinas, afectación a vida económica y social de los pequeños pueblos”.
“La Sala recomienda que sea de 8 años para todos salvo para Rodrigo Granda, para quien recomienda 5 años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa”, indica la resolución conocida por Blu Radio.
Las sanciones restaurativas incluyen, entre otras, liderar proyectos simbólicos de construcción de memoria histórica; aportar en la búsqueda y localización de personas desaparecidas; entregar información sobre la ubicación de minas antipersonal; y el reconocimiento del medio ambiente como víctima en lo que tiene que ver con la región del Sumapaz.
Sin embargo, la sala de proyección de penas de la JEP podría imponer “restricción efectiva de libertades y derechos” no carcelarias afectando la participación en política de los actuales congresistas Julián Gallo y Pablo Catatumbo Torres.
“Igualmente a Rodrigo Londoño, por su liderazgo en el Partido Comunes, y las expectativas que pudiera tener Pastor Alape Lascarro de lanzarse a un puesto de elección popular en Puerto Berrío, Antioquia. Es decir que una incompatibilidad en este sentido afectaría a estos comparecientes más que a los demás. Sin embargo, la afectación de la posibilidad de liderazgo de las organizaciones políticas y partidos políticos de reincorporados puede estar en tensión con el propósito no solo de reincorporación sino de contribuir a la reincorporación política de los antiguos combatientes, y todos estos son factores a considerar por la Sección”, señala el documento.
Queda mucho por hacer: ONU
La ONU celebró este jueves el sexto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc destacando el esfuerzo de ambas partes, pero matizó que "todavía queda mucho por hacer", sobre todo en cuestión de seguridad y desarrollo.
El secretario general, António Guterres, dijo estar "muy alentado por el compromiso del Gobierno de redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo" como eje de su propuesta de "Paz Total", que aseguró que está "generando nuevos y prometedores diálogos de paz", según un comunicado de su portavoz, Farhan Haq.
Asimismo, elogió el "firme compromiso de las antiguas Farc con la consolidación de la paz" y aplaudió los "importantes avances hacia una Colombia más pacífica e inclusiva".
No obstante, mantuvo que "todavía queda mucho por hacer" e incidió en la necesidad de "llevar seguridad y desarrollo a las regiones que aún sufren la violencia y la pobreza, donde las comunidades étnicas se ven especialmente afectadas, así como garantizar la reparación de las víctimas y fomentar la reconciliación".
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