El pasado 7 de agosto, el congresista de la Alianza Verde Mauricio Toro radicó una denuncia en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el fiscal general, Francisco Barbosa, para que investigara si hubo faltas disciplinarias o penales por el viaje que hizo a San Andrés durante la pandemia.
La investigación era por el supuesto abuso de recursos públicos cuando viajó a la isla junto a su familia, el contralor, Felipe Córdoba, y el entonces procurador Fernando Carrillo.
“Después de hacer una recopilación juiciosa de todo lo sucedido, se determinó que el viaje del señor fiscal se realizó en el contexto de una función absolutamente oficial. Se hizo en el marco de un acuerdo que tenían la Contraloría y el señor procurador general de la nación para hacer un seguimiento riguroso al uso de recursos para enfrentar la pandemia”, según dijo el representante Investigador John Jairo Cárdenas.
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El representante expresó que solicitó información a las autoridades aeronáuticas, de salud y locales y, argumentó que existía una resolución que permitía el desplazamiento de los altos funcionarios a cumplir con sus funciones, las cuales terminaron con una investigación al gobernador de San Andrés.
“Se le solicitó a la Fiscalía y se le solicitó a todos los órganos de migración, sanidad también, se pidió los resultados del viaje de tal suerte que todos elementos probatorios nos indicaron que eso no fue un paseo familiar, que eso fue una visita oficial, que se realizó con el máximo rigor, que el señor fiscal cumplió su cometido en dicho viaje y que lo hizo, por supuesto, en compañía del señor contralor general de la República”, indicó Cárdenas.
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El representante Mauricio Verde, quien interpuso la denuncia, argumentó que en la Comisión faltó investigación para determinar la responsabilidad del fiscal.
“Nosotros creemos que faltó investigar muchísimo más sobre el uso eventual de recursos públicos durante el fin de semana en la isla de San Andrés”, dijo el denunciante, el representante Mauricio Toro.
Es de señalar que de esta investigación se terminó con la suspensión de su cargo al gobernador de San Andrés y Providencia.
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