Capturan a exalcalde de Dosquebradas y otros dos ex funcionarios públicos

En un operativo del CTI y de un grupo de la Dijín de Bogotá fue capturado el exalcalde de Dosquebradas, en Risaralda, Diego Ramos Castaño, a quien la Fiscalía 28 viene investigando desde hace varios meses por diferentes delitos contra la administración pública.Junto al exmandatario también fueron capturados Claudia Patricia García, exsecretaria privada de la anterior Gobernación de Risaralda, y el exsecretario de Gobierno de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda.Este operativo corresponde a la segunda fase de la investigación, pues meses atrás ya habían sido capturadas otras cinco personas involucradas, entre funcionarios públicos y particulares.Los hechos de corrupción de estos funcionarios públicos estarían relacionados con un proceso contractual para eventos culturales por el aniversario 50 del municipio de Dosquebradas, adjudicado a una fundación propuesta por un concejal del municipio de Belén de Umbría, quien ya está capturado.Para la Fiscalía, hubo coordinaciones entre los funcionarios y el contratista con el fin de establecer las especificaciones técnicas y los precios de las actividades a contratar, para ajustarlos a la fundación que se habría seleccionado con anticipación.El ente de control también sospecha que hubo una modalidad de direccionamiento contractual mediante el uso de una fundación para evitar procesos licitatorios que permitieran la pluralidad de oferentes en Risaralda.Finalmente, la Fiscalía investiga si se usaron documentos contables carentes de los requisitos legales para justificar los costos y gastos del contrato, pues mediante auditoría forense y trazabilidad se logró determinar que los recursos llegaron a beneficiarios finales distintos a la fundación.Diego Ramos actualmente se perfila como uno de los fuertes candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido de La U.Los tres detenidos estarán en la mañana de este martes atendiendo las diligencias pertinentes de judicialización y, posteriormente, deberán comparecer ante un juez de control de garantías para que determine la legalidad de sus capturas, les impute cargos y defina si deberán o no ser privados de la libertad.