Diciembre de 2023 y enero de 2024 fueron dos meses en los que varios proyectos o contratos contratosque estaban en proceso fueron suspendidos o 'tumbados' por los entes de control.
La Procuraduríasuspendió diversos procesos licitatorios que representaban un alto riesgo de pérdidas para el patrimonio nacional. El Ministerio Público emitió varias alertas que llevaron a la suspensión de licitaciones por un valor estimado en más de dos billones de pesos.
Uno de esos es el proyecto 'El Curval' para la construcción del acueducto de Santa Marta. Este proceso, que enfrentaba cuestionamientos en temas presupuestales, de planeación, técnicos y jurídicos, fue declarado desierto, evitando posibles pérdidas de aproximadamente 1,6 billones de pesos.
Además, se dio la suspensión de la creación de una empresa para el manejo del alumbrado público en el Socorro, Santander, y la construcción de la infraestructura hospitalaria en Soachapor valor de 150.000 millones de pesos, debido a la detección de irregularidades que llevaron a la declaración desierta de la licitación.
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Además, la Procuraduría sugirió a las Empresas Públicas de Cali (EMCALI) la cancelación de un contrato por 113.000 millones de pesos, destinado a adquirir servicios para reducir las pérdidas de energía en la ciudad, al hallar inconsistencias en los procesos selectivos.
También se suspendió la selección de una interventoría por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social en Salud (ADRES) para vigilar los pagos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), hasta tanto se adoptaran los mecanismos exigidos.
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Dentro de las licitaciones polémicas que recibieron atención de la Procuraduría se encuentra la de la USPEC y la contratación de chips electrónicos para privados de la libertad, la cual, después de acatar observaciones para evitar la urgencia manifiesta, fue adjudicada a la empresa unión temporal Efectiva por más de 95.000 millones de pesos.
Otra fue la licitación para proveer la alimentación en los centros carcelarios, contrato que supera los 800.000 millones de pesos, y sigue de cerca el proceso de selección de interventoría por 47.000 millones de pesos.
Uno de los casos más destacados fue el de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RENOBO), a la que se le hicieron observaciones por posibles irregularidades en el proceso de contratación para el desarrollo de proyectos inmobiliarios por valor de 370.419.000.000 pesos.
En diciembre, la Procuraduría se pronunció sobre los recursos destinados a la construcción de la segunda fase del hospital de cuarto nivel de Pereira, así como a la adjudicación de la segunda fase de construcción de la cárcel de Pereira, con inversiones de 113.000 millones de pesos.
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El más reciente hecho fue la revocatoria de la licitación para contratar los servicios de una plataforma virtual tipo E-Learning del Sena, por valor de 78.000 millones de pesos.
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