Las autoridades de ese país sostienen que Junior integraba grupos de mensajería desde los cuales se planificaban secuestros y otras actividades ilícitas, y que incluso habría tenido relación con el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, ocurrido en febrero de 2024 en Chile.
El alto tribunal concluyó que se cumplen todos los requisitos legales y constitucionales para autorizar la entrega del requerido, quien es solicitado por un Juzgado de Garantía de Santiago de Chile por el delito de asociación criminal.
Según la solicitud de extradición, Orozco Castillo habría participado en una célula del Tren de Aragua denominada “Los Piratas de Aragua”, que opera en Santiago y estaría dedicada a delitos como secuestro extorsivo, homicidios, tráfico de drogas y extorsiones.
Por estos hechos, la Fiscalía chilena solicitó su captura internacional, petición que fue tramitada por vía diplomática ante el Gobierno colombiano.
En su decisión, la Corte Suprema revisó la validez formal de la documentación enviada por Chile, la plena identidad del solicitado y el cumplimiento del principio de doble incriminación, es decir, que los hechos imputados también constituyan delito en Colombia.
La Corte señaló que las conductas atribuidas a Orozco Castillo tienen correspondencia en la legislación penal colombiana bajo los delitos de concierto para delinquir, secuestro y homicidio, por lo que se satisface el tratado de extradición vigente entre ambos países.
Además, se estableció que no existe en Colombia investigación alguna contra el requerido por los mismos hechos y que la acción penal no está prescrita.
Orozco permanece recluido actualmente en la cárcel La Picota de Bogotá, donde además enfrenta otros procesos relacionados con diferentes solicitudes de extradición.
La última palabra sobre su extradición hacia Chile la tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro.