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La defensa de Ricardo González presentó en audiencia un recurso de apelación para revocar la medida de aseguramiento en centro carcelario aprobada por la juez sexta de control de garantías de Bogotá.
González, de 23 años, es señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, quien murió tras una brutal golpiza ocurrida durante la madrugada del 31 de octubre.
En los argumentos de la abogada Marcela López, se insiste en que fue homicidio preterintencional, es decir, que su intención solo era lesionarlo, y sustentó aspectos como su rechazo a la interpretación de una supuesta coautoría con Juan Carlos Suárez, quien ya fue enviado a la cárcel por el caso.
Aseguró la defensa que “la decisión de primera instancia no señaló de forma específica cuál fue el hecho positivo que le permitió a ella llegar a la conclusión de la existencia de un acuerdo previo, que permitiera dilucidar o establecer en cualquiera de los sentidos que (...) en ese instante se produjo un acuerdo previo”.
También argumentó que los antecedentes de problemas laborales por el consumo de alcohol no tenían supuesta relación en el caso para justificar un posible riesgo para la sociedad en el futuro. “El futuro de la ingesta de bebidas alcohólicas como una circunstancia que ocurrió en su contexto laboral no puede ser criterio suficiente para devenir un peligro futuro”.
Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de las víctimas solicitaron al juez de segunda instancia que mantenga la medida de aseguramiento por ser un peligro para la sociedad, justificado en el amplio material probatorio que demostró la participación de González en la golpiza.
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La fiscal reiteró que “lo que hace una persona que respeta las normas y una persona que, tal como lo indica la Constitución Nacional, observa buena conducta individual, familiar y social, es acudir ante las autoridades, no asesinar a una persona, de manera que esta naturaleza de ese hecho es lo que, en criterio de la Fiscalía, constituye un riesgo para la comunidad”.
Por ahora, queda pendiente el reparto y asignación para que un juez de segunda instancia tome una decisión que definirá si Ricardo González continuará en la cárcel mientras avanza el proceso judicial.
La juez sexta de control de garantías de Bogotá impuso dicha medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado viernes, argumentando que “Quien patea la cabeza de un ser humano no puede alegar que no previó el resultado mortal”.
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Agregó en su sustentación que este caso no es una riña menor, ni un hecho de intolerancia o de justicia por mano propia, sino “una tragedia, una agresión letal desde el primer momento”.
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