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Este miércoles, 30 de marzo, se reanudó la audiencia virtual en el proceso disciplinario por el caso del contrato entre MinTIC y Centros Poblados, para la que se encontraba citado como testigo Emilio José Tapia. Esta diligencia la adelanta el procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado con funciones de juzgamiento disciplinario Antonio José Núñez.
Después de una espera de dos horas para iniciar la audiencia en la Procuraduría General de la Nación, debido a las fallas de internet del centro carcelario La Picaleña en Ibagué, por medio de un celular corporativo de un guardia del INPEC se logró conectar a Emilio Tapia, uno de los señalados de haber malversado el anticipo de 70.000 millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en el Amazonas, Chocó, Arauca, Bolívar, Boyacá, Nariño, Putumayo, Quindío, entre otros departamentos.
Según las autoridades, Emilio Tapia, quien integraba la junta de la unión temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, representante legal, y Juan José Laverde, delegado de la empresa Rave Agencia de Seguros, presuntamente falsificaron las pólizas de seguros para participar en la licitación de 2020, que tenía como objetivo recibir el contrato de 2,1 billones de pesos.
En medio de la audiencia, la defensa del ingeniero Luis Fernando Duque preguntó acerca del trámite que se surtió para obtener la garantía de cumplimiento del contrato. Tapia señaló que una vez adjudicado el contrato el señor Juan José Laverde, de la agencia de seguros, se había comprometido en conseguir las pólizas de cumplimiento: “En ese sentido me quedé un poco tranquilo porque era la compañía, porque era la agencia de seguros que siempre tramitaba las pólizas”.
Según Tapia, como faltaba poco tiempo para que se venciera el plazo, Laverde le informó a Tapia que estaba preocupado porque no había podido conseguir las pólizas de cumplimiento: “Entonces yo me preocupé, usted me dijo que se comprometía a conseguir esas pólizas y que seguía insistiendo, entonces se le dieron unos poderes adicionales. (…) Él decía que tenía un primo y que a través de él lo manejaría, ese era un tema que Laverde manejaba directamente, yo solo escuchaba lo que él me decía, y lo que me interesaba era que se cumpliera con los plazos y tiempos”.
Además, afirmó Emilio Tapia que Laverde envió un documento a MinTIC para lograr tener un plazo adicional: “Que creo que el ministerio no lo concedió formalmente en un principio, yo sentía bastante preocupación”. Según la declaración de Emilio Tapia, como no consiguieron el plazo adicional de parte de MinTIC, Juan José Laverde contactó a Jorge Alfonso Molina, con experiencia en el trámite de las garantías.
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“Luego me llama y me informa que ya habló con Molina, pero que hay unas condiciones: la primera es que sale más costoso, en los primeros dos meses de ejecución él sacaba las pólizas primero y luego las sustituía para que no saliera tan costoso; la segunda es que no se podía suspender el contrato porque era una condición de Molina; y la tercera condición era que había que cancelar el valor de las garantías bancarias y, además, había que darle unos honorarios al señor Jorge molina, porque era quien estaba poniendo las garantías, que era este lote que él tenía en la ciudad de Santa Marta y que cobraba honorarios adicionales”.
Finalmente, Emilio Tapia señaló que aceptaron la propuesta de las garantías de cumplimiento, “que el señor Laverde se comprometió, y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, (propietario de la empresa Nuovotic), se comprometió que no iba a haber ningún tipo de retraso”.
El abogado le preguntó a Tapia en qué momento conoció al ingeniero Luis Fernando Duque, y este le respondió que no lo conocía antes, sino que se lo presentan un poco antes de la exposición de la oferta. Además, agregó que nunca sospechó que se trataba de una garantía irregular, y que había una zona gris por la celeridad de la ejecución de la póliza, pero que se trataba del trámite bancario.
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Según la Fiscalía, para la firma del contrato y entrega de los anticipos por los 70.000 millones de pesos se presentaron pólizas falsificadas del Banco Itaú, para lograr el mayor número de puntos en la licitación convocada por el MinTIC en julio de 2020.
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