BLU Radio conoció en primicia el documento con el que la Fiscalíaarchiva el proceso que llevaba contra el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, que estaba siendo investigado por las presuntas irregularidades en el proyecto de viviendas fiscales (CENOP) en el municipio de San Luis, Tolima. El ente acusador argumenta “atipicidad de la conducta”, es decir, que el general no cometió ningún delito.
Dentro de sus argumentos, dice el ente acusador, las fases de trámite, celebración y ejecución, como se menciona en el capítulo de los hechos de esta decisión, habían sido desarrolladas por otros generales que se desempeñaron en el cargo de directores del Fondo Rotario y Bienestar Social de la Policía Nacional y que cuando Atehortúa llegó a esa dirección, hizo lo que le correspondía.
La Fiscalía inició la investigación por presuntas irregularidades que se presentaron con la contratación de la construcción del complejo de viviendas fiscales en el CENOP. El día 21 de febrero de 2014, el general Oscar Atehortúa llegó a desempeñar el cargo de director general del Fondo Rotatorio de la Policía y ahí, asumió el conocimiento de situaciones que tenían que ver con presuntos incumplimientos del contrato de obra suscrito en octubre del 2011 por el coronel Saúl Torres Mojica, entonces director general del Fondo Rotatorio de la Policía y el contratista Louis Wagner Cortés, representante legal de la firma Inversora Manare LTDA, por un valor de 10.930 millones de pesos.
Por esos incumplimientos, el contratista realizó una propuesta de transacción y el 26 de diciembre del 2014 suscriben un acta, en la que se fijaron unos compromisos que debía cumplir Inversora Manare Ltda. Posteriormente, el 9 de julio del 2015, se hace una verificación de esos compromisos y se suscribe el “Acta de entrega a satisfacción” y ahí mismo, también se suscribe el “Acta de recibo final” en la que por parte de la interventoría se entrega las obras al Fondo Rotario de la Policía Nacional.
Publicidad
Días después, específicamente el 29 de julio, se realiza la entrega y recibo físico de las 60 viviendas correspondientes a la construcción de la primera fase de la ciudadela fiscal CENOP y se suscribe un acta por parte del entonces el brigadier general Óscar Atehortúa Duque y el brigadier general William Ernesto Ruiz Garzón. En ese documento, dice la Fiscalía, se dejó constancia de un producto no conforme relacionado con falencias de calidad en algunas de las casas ahí mencionadas. Y entregada la obra se archiva el proceso contra el contratista por el incumplimiento y en diciembre del 2015, se realiza el acta de liquidación bilateral del contrato.
En ese momento, según los fiscales, al general Óscar Atehortúa, como director del Fondo Rotatorio, tuvo que adelantar el debido proceso por presunto incumplimiento de sus obligaciones en contra del contratista Socar Ltda., dentro del contrato 259-3-2012 suscrito en diciembre del 2012 y que tenía por objeto la construcción de otras 51 casas fiscales por un valor de 6.697 millones de pesos. Este trámite termina con la correspondiente resolución de liquidación unilateral del contrato.
Publicidad
Conclusión de la investigación
La pregunta que plantea la Fiscalía es si el general Óscar Atehortúa en su intervención en la fase de liquidación de los contratos 117/2011 y 259/2012, que tratan sobre la construcción de un complejo de viviendas fiscales en el CENOP, incurrió en delitos por no sancionar por supuesto incumplimiento de sus obligaciones al contratista, y en cambio, efectuar una transacción que condujo a la terminación del contrato 117-3-2011 con el recibimiento a satisfacción de la entrega de las obras y a su vez al sancionar al contratista y liquidar el contrato 259-3-2012. La respuesta a la pregunta fue: no.
Sobre el primer contrato, de las 60 casas fiscales, dice la Fiscalía, Atehortúa hizo lo debido. Como el contratista no había cumplido 11.33%, escuchó al contratista en descargos y como este expuso que habían superado el alcance del contrato, no les era exigible la construcción de la red de vertimientos de lo contrario la Policía podría exponerse a una demanda por más de 2.000 millones de pesos.
Sobre el segundo contrato que era para la construcción de otras 51 casas fiscales, dice al Fiscalía que sólo se había ejecutado el 70 % de la obra por un valor de 4.690 millones de pesos, es decir, no se había ejecutado el 29 % del contrato que representaba unos 2.000 millones de pesos. En este caso, Atehortúa como director del Fondo Rotatorio, e marzo del 2015, declaró el incumplimiento parcial del contrato.
Publicidad
Así las cosas, se declaró también el siniestro por incumplimiento parcial de las obligaciones del contrato de obra en mención, ordenándose hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada dentro del contrato, esto es, que la aseguradora pagaría lo no ejecutado. Finalmente, en septiembre de 2015, se liquidó ese contrato No 259 de 2012.
Después de estas explicaciones, dice la Fiscalía, es claro que, las fases de trámite, celebración y ejecución fueron desarrolladas por otros generales que se desempeñaron en el cargo de directores del Fondo Rotario y Bienestar Social de la Policía Nacional.
Publicidad
Además, sobre el primer contrato, dicen los investigadores se dio curso al trámite del debido proceso para el contratista e interventor, teniéndose que, ante la propuesta presentada por Inversora Manare Ltda., luego del análisis de los asesores jurídicos y técnicos del FORPO y externos como el doctor Omeara y la interventoría, se llegó, en ese momento, a la posición que es considerada la más viable para la Entidad y el Estado, e igualmente, garantizando también el equilibrio económico y financiero de la contraparte.
Se resalta que para llegar a esa transacción a la que hacemos referencia, el contratista desistió de solicitar el pago de pretensiones económicas que superaban los Dos Mil Cien (2.100) millones de pesos, que estaban representados en la ejecución de mayores obras y que eran objeto de sus continuas reclamaciones al FORPO
Sobre el segundo contrato, concluye la Fiscalía “ante las evidencias de incumplimiento del contratista fue iniciado un debido proceso que terminó en una decisión sancionatoria, para posteriormente proceder a su liquidación unilateral de acuerdo con la ley”.
Por esto, dice la Fiscalía, Atehortúa no cometió ningún delito:
Se pudo establecer que el comportamiento del General ATEHORTUA DUQUE en la fase que ocupó su intervención contractual en CENOP 1 y 2 no configuró los elementos objetivos que estructuran la conducta punible de Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos Legales, por la cual era investigado
Publicidad
Sin embargo, el ente acusador anuncia que investigará a los generales que antecedieron a Atehortúa en el cargo porque sí encontraron irregularidades en el trámite, celebración y ejecución de estos.
Se han observado irregularidades en el trámite, celebración y ejecución de los contratos 117 de 2011 y 259 de 2012, más no en sede de liquidación, que pueden constituir la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en consecuencia, se continuará la investigación en contra de los Generales que intervinieron y participaron en esas fases contractuales que sí revelan cuestionamientos
Publicidad
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.