Los juristas cuestionan la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cuando no se han establecido causales de impedimento sobre los magistrados.
"Como un precedente nefasto para la administración de justicia", calificó el grupo de los 38, integrado por reconocidos juristas y abogados la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de abrir una investigación contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que el 14 de octubre de 2025, absolvieron al expresidente Alvaro Uribe, por el escándalo de los falsos testigos.
La medida cobija a los magistrados: Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, quienes integran la Sala Penal del alto tribunal.
La investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra los magistrados del tribunal, inició con la ponencia del magistrados Juan Carlos Granados Becerra, con base en una queja disciplinaria presentada desde Taiwán por el Inder Alonso Ramírez Pérez, quien actúa como delegado de la Sociedad Civil para las Migraciones - Asia y veedor internacional.
Para los integrantes del Grupo de los 38, quien interpone el recurso judicial contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, no hace parte del proceso penal y cuestionan además que justifica su queja disciplinaria “es especulaciones derivadas de información de prensa” sobre el impedimento de uno de los magistrados.
Los juristas cuestionan además la teoría del demandante en el sentido de que el fallo contra el expresidente Álvaro Uribe, habría sido distrito si se hubiera declarado impedido, “cuando la realidad es que la Comisión no ha establecido siquiera la existencia de una causal de impedimento concreta y debidamente acreditada”.
“La apertura de una investigación disciplinaria contra los magistrados, originada no en una denuncia fundada de corrupción, prevaricato o una falta ética manifiesta, sino en el descontento con el resultado de una providencia judicial, sienta un precedente nefasto para la administración de justicia en Colombia”, argumentan los juristas en un comunicado.
Consideran que las acciones judiciales generan un "efecto amedrentador" sobre toda la judicatura, cuando los jueces pueden ser perseguidos disciplinariamente por sus interpretaciones del derecho o por la valoración de las pruebas, se fomenta la autocensura judicial.
A través de un comunicado los integrantes del Grupo de los 38 asegura que la “la legitimidad del sistema de justicia depende de que los jueces puedan ejercer su labor sin temor a represalias por el contenido de sus decisiones”.
Finalmente, instaron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a actuar con prudencia y con apego a los más altos estándares constitucionales e internacionales que protegen la independencia judicial.