LaFiscalíale imputó cargos a Jesús Alejandro Garzón Rincón, abogado sustanciador del despacho del exprocurador Fernando Carrillo, como presunto responsable del delito de concusión por dos hechos particulares. Sin embargo, el funcionario se declaró inocente. El ente acusador anticipó que están investigando otras irregularidades al interior de la entidad como destrucción de documentos en casos de connotación y que, por los hechos, se investigan a otros funcionarios.
Hechos de la imputación
El primer hecho por el que le imputaron cargos ocurrió en diciembre del 2019, cuando Garzón Rincón quien, según la Fiscalía, sustancia algunos de los casos más importantes que llevaba el despacho del exprocurador Carrillo, realizó una exigencia de 300 millones de pesos induciendo al senador Richard Aguilar.
Según la investigación, la exigencia la habría hecho a través de Carlos Arturo Rojas y Raúl Eduardo Cardozo Navas, en una reunión en Bucaramanga. La promesa era que sustanciaría favorablemente la revocatoria del fallo de primera instancia dentro de una investigación disciplinaria que le llevaban al congresista por un contrato ejecutado cuando era gobernador de Santander en el 2012.
La Fiscalía inicia actividades de investigación con las cuales estableció que el señor Garzón hizo la anterior exigencia, pero además, realizó otra dentro de las que se logró corroborar que este funcionario se aprovecha de su cargo para exigir a que le entreguen dinero a cambio de sustanciar a favor de los disciplinados
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El segundo hecho lo descubrió al Fiscalía a través de una interceptación, al parecer, el 20 de abril del 2020, Garzón Rincón sostuvo una conversación con el mayor de la Policía Manuel Alejandro Rondón, quien le preguntó qué trámite debía realizar con el fin de solicitar el reintegro de los saberes prestacionales dejados de recibir durante el tiempo que fue suspendido de la Policía por un proceso disciplinario, lo anterior, teniendo en cuenta que él fue el abogado sustanciador de la Procuraduríaen el proceso que se absolvió al mayor.
“Usted Alejandro Garzón Rincón indicó que puede hacerse sin ningún problema, que existe una solución y es instaurar una acción de tutela que le costaría entre uno o dos millones de pesos, induciendo al mayor Rendón a dar la suma exigida para la elaboración de la tutela que se realizaría a través Aura Matilde Garzón Rincón, quien, al parecer, es hermana suya”, dijo la fiscal del caso.
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Otros hechos investigados
La Fiscalía reveló que tiene una denuncia realizada por Nasly Teresa Hoyos, procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios, radicada en marzo del 2020, en la que informa una serie de irregularidades en varios procesos que llevaba el organismo de control disciplinaria.
El primero, dentro del proceso seguido en contra del congresista Didier Lobo. Según la fiscal del caso, se desaparecieron los alegatos de conclusión y dada la insistencia de la búsqueda aparecieron en una fila de documentos donde no debían estar.
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En segundo lugar, narró la fiscal en el pasillo del piso 23 se evidenció una anomalía de funcionarios que estarían entregando información reservada que no atañía a ellos.
Por otro lado, según la denuncia de la funcionaria, un documento firmado por el entonces procurador Carrillo había sido cambiado la carpeta donde reposaba y contaba con una segunda perforación que infería que fue para sacarle una copia.
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Además, dijo la fiscal ante tales irregularidades que "el general Óscar Bonilla le indica (a la funcionaria Nasly Teresa Hoyos) que se pueden colocar acetatos con el fin de obtener huellas de los presuntos infractores colocándolos en el caso deSantrich, proceso que presentaba otra perforación de cocedora".
También, aseguró la fiscal que, al parecer, el funcionario Kevin Andrés Amado destruyó en maquina picadora documentación completa que debería estar al interior de los procesos: "esto tiene que ver con las mismas oficinas que trabaja junto a Garzón”.
Entre otros hechos investigados, la fiscal resaltó que la funcionaria denunciante pudo evidenciar que Garzón se encontraba contando dinero frente al señor John Valdez y Cesar Díaz, hecho que le causó gran extrañes. Sobre este punto se reveló un video grabado en un pasillo de la sede principal de la Procuraduría.
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Por estos hechos, la fiscal del caso hizo énfasis en que la investigación continúa y que se están investigando a más particulares y funcionarios que habrían participado en los supuestos ilícitos.
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La fiscal le solicitó a la juez 36 de garantías de Bogotá que envíe a Garzón Rincón como presunto responsable del delito de concusión. Dentro de sus argumentos expuso que solo fue suspendido por tres meses y que, después de ese término, podría ser reintegrado.
Asimismo, dijo la fiscal que, Garzón Rincón lleva desde el año 1993 en la Procuraduría, conoce a los otros investigados, tiene acceso directo a los testigos del proceso y “tiene relación con el doctor Carlos Arturo Rojas y su hermana Aura Matilde Garzón y puede interferir en esos coimputados”.
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